Tensión política por el freno en las obras públicas

Después de juntarse anteayer por primera vez para pedir en bloque un nuevo reparto de los recursos de coparticipación, los gobernadores del PJ buscan desactivar una tormenta que los acecha cada vez más: el freno del envío de fondos para obras públicas nacionales.

El retraso en los desembolsos empezó en septiembre pasado, durante la gestión de Cristina Kirchner, y se prolonga hasta hoy, con una situación agravada por la paralización de proyectos y el consiguiente conflicto con obreros de la construcción.

Será un tema clave que arrimarán los caciques peronistas cuando se encuentren pasado mañana con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para empezar el debate por el esquema impositivo con las provincias.

El impacto del grifo cerrado se siente especialmente en el norte y el sur del país, zonas que, por su alineamiento, fueron beneficiadas en el desarrollo de infraestructura durante la era kirchnerista.

Y en lista de espera hay todo tipo de planes: caminos, viviendas, escuelas, hospitales, cloacas, acueductos. Como se trata, en general, de iniciativas encaradas por empresas locales y sin la espalda de una megaconstructora, las quejas recaen en los despachos de los gobernadores.

En la Casa Rosada intentan poner paños fríos y destacan la mesa de diálogo que habilitó Mauricio Macri con los mandatarios, inexistente durante los doce años de la administración saliente.

Trabajan en una revisión completa de la herencia recibida y definen nuevas prioridades de planificación, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.

Si bien aún sacan cuentas sobre el total de la deuda impaga en concepto de obras públicas, en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) estiman que esa cifra trepa a alrededor de $ 45.000 millones.

"Estamos preocupados. El futuro puede ser excelente, están haciendo las cosas con seriedad. El tema es cómo hacemos la transición", dijo a LA NACION el titular de la cámara, Juan Chediack. Según sus cálculos, se necesitan de mínima unos $ 12.000 millones de flujo mensual para mantener cierto ritmo y que no haya una ola de despidos.

"Para comenzar a hablar, que paguen lo que nos deben", lanzó el salteño Juan Manuel Urtubey, durante el almuerzo peronista. Los gobernadores llegaron allí, unidos y de la mano, en defensa propia después del decreto del Presidente que sube el índice de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Se juraron seguir haciendo causa común en la disputa.

El cortocircuito ahora lo tendrá que saldar Frigerio...