Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 12 de Febrero de 2019, expediente CAF 029446/2013/CA001

Fecha de Resolución12 de Febrero de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -

Causa nº 29.446/2013/CA1 – “T.C., L.G. c/ EN –

Mº INTERIOR – DNM – RESOL 342/06 (EXPTE 2161539/06) Y OTRO s/

recurso directo DNM”

Buenos Aires, de febrero de 2019 VISTO:

El recurso de apelación deducido por la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación a fs. 311/315 vta., contestado fs.

320/337, contra la sentencia de fs. 302/306 vta.; y CONSIDERANDO:

El Sr. Juez de Cámara, Dr. M.D.D., dijo:

  1. ) Que la señora juez de grado desestimó, con costas, el recurso que al actor, de nacionalidad peruana, dedujo contra la resolución 342/11 del ex Ministerio del Interior y Transporte que, al desestimar el recurso de alzada que aquél había interpuesto, confirmó la disposición 182.966, del 18.03.2009, de la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, DNM), mediante la cual se declaró irregular la permanencia en el país del demandante, se ordenó su expulsión, y se prohibió su reingreso al territorio nacional por el término de 8 años.

    Tras relatar los antecedentes del caso, el tribunal a quo recordó el contenido del art. 29, inc. c, de la ley 25.871 —en su redacción original, aplicable al sub lite—, e indicó que la DNM se había limitado a realizar “una aplicación literal” de esa norma en el caso, teniendo en cuenta los informes que sobre el actor habían producido el Registro Nacional de Reincidencia y el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14, incorporados al pleito. En particular, que “el Sr. L.G.T.C. fue condenado en territorio nacional con fecha 18/5/99 a la pena de 1 año y 6 meses de prisión por el delito de ‘hurto agravado por el uso de ganzúa, en concurso real con robo, en grado de tentativa’; con fecha 27/12/00 a la pena de 4 meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de ‘resistencia a la autoridad y lesiones leves’ y con fecha 21/11/08 a la pena de 3 años de prisión por el delito de ‘abuso sexual simple reiterado, agravado por tratarse de menores de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente con ellas’” (fs. 304 vta.).

    Al efecto, señaló que la Corte federal había reconocido que el artículo de marras determinaba una serie de impedimentos para el ingreso y la permanencia en el país; y que en supuestos como el de autos era necesaria la existencia —acreditada— de una condena penal, “requisito esencial a la luz del principio de presunción de inocencia y del resguardo del debido proceso (Fallos 330:4554)” (fs. cit.).

    Fecha de firma: 12/02/2019 Alta en sistema: 13/02/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10811858#226433836#20190212113339742 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -

    Causa nº 29.446/2013/CA1 – “T.C., L.G. c/ EN –

    Mº INTERIOR – DNM – RESOL 342/06 (EXPTE 2161539/06) Y OTRO s/

    recurso directo DNM”

    Aclaró que la disposición en crisis se enmarcaba “en la ley que fija la política migratoria argentina, según los objetivos claramente enunciados en el art. 3º, entre los que se destacan los que versan sobre el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes, promoviendo la integración en la sociedad, garantizando el derecho a la reunificación familiar y asegurando el goce y procedimientos de admisión no discriminatorios, en concordancia con los derechos y obligaciones de los extranjeros que se prevén en los arts. 4º y ss. de la ley 25.871” (fs. cit. y 305, primer párrafo).

    Por otro lado, negó que hubiese habido una incorrecta aplicación del inc. c, del art. 29 de la ley migratoria por parte de la DNM que diera lugar, a su vez, a una extralimitación de sus funciones, toda vez que no surgía de las actuaciones que el demandante hubiese formulado solicitud alguna para ser considerado “residente permanente” en los términos del art. 22 LM, cuya aceptación justificase otro tratamiento de expulsión (art. 62 LM).

    Desde otro ángulo, descartó también la presencia de ilegalidad o arbitrariedad en la resolución adoptada por no haber admitido la dispensa por “razones humanitarias o de reunificación familiar” (art. 29 cit., última parte). Al respecto —y con sustento en jurisprudencia consolidada del Fuero—, adujo que ella constituía una facultad discrecional reservada a la DNM, en tanto órgano estatal altamente especializado creado al efecto, “cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error (de hecho o de derecho), omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto”, hipótesis que estimó no configuradas en el caso.

    Al respecto, puntualizó, “Puede observarse que ante la denuncia del extranjero de que su esposa y sus dos hijas vivian en Bs. As. —sin aportar documentación alguna que respalde sus dichos—, la Administración evaluó los hechos y justificó fundadamente por qué no podría priorizarse, en el caso, el derecho de reunificación, de acuerdo a como la norma lo permite. En efecto, nótese que en la Disposición Nº 691/10 se concluyó que no se había aportado ningún elemento de juicio y/o prueba que lograra conmover los fundamentos de la decisión adoptada y se tuvo en cuenta, además, que con posterioridad a la orden de expulsión el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14 Fecha de firma: 12/02/2019 Alta en sistema: 13/02/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10811858#226433836#20190212113339742 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -

    Causa nº 29.446/2013/CA1 – “T.C., L.G. c/ EN –

    Mº INTERIOR – DNM – RESOL 342/06 (EXPTE 2161539/06) Y OTRO s/

    recurso directo DNM”

    había informado sobre la condena del actor por el delito de ‘abuso sexual simple reiterado, agravado por tratarse de menores de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente con ellas”. Y remarcó, “Si bien uno de los principales objetivos de la Ley 25.871 es garantizar el derecho a la reunificación familiar, en el presente caso uno de los delitos cometidos fue en el ámbito familiar, mediante el abuso sexual a menores de 18 años ‘aprovechando la situación de convivencia preexistente con ellas’, por lo que la decisión de no otorgar la dispensa no resulta arbitraria ni irrazonable” (fs. 305 vta./306).

    Sobre tales bases, la juez concluyó que los antecedentes del caso permitían colegir que los actos impugnados reunían todos y cada uno de los requisitos esenciales exigidos por los artículos y de la ley 19.549, Nacional de Procedimientos Administrativos.

    Por último, desechó la violación del principio non bis in ídem alegando —con fundamento en jurisprudencia del Alto Tribunal— que él no excluía la aplicación de sanciones de distinta naturaleza por un mismo hecho.

  2. ) Que, contra esta sentencia, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación dedujo recurso de apelación (fs. 311/315 vta.), que fue concedido (fs. 317) y respondido su traslado (cfr. fs. 320/337).

    En dicha presentación, el ministerio público alegó —en esencia— que la decisión recurrida resultaba ilegítima porque no había evaluado y justificado en debida forma el rechazo de la dispensa de la orden de expulsión que pesaba sobre el actor, que había fundado en “razones humanitarias” y de “reunificación familiar”.

    Así, recordó cómo estaba integrado el núcleo convivencial del actor “desde hace más de veinticinco años” (hija, G.E.R.T.Ll., y esposa, G.M.Ll.R., ésta última padeciente de diabetes y de un cuadro depresivo, ambas con residencia permanente en el país); e indicó que su falta de consideración por la juez a quo había importado una omisión del control de razonabilidad de la medida dispuesta, que estaba a su cargo. Máxime, cuando la Administración no había indagado, como era su deber de acuerdo a los standares internacionales en la materia, acerca de la situación concreta del demandante en estos autos. Al respecto, puntualizó, “Confirmar la orden de expulsión de mi asistido se contrapone con toda la normativa local e internacional respecto a la protección del derecho a la vida familiar en el marco de procedimientos de expulsiones de Fecha de firma: 12/02/2019 Alta en sistema: 13/02/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10811858#226433836#20190212113339742 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -

    Causa nº 29.446/2013/CA1 – “T.C., L.G. c/ EN –

    Mº INTERIOR – DNM – RESOL 342/06 (EXPTE 2161539/06) Y OTRO s/

    recurso directo DNM”

    personas no nacionales. Cabe recordar que mi asistido es padre de una residente permanente y esposo de una residente permanente” (fs. 312, primer párrafo. El subrayado aparece en el texto original). Máxime, teniendo en cuenta que la expulsión era una medida de última ratio.

    En este orden de ideas, sostuvo que debieron considerarse las siguientes circunstancias: la duración de la estadía del migrante en el país (desde el año 1991); los vínculos familiares forjados (residencia con su mujer e hija); el alcance de las penurias que constituía la deportación para su familia (desmembramiento); y el grado de solidez de los vínculos sociales, culturales y familiares desarrollados en el territorio (inexistencia de relación alguna en su país de origen) (cfr. fs. 313 vta.).

    Por último, y en capítulo aparte, el apelante afirmó que la juez de la instancia previa tampoco había examinado la viabilidad de la dispensa en comentario por razones humanitarias, en función de la enfermedad que padecía la mujer del actor (diabetes y depresión), cuyo tratamiento no podía dejar de lado.

    Afirmó que tal situación encuadraba en el derecho a la...

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