Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 3 de Diciembre de 2020, expediente CAF 010129/2020/CA001

Fecha de Resolución 3 de Diciembre de 2020
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

SALA I

10129/2020 TELECOM ARGENTINA SA c/ EN-AFIP

s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

Buenos aires, 3 de diciembre de 2020

Y vistos; considerando:

I.Q., el 10 de junio, la parte actora solicitó “el URGENTE DICTADO DE UNA MEDIDA CAUTELAR” contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a los efectos de que se le permita abonar el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto interno al consumo (IIC) que recaen sobre las facturas emitidas a los usuarios identificados en el artículo 3° del decreto de necesidad y urgencia 311/2020 (DNU),

únicamente sobre los montos efectivamente percibidos por la empresa, decretándose, de corresponder, la suspensión de lo dispuesto en los artículos 5, inciso b, acápite 3) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (…) y del artículo 30 de la ley 24.674

.

Sostuvo que:

i. El aludido DNU pone en riesgo “la efectiva prestación de los servicios de telefonía —fija y móvil—, internet y cable que brinda actualmente”.

ii. Esa norma la obliga a: (a) “no cortar dichos servicios a determinados usuarios que entren en mora y/o no paguen sus facturas por tres meses —alternados o consecutivos—, posponiendo su cobro y refinanciando la deuda generada”, y (b) continuar cancelando con fondos propios el IVA y el IIC sobre los montos facturados.

iii. Dicha situacion: (a) atenta contra los principios de razonabilidad, de equidad, de igualdad de trato fiscal, de no confiscatoriedad y de capacidad contributiva, en los que fundó la Fecha de firma: 03/12/2020

Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

verosimilitud del derecho; y (b) afecta la situación financiera y de liquidez de la empresa (aumento de la morosidad, pago de los impuestos con fondos propios y mayores costos), en las que sustentó

el peligro en la demora.

Aclaró que, dentro del plazo fijado por el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entablará una demanda ordinaria para perseguir “la declaración de un mecanismo razonable para que Telecom pueda cumplir con sus obligaciones”, y reclamar los daños y perjuicios derivados del “sacrificio especial” que el DNU le obliga asumir.

II.Q., el 15 de julio, la jueza de primera instancia rechazó

la medida cautelar solicitada por la parte actora.

Al fundar su decisión, la magistrada de grado sostuvo:

i. La medida cautelar requerida por la parte actora se encontraba regulada en el artículo 14 de la ley 26.854, como medida positiva. Señaló que su objeto consiste en “imponer la realización de una determinada conducta a la entidad pública demandada” y que “sólo pueden ser dictadas siempre que se acredite la concurrencia conjunta de los requisitos previstos en la norma”.

ii. Los servicios que presta la parte actora fueron declarados esenciales “en el marco de la emergencia económica declarada por el Congreso, la que se ha visto agudizada por la Pandemia y la extensa cuarentena que aún nos rige”.

iii. El DNU 311/2020 tiene por finalidad evitar la suspensión de la prestación de los servicios esenciales a los usuarios que detalla en el artículo 3° por falta de pago de las facturas correspondientes y por un plazo de 180 días prorrogables.

iv. Dicha medida no implica la “condonación de las deudas de los usuarios” ni la exención de los impuestos indirectos que gravan los servicios facturados, sino que exige a las empresas prestadoras Fecha de firma: 03/12/2020

Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

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que otorguen a los usuarios deudores (…) planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante la vigencia del DNU

.

v. El DNU “concede un período de gracia para esos usuarios; por lo cual la empresa actora percibirá la tarifa y los impuestos facturados”.

vi. La verosimilitud del derecho no fue acreditada, ya que el planteo exige un estudio exhaustivo de las circunstancias fácticas, de las normas aplicables y de sus implicancias, que excede de modo notorio el marco de conocimiento propio de una medida cautelar.

Dicha situación impide corroborar “la falta de observancia incontestable del deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada que requiere el artículo 14, inc. 1 ap. b) de la ley de 26.854”.

vii. Tampoco se acreditó “el real perjuicio que la implementación del DNU le ocasiona”; “el daño patrimonial podrá ser reparado ulteriormente, de acreditarse en el juicio ordinario”, lo que impedía observar que “los efectos materiales que el DNU le provoca a la actora, sean irreversibles, como exige el inc. d) del art. 14, ley 26.854”.

viii. Están ausentes los elementos concretos acerca del grado de afectación del patrimonio de la parte actora; no es posible concluir que “la obligación de TELECOM de abonar los tributos en cuestión sobre los montos devengados en las facturas impagas (…), la coloque en una situación irreversible que le ocasione un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior en el supuesto de obtener el dictado de una sentencia favorable a su reclamo”.

Fecha de firma: 03/12/2020

Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

III.Q. ambas partes apelaron la decisión de primera instancia (recurso de apelación presentado por la parte actora el 15 de julio y recurso de revocatoria con apelación en subsidio deducido por la parte demandada el 20 de julio).

La parte actora expresó agravios (ver el memorial presentado el 21 de julio), replicados por su contraria (ver la contestacion presentada el 2 de agosto).

El 21 de julio, la jueza de primera instancia rechazó la revocatoria interpuesta por la parte demandada. Tras considerar que no correspondía una imposicion de costas por el rechazo de la medida cautelar, señaló que el informe previsto en el artículo 4° de la ley 26.854 “es requerido exclusivamente a los efectos de que el ESTADO

NACIONAL de cuenta sobre el interés público comprometido en la causa, (…) circunstancia [que] no lo transforma en una contestación de traslado”. Consecuentemente, concedió la apelacion subsidiaria.

Radicada la causa ante esta sala, el tribunal dictó el pronunciamiento del 20 de agosto por el que resolvió: (a) aceptar la recusación sin causa formulada por la parte actora respecto de la vocal C.M.d.P., y (b) correr traslado a la parte actora de los fundamentos de la apelación de la parte demandada.

El 21 de agosto, la parte actora presentó su contestación.

  1. Que la firma actora cuestionó el rechazo de la medida cautelar a partir de los siguientes fundamentos:

    i. La jueza de primera instancia efectuó un incorrecto encuadramiento jurídico de la medida cautelar como “medida positiva” (artículo 14 de la ley 26.854) y omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de esa norma.

    La empresa no solicitó que se obligue a la parte demandada a realizar una determinada conducta, sino que se le permita abonar el IVA y el IIC “una vez percibido el monto de las facturas emitidas a Fecha de firma: 03/12/2020

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

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    ciertos usuarios alcanzados por el DNU, debiendo suspender la aplicación de las normas que regulan ambos impuestos, si lo considera jurídicamente necesario”.

    Aun cuando la medida cautelar sea encuadrada en el artículo 13 de la ley 26.854 —cuya inconstitucionalidad fue planteada al inicio del proceso—, en la causa se verifica el cumplimiento de todos los requisitos allí estipulados.

    ii. La jueza de primera instancia omitió la consideración de argumentos esenciales que fundamentan la verosimilitud del derecho invocada, tales como:

    (a) Las obligaciones y cargas que impone el DNU

    311/2020, su impacto en las finanzas de la empresa y en la prestación de los servicios esenciales.

    La empresa percibe menos ingresos producto del mayor índice de incobrabilidad de las facturas y del congelamiento de los precios de sus servicios, asume costos extraordinarios para mantener la prestación a todos sus usuarios y utiliza fondos propios para cancelar los impuestos indirectos que gravan dichos servicios.

    (b) La afectación que el DNU provoca a los principios de razonabilidad, de igualdad de trato, de equidad y de no confiscatoriedad.

    El DNU impuso a la empresa un “sacrificio especial” al obligarla a cancelar los impuestos indirectos según el modo previsto en las leyes impositivas que los rigen; es decir, sobre la totalidad de los montos facturados, sin importar si fueron percibidos o no.

    (c) El hecho imponible no se encuentra verificado.

    El DNU, al imponer que los usuarios puedan cancelar las facturas de un modo financiado, alteró dos elementos del hecho Fecha de firma: 03/12/2020

    Firmado por: H.G., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.H., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    imponible: la temporalidad y los sujetos alcanzados. En los hechos, la operación gravada se prolongó en el tiempo y el sujeto jurídicamente alcanzado cambió, “siendo Telecom quien soporta actualmente el peso del tributo en lugar del usuario final, no existiendo certeza que el mismo finalmente cancele las facturas refinanciadas”.

    iii. La jueza realizó una incorrecta valoración del peligro...

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