Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 10 de Febrero de 2020, expediente CNT 023721/2019/CA001

Fecha de Resolución10 de Febrero de 2020
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii

Causa N°: 23721/2019

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA VII

SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nro. 48857

CAUSA Nro. 23.721/2019 - SALA VII - JUZG. Nro.17

Autos: “TAVERNES MIGUEL ANGEL C/ IPS S.A. otros S/ DIFERENCIAS

DE SALARIOS”

Buenos Aires, 10 de febrero de 2020.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs.135/146) contra la resolución de fs. 130/134, dónde la magistrada de grado declaró la incompetencia material y territorial de esta Justicia Nacional del Trabajo, entre otras cuestiones.

Y CONSIDERANDO:

Por la índole del tema a tratar, se dio vista al Ministerio Público (art. 31 ley 27.148) y el Sr. Fiscal General Interino se expidió en los términos que resultan del dictamen que luce a fs. 153/154vta. —dónde apoya parte de su argumento en el dictamen que hiciera en la causa “O., del que aporta su copia y se haya glosada a fs. 151/152—.

A fin de analizar la cuestión de competencia, es necesario tener presente que el trabajador debe ser considerado “sujeto de preferente tutela”, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Vizzoti, C.A. c. AMSA S.A.”, conclusión que el Alto Tribunal entendió no solo impuesta por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, sino “por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22)”.

En este orden de ideas, se recuerda que tanto el carácter de sujeto de preferente tutela como el principio protectorio consagrado por el art.

14 bis de la Carta Magna, se proyectan también a las normas procesales y,

especialmente, deben ser tenidos en cuenta para la concreción de la garantía de acceso a la justicia.

Con tal premisa y atendiendo al relato de los hechos de la demanda, los cuales deben ser analizados a fin de resolver las cuestiones de competencia (Fallos: 330:628 y sus citas), –art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 67 ley 18.345- y, en la medida que se adecue a ello,

al derecho invocado como fundamento de su pretensión (Fallos: 305:1453;

306:1053 y 308:2230; 320:46; 324:4495, 325:905 y en “P., G.J. c/

Facultad de Medicina UBA y otros s/ daños y perjuicios” Competencia Nro. 495.

XLV del 7 de diciembre de 2009; en idéntico sentido SI Nro.32.505 del 16 de mayo de 2011 in re “Nasife, R.A. c/Ministerio de Trabajo de la Fecha de firma: 10/02/2020

Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: H.H.K., SECRETARIO

Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CAMARA

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