Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 19 de Octubre de 2016, expediente B 66253

Presidentede Lázzari-Pettigiani-Hitters-Kogan
Fecha de Resolución19 de Octubre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 19 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari,P., Hitters, K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 66.253, "Tavela, L.H. contra Provincia de Buenos Aires (H. Trib. Cuentas). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. El señor L.H.T., por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra el H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de ex Contador de la Municipalidad de Maipú, pretendiendo la anulación de la resolución del 7 de abril de 2003 dictada por ese organismo de control en el expediente identificado como "Municipalidad de Maipú, n° 070/93" en los que se formulara un cargo patrimonial en el ejercicio anual del año 1991 (fs. 8/14).

  2. Por resolución de fecha 24-III-2004 este Tribunal acogió la medida cautelar peticionada en la demanda (conf. art. 36, ley 10.869; v. fs. 20 y vta.).

  3. Corrido el traslado de ley se presenta en juicio la Fiscalía de Estado. Contesta la demanda y solicita su rechazo argumentando en favor de la legitimidad del acto impugnado. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal (v. fs. 47/51 vta.).

  4. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular (las mismas provienen de la causa B. 65.705), así como el cuaderno de prueba de la actora y los alegatos de demandante y demandada, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  5. Relata el demandante que el H. Tribunal de Cuentas revisó la contabilidad y juzgó las cuentas del ejercicio 1993 de la Municipalidad de Maipú -Reserva Ejercicio 1991-, dictándose una resolución que lo afecta en forma personal.

    Sin dejar de destacar que el señor T. se desempeñaba como Contador Municipal durante la etapa analizada por el organismo de control provincial, me abocaré entonces al tratamiento de la situación emergente de los expedientes administrativos 070/93 y 4071-344/91, que refieren a la imposición de un cargo pecuniario proveniente del pago realizado en base a información errónea prestada por la Dirección de Personal del municipio, del que resultan en principio responsables de manera solidaria el aquí actor junto al ex Intendente señor H.M.M..

    El demandante señala que el acto que considera nulo contiene afirmaciones dogmáticas, vacías de contenido, respecto de pruebas esenciales e incurre en notorias contradicciones. Asimismo y como correlato de aquello considera que prescinde del texto legal para determinar responsabilidades.

    Afirma que tal situación fue generada por hechos ajenos a su actuación ya que quien contestó el oficio a la Subsecretaría de Trabajo fue la Dirección de Personal, a través de su J. y de manera directa, por lo que su intervención fue posterior a los decretos que ordenaron el pago y fue él quien ordenó que se instrumentaran los medios para recuperar el dinero pagado en demasía, ello provocó un fallo incoherente y con fundamento sólo aparente en términos de la jurisprudencia de la Corte federal.

    Aduna que se prescinde de prueba esencial ya que obra en el expediente 4071-344/91 que la Relatoría entiende que pueden aceptarse las consideraciones vertidas por el Contador Municipal en cuanto a que se encontró frente a un hecho consumado en el que no tuvo intervención, siendo además el denunciante. En ese orden resulta evidente que la imputación en su contra se ha realizado con manifiesta arbitrariedad.

    Añade que el acto contiene una contradicción lógica por cuanto debió ser exactamente contrario a lo que se decidió. En tal sentido sostiene que si no hubiera sido por su intervención expresa y manifiesta en el expediente nadie habría notado el error, todas las actuaciones posteriores vinculadas al cargo que se le imputa son producto de su empeño y responsabilidad pero no de su negligencia.

    Afirma que también se prescinde del texto legal de los arts. 186 y 187 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (en adelante L.O.M.) porque no tuvo contacto con el expediente sino luego de dictados los decretos y abonada la indemnización, por lo que en razón de ello no tuvo oportunidad de oponerse ya que el pago se había realizado sin sus observaciones ni posibles objeciones en aquellos términos.

    Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

  6. El representante de la Fiscalía de Estado afirmó la legitimidad de la resolución cuestionada en la demanda.

    Expresó que el informe final de la Relatoría a quien le correspondió el estudio del expediente, detectó un exceso en el pago en concepto de indemnización por accidente de trabajo que beneficiara a la señora B.N.P., en perjuicio del erario municipal configurando un incumplimiento del art. 241 de la Ley Orgánica Municipal (L.O.M.).

    Sostuvo que del informe producido surge que según el trámite del expediente 071-344/91 el error apareció en los datos tomados para practicar la liquidación, al adoptarse como base el haber de $ 14,82 en lugar de $ 0,40 que hubiese correspondido (cifras en australes convertidas a pesos, v. fs. 79 vta., expte. adm.).

    Adujo que el cargo impuesto es legítimo basado en que el ahora ex Contador Municipal, no solo era encargado de controlar internamente la legalidad de los procedimientos de erogaciones del municipio sino que autorizó el pago de la indemnización erróneamente liquidada, destacando que obra su firma en al menos dos órdenes de pago (la 1988 por $ 3.500.- y la del 17-VI-1991 por otros $ 3.500.-, v. fs. 385/386).

    Destacó, con fundamento en la L.O.M., que resulta claro que la falta de demostración del carácter municipal de estas erogaciones permite considerarlas como típicos actos personales (art. 241), que lleva implícita la presunción de perjuicios al erario público (art. 244) cuya inexistencia debe ser ineludiblemente probada por el funcionario responsable del área (art. 188) en virtud de la carga de la prueba que la ley le impone.

    Hizo reserva del caso...

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