Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 28 de Agosto de 2021, expediente B 59234

PresidenteGenoud-Soria-Kogan-Pettigiani-Torres
Fecha de Resolución28 de Agosto de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 59.234, "T.A. S.A. contra Municipalidad de M.. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresG., S., K., P., T..

A N T E C E D E N T E S

La firma T.A. S.A., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa por retardación contra la Municipalidad de M., solicitando la devolución de las sumas pagadas sin causa en concepto de "Derecho de Explotación de Canteras de Extracción de arena, cascajo, pedregullo, sal y demás minerales", efectuados para el pago del tributo diferencial que la comuna estableció en el período 1986/1996, para gravar al material calcáreo o conchilla destinado a ser entregado fuera del partido.

Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de M. y solicita el rechazo de la demanda.

Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a los autos, los cuadernos de prueba, los alegatos de ambas partes, producida la medida para mejor proveer ordenada a fs. 191, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundada la demanda?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

  1. Relata la firma T.A. S.A. que ha venido explotando desde la década de los años cincuenta la cantera denominada "La Elvira" registrada en la Municipalidad de M. y habilitada bajo el número treinta y ocho (38). Explica que en ese carácter ha sido tradicionalmente contribuyente de la tasa que grava la extracción de conchilla y material calcáreo.

    Expresa que la comuna demandada incorporó año tras año en sus ordenanzas fiscales e impositivas una tasa o derecho que grava la extracción de conchilla y material calcáreo con distinta entidad según que el material extraído quede en el partido o se entregue fuera de sus límites.

    Sostiene que esa tasa diferencial estaba establecida en el art. 26 inc. "c" de la ordenanza 1.057/92 y el decreto 486/92, cuyo texto era igual al de las ordenanzas que se venían dictando desde el año 1986 y las posteriores hasta el día 31 de diciembre de 1996.

    Manifiesta que oportunamente promovió demanda solicitando la declaración de inconstitucionalidad del gravamen que se establecía cuando el material tenía por destino ser enviado fuera del partido.

    Señala que este Tribunal, por sentencia dictada con fecha 5 de julio de 1996, declaró la inconstitucionalidad de la norma atacada por vulneración del principio constitucional de igualdad, desde que no se advertía que el destino dentro o fuera del partido de tales elementos permitiera distinguir los servicios y por ende establecer tasas con distintos valores. Allí se concluyó, según manifiesta, que la movilidad del tributo en cuestión no se encontraba prevista legislativamente y por ende el Municipio de M. excedía con su consagración las atribuciones legales en la materia.

    Considera que todos los pagos del tributo diferencial efectuados por T.A.S. cuando el material salía del partido, carecen de causa legal válida que los justifique y por ello se impone su devolución.

    Explica que la repetición que se solicita es del importe que corresponde a la diferencia entre la tasa válida establecida para el supuesto en el cual el material permanecía dentro del partido, con el que se determinaba cuando tenía otro destino.

    Añade que esos importes diferenciales variaron año a año según la ordenanza impositiva vigente en cada período y que el reclamo consiste únicamente en dicha diferencia, por cuanto de los recibos y guías surge haber abonado el gravamen diferencial por haberse destinado el material extraído fuera del partido.

    Seguidamente plantea la innecesariedad del pago bajo protesto y, en apoyo a su postura, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Por último, y a fin de acreditar el objeto de su pretensión, acompaña la totalidad de los recibos que instrumentan los pagos de la tasa por material extraído fuera del partido en el período comprendido entre los días 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1996, que corresponderían a las etapas no prescriptas según el plazo establecido en el art. 58 de la ordenanza impositiva vigente al momento de promoción de la demanda.

    Asimismo advierte que, en diferentes años, la comuna promovió juicios de apremio reclamando el pago de la tasa diferencial, debiendo computarse también dentro del rubro accesorios del tributo los importes pagados en concepto de liquidaciones practicadas en los distintos convenios suscriptos, según los detalles que adjunta.

    Por lo expuesto, solicita la devolución de las sumas pagadas hasta el día 31 de marzo de 1991, con actualización e intereses, hasta la fecha de su efectivo pago.

    Hace reserva del caso federal.

  2. A su turno, la Municipalidad de M. solicita el rechazo de la demanda.

    II.1. En forma preliminar plantea la caducidad de la acción.

    Arguye que la declaración de inconstitucionalidad obtenida por la demandante lo fue para el caso concreto (art. 26 inc. "c", ordenanza impositiva 1.057/92 y decreto 486/92) y no para las ordenanzas dictadas con anterioridad o posterioridad.

    Explica que el objeto de la demanda no reside en la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas anteriores o posteriores, sino en la restitución de las sumas abonadas en esos períodos, bajo la vigencia de otras ordenanzas. Por tal motivo, agrega, la acción deviene extemporánea en función de lo prescripto en el art. 684 del Código Procesal C.il y Comercial, conforme el cual el plazo para iniciar la acción debió computarse desde el pago de la tasa, que constituye el momento en el que cada ordenanza afectó concretamente los derechos patrimoniales de la empresa.

    Considera que se equivoca la actora al pretender la devolución de las sumas pagadas, sin haber obtenido previamente la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas impositivas vigentes durante los períodos reclamados.

    Afirma -con ese sustento- una errónea elección de la vía intentada, en cuanto considera que la acción contencioso administrativa no es la vía válida para efectuar tales planteos.

    Indica que la firma actora no efectuó ningún pago bajo protesto y que ni siquiera durante el juicio de apremio interpuso alguna excepción a ese fin. Con ello evidencia que la cuestión de constitucionalidad de la tasa diferencial surgió únicamente con la demanda interpuesta respecto de los años 1993 y 1994.

    Asimismo, señala que tampoco constituye materia de la acción contencioso administrativa la pretendida repetición de los importes que los particulares hayan oblado como consecuencia de un juicio de apremio en su contra.

    II.2. Por otra parte, plantea la falta de legitimación activa de la firma actora.

    A ese fin revela que T.A.S. computó la tasa extractiva por la cual demanda repetición en un carácter diferente al que hubiera correspondido. Sostiene para ello que, en realidad, la reclamante no actuó como sujeto obligado al pago del tributo (por deuda propia) sino que lo hizo como responsable por deuda ajena, pero con el agravante que ese carácter no surge de la norma, ni el Estado lo invistió de tal carga pública.

    Agrega que la empresa trasladó la carga municipal a cada uno de los adquirentes del material extraído, fueran estos responsables inscriptos frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), no inscriptos o consumidores finales.

    Explica que no se trata de una mera traslación de la incidencia económica de dicha carga, sino que la percibió por afuera del precio, es decir, evitó que la tasa repercutiera en el valor final de venta, sin considerarla al momento de liquidar el Impuesto al Valor Agregado.

    Desde esa premisa, afirma que no puede repetir la tasa que nunca asumió como propia, en tanto del registro de sus operaciones surge que no la consideró para conformar el precio de venta.

    II.3. Sostiene que la acción intentada -de prosperar- generaría un enriquecimiento incausado en la actora puesto que, en la realidad de los hechos, no ha pagado el tributo ni ha soportado directamente en su patrimonio los efectos de un pago indebido, siendo que actuó como agente de recaudación, lo que obstaculiza su legitimación para pretender la devolución.

    II.4. Por último, alega que el sometimiento voluntario de la actora a las normas fiscales impide su posterior impugnación.

    Explica que el haber suscripto dos convenios de pago por los períodos involucrados en esta acción, admitiendo la procedencia formal y sustancial de las normas aplicables en la especie, importó su voluntario sometimiento a dicho régimen.

    Por último, deja planteado el caso federal.

  3. De las actuaciones administrativas remitidas y de las constancias obrantes en autos, surgen los siguientes elementos útiles para resolver la cuestión:

    III.1. Expediente 956/97 de la Municipalidad de M.:

    III.1.a. A fs. 5/15 obra agregada la demanda de repetición presentada por T.A. S.A. en la comuna demandada, en términos similares a los expuestos en el escrito de inicio de los presentes autos.

    III.1.b. A fs. 16/163 constan los recibos emitidos por el municipio por el pago de la tasa correspondiente a la explotación de canteras.

    III.2. Expediente 17/92 del Juzgado de Paz Letrado del Partido de M., mediante el que tramitó el juicio de apremio iniciado por la comuna contra la empresa actora. A fs. 7/11 obra el título ejecutivo relativo al cobro de la tasa objeto de controversia, por los períodos que allí se detallan.

    III.3. A fs. 47/48 de estos autos obran los convenios de pago acompañados por la demandada, correspondientes a la cancelación de deuda atrasada de la tasa por explotación de canteras.

    III.4.a. A fs. 95/100 se encuentra agregado el dictamen pericial contable.

    III.4.b. A fs. 104 y 124 se hallan agregados los pedidos de explicaciones al perito, solicitados por la parte actora; mientras que a fs. 111/112 y 124...

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