Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 8 de Agosto de 2011, expediente 5921/III

Fecha de Resolución: 8 de Agosto de 2011
 
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Poder Judicial de la Nación La Plata, 8 de agosto de 2011.

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VISTA: Esta causa n° 5921/III, caratulada: “TAE

HUN KIM s/ Dcia.”, procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 3 de La Plata, Secretaría n° 9.

Y CONSIDERANDO:

El doctor P. dijo:

I) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la querella a fs. 90/97 contra la resolución que obra a fs. 83 y vta. mediante la cual el juez de grado decidió archivar la causa.

Mediante el decreto de fs. 75 el a quo corrió

vista al titular de la vindicta pública en los términos del art. 180 del C.P.P.N., obrando a fs. 81/82 el USO OFICIAL

dictamen fiscal en favor del archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, criterio que convalidó el juez en la resolución recurrida.

En la oportunidad del art. 453 –último párrafo-

del código de rito, el F. General ante la Cámara no adhirió al recurso de apelación interpuesto (ver fs.

109).

II) La pretensión recursiva articulada no puede prosperar.

En efecto, liminarmente, advierto que el órgano judicial está imposibilitado para conocer y decidir respecto a hechos de los cuales el representante del Ministerio Público consideró, desde un inicio, que no constituyen delito.

Desde dicha perspectiva, se impone, descartar la posibilidad de recurrir el auto del juez de instrucción mediante el que, obligado por el criterio fiscal, desestima la denuncia y archiva las actuaciones.

No empece a tal temperamento, lo dispuesto por el art. 180 –tercer párrafo- del C.P.P.N. toda vez que la correcta inteligencia de la norma permite sostener que ella debe ser interpretada como la facultad que posee el querellante –o pretenso acusador- de recurrir la desestimación de la denuncia efectuada por el juez luego de requerida la instrucción por el fiscal.

Expresado de otro modo, el querellante –o pretenso querellante- solo tiene derecho a recurrir aquellas desestimaciones decretadas por el juzgado de primera instancia en ejercicio de su jurisdicción, no así cuando el proceder del órgano judicial responde a la inexistencia del impulso de la acción por parte del agente fiscal, como acontece en el sub examine.

Como necesaria conclusión de lo argumentado,

cabe afirmar que no es posible el inicio de un proceso por el solo impulso de la querella –o de quien pretende asumir dicho rol-

En efecto, si el Ministerio Público Fiscal no requiere la instrucción sumarial con los alcances del art. 188 del C.P.P.N., el juez de primera instancia se ve impedido de iniciar la investigación, toda vez que al no haberse excitado la actividad jurisdiccional por el órgano legalmente facultado para ello, de iniciarse la instrucción de la causa se vulneraría la prohibición legal que impide al juez instructor proceder de oficio.

De conformidad con lo preceptuado por el art.

188 del C.P.P.N., es al Ministerio Público a quien atañe, con carácter exclusivo, formular un requerimiento de instrucción que habilite al órgano jurisdiccional. El inicio de la etapa preparatoria luego de una denuncia,

en tanto que a la luz de lo prescripto por el art. 196

del C.P.P.N. resulta evidente que la única posibilidad de que la etapa instructoria tenga inicio, sin mediar un requerimiento fiscal, es que en el caso haya tenido lugar una prevención policial.

En tal sentido, es dable hacer notar que nuestro ordenamiento formal no prevé la figura del acusador particular autónomo, sino que por el contrario este resulta ser meramente adhesivo.

Al respecto, resultan claras las prescripciones del art. 5 del C.P.P.N., preceptos con los que Poder Judicial de la Nación concuerdan el art. 65 del mismo cuerpo legal, los arts.

1 y 25 inc. a) y c) de la ley 24.946 y los arts. 71 y 274 del C.P.

A su vez, las normas que regulan el derecho a la querella (art. 82 a 86 del C.P.P.N.) en cuanto faculta al acusador particular a “…impulsar el proceso proporcionando elementos de convicción, argumentos sobre ellos y recurrir con los alcances que en este código se establezcan…”, obviamente tiene como presupuesto un proceso válidamente iniciado, esto es, por promoción fiscal o, en ciertos casos, por virtud de una prevención de alguna fuerza de seguridad (Cfr. esta S. in re “P.” del 25/11/06).

Resulta evidente que una vez promovida USO OFICIAL

legalmente la acción, no es resorte absoluto del Ministerio Público su continuación (arts. 180, 195, 215

y 348 del C.P.P.N.) y bajo ese lineamiento deben interpretarse los casos “S.” (C.S. Fallos 321:2021) y “Quiroga” (C.S.J.N. L.L. 2005-B157).

En orden a ello, adviértase que en las situaciones consideradas por dichos fallos del Alto Tribunal, el Ministerio Público Fiscal había ejercido las atribuciones de promoción e impulso de la acción que le son propios en las oportunidades procesales previstas al efecto, a través de actos procesales que tuvieron lugar con anterioridad a las intervenciones reconocidas a la parte querellante para mantener en ejercicio la acción penal habilitando al órgano jurisdiccional a pronunciarse.

En igual inteligencia tiene dicho la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (causa “H.T” rta. 1/9/05, L.L. 2006

B-68) al referirse al fallo “Quiroga”, “…ningún elemento de ese pronunciamiento indica que a su vez se le reconozca al acusador privado facultades de promoción o iniciación de la acción penal pública –como ocurre con el Ministerio Público...

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