Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 7 de Mayo de 2019, expediente CIV 077962/2008/CA002
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2019 |
| Emisor | Camara Civil - Sala A |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA A
77962/2008
T., M.E. y otro c/ S., M.D. y otros s/ Daños y Perjuicios
Expte. n.° 77962/2008
Juzgado Civil n.° 97
En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la S. “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “T.M.E.c.S.M.D.
y otros s/ Daños y Perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 871/882 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿SE AJUSTA A DERECHO LA
SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores:
S.P. – RICARDO LI ROSI - FERNANDO POSSE
SAGUIER
A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR.
S.P. DIJO:
I. La sentencia de fs. 871/882 hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por M.E.T., y en consecuencia condenó a M.D.S. a abonar a la primera la suma de $69.800. Hizo extensiva la condena a “Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”, en los términos del art. 118 de la Ley de Seguros. Por otra parte, la sentencia desestimó la demanda respecto de L. B.,
V.T.
y la citada en garantía “Aseguradora Federal Argentina S.A.”.
El pronunciamiento fue apelado por la actora (fs. 890) y por los emplazados (fs. 902), quienes fundaron sus recursos a fs.
954/966 vta. y a fs. 967/971 respectivamente.
Se queja la actora por los montos reconocidos en primera instancia en concepto de “gastos de farmacia, médicos y traslados”, “daño físico”, “daño moral”, “daño psicológico” y “daños futuros”,
pues los considera escasos. También solicita la aplicación de una tasa de interés Fecha de firma: 07/05/2019
Alta en sistema: 28/05/2019
Firmado por: S.P., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
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mayor y que se aplique, además, una tasa de interés moratorio para el caso de mora en el cumplimiento de la sentencia.
Por su parte, a fs. 967/971 los emplazados se agravian de la decisión de la Sra. Juez de grado en tanto determinó que la franquicia pactada en el contrato de seguro no es oponible al damnificado.
II. Memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).
Por otra parte creo menester poner de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente –y con excepción de lo que enseguida diré respecto de la cuantificación del daño- la cuestión debe juzgarse –en principio- a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. R., P., Le droit transitoire. C. des lois dans le temps, D., Paris, 2008, p. 188/190;
-
de C., A., La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p.
158).
Debe hacerse excepción a esta regla en lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del daño, dado que ellas no se refieren a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino solo a las consecuencias de ella, y no varían la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para su liquidación. En este sentido dice K. de C.:
Hay cierto acuerdo en que debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida o extensión
(K. de C., A., La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 2016, p. 234). Por este motivo las reglas contenidas en los arts. 1741
-último párrafo-, 1746 y concs. del Código Civil y Comercial son directamente aplicables al sub lite.
Fecha de firma: 07/05/2019
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Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA A
Señalo que, incluso en los aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las disposiciones del Código Civil y Comercial constituyen una valiosísima pauta interpretativa, en tanto condensan las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales y expresan además la intención del legislador de nuestros días (esta sala, 25/6/2015, “.,
J.M.c.B., C.R. y otros s/ Daños y perjuicios”; ídem,
30/3/2016, “F., C.E.c.D.P., V.G. y otro s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; 11/10/2016, “., J.O.c.A., A.B. y otro s/ Nulidad de acto jurídico” y “A., A.B. y otro c/
R., J.O. s/ Restitución de bienes”, exptes. n.° 47.289/2001 y 38.328/2003;
ídem, CAC y C, Azul, sala II, 15/11/2016, “F., R.A.c.F.M., y otra s/ Desalojo”, LL 2017-B, 109, RCCyC 2017 (abril), 180; G.,
J.M., “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, LL 16/11/2015,
3).
Por otra parte, es conveniente explicar brevemente por qué, pese a algunos avatares legislativos, continúa plenamente vigente la doctrina plenaria elaborada a lo largo del tiempo por esta cámara. En efecto, si bien el art. 303 del Código Procesal fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, en virtud del art. 15 de aquella norma tal disposición recién entraría en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crearon (vid. la acordada n° 23/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Ahora bien, esos tribunales nunca vieron la luz, y de hecho,
el art. 4 de la ley 27.500 abrogó –a su vez- la ley 26.853 –con excepción de su art.
13- y reinstauró el recurso de inaplicabilidad de ley y la obligatoriedad de los fallos plenarios.
Finalmente, pongo de resalto que la cuestión relativa a la responsabilidad atribuida a M.D.S. -condena que se hizo extensiva a “Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”- ha sido consentida por las partes.
III. Corresponde, en primer lugar, analizar las quejas sobre los rubros reclamados en la anterior instancia.
a) Incapacidad sobreviniente La Sra. juez de grado otorgó en concepto de “incapacidad física” la suma de $20.000, y la de $15.000 por “daño psicológico”.
La actora cuestiona los montos concedidos y solicita su elevación.
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Ante todo debe dejarse en claro que el daño,
en sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, etc.) sino, en todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales (C.C., C.A., Daño resarcible, H., Buenos Aires, 2005, p.
97). En puridad, son estas consecuencias las que deben ser objeto de reparación (P., R.D.–.V., C.G., Obligaciones, H., Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 640), lo que lleva a concluir en la falta de autonomía de todo supuesto perjuicio que pretenda identificarse en función del bien sobre el que recae la lesión (la psiquis, la estética, la vida de relación, el cuerpo, la salud, etc.).
En todos estos casos, habrá que atender a las consecuencias que esas lesiones provocan en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la víctima, que serán, por lo tanto, subsumibles dentro de alguna de las dos amplias categorías de perjuicios previstas en nuestro derecho: el daño patrimonial y el moral.
La lesión de la psiquis de la actora, entonces,
no constituye un perjuicio autónomo y distinto de la incapacidad sobreviniente.
Se trata, en ambos casos, de lesiones –causadas en la psiquis o el cuerpo de la víctima- que producen una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente mensurables. Es esta merma, que resulta en una disminución patrimonial (un lucro cesante), lo que en definitiva constituye el daño resarcible, y es por lo tanto intachable la decisión del juez de grado de tratar conjuntamente a las consecuencias de la incapacidad física y las de la lesión psíquica.
En sentido concorde esta sala ha sostenido en forma reiterada que los perjuicios físicos y psíquicos deben ser valorados en forma conjunta, porque los porcentajes de incapacidad padecidos por el damnificado repercuten unitariamente, lo cual aconseja que se fije una partida indemnizatoria que abarque ambos aspectos ya que, en rigor, si bien conformarían dos índoles diversas de lesiones, se traducen en el mismo daño, que consiste, en definitiva, en la merma patrimonial que sufre la víctima por la disminución de sus aptitudes y para el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales (esta sala, 12/3/2013, “H., R.A. c/
Empresa Ciudad de San Fernando y otros s/ Daños y Perjuicios”, L. n° 610.399;
ídem, 22/8/2012, “., F.E.c.B.S. y otros”, L n° 584.026;
ídem, 19/6/2012, “G., J. c/ Transporte Escalada S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios”, L. n° 598.408; ídem, 23/2/2012, “G., V.Y. c/
Fecha de firma: 07/05/2019
Alta en sistema: 28/05/2019
Firmado por: S.P., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: H.M., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA A
M., P. y otros s/ daños y perjuicios”, LL 18/06/2012...
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