Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 21 de Abril de 2023, expediente CCF 009090/2022/CA001

Fecha de Resolución21 de Abril de 2023
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

Causa n° 9090/2022

A.T. c/ SWISS MEDICAL SA s/SUMARISIMO DE SALUD

Buenos Aires, 21 de abril de 2023. SB

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 7 de julio de 2022 -fundado mediante la presentación del 15 del mismo mes y que fue replicado por la parte actora el 20 de diciembre del pasado año y por el Ministerio Publico de la Defensa el 2 de marzo del corriente año (en todos los casos, según acordada de la CSJN nº 31/20, anexo II, punto II, apartado 2)- contra la resolución dictada el 29 junio de 2022 y su aclaratoria dictada el 7 de julio del mismo año; y CONSIDERANDO:

  1. En el primer pronunciamiento aludido, el magistrado de la anterior instancia hizo lugar a la medida cautelar requerida por M.M.y B.A. -en representación de su hijo menor de edad, T.A.- en el escrito inaugural y en consecuencia, ordenó a SWISS MEDICAL S. A. cubrir el costo de la prestación de acompañante terapéutico -20 horas semanales- indicada al niño por los médicos que lo atienden para tratar la enfermedad que padece (trisomía del par 21 -síndrome de Down) hasta tanto se resuelva la cuestión sustancial. A su vez, estableció que aquella se debe cubrirla de manera integral,

    en el caso de que se otorgue con profesionales de la entidad, caso contrario, de acuerdo con los valores fijados por el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad -en lo sucesivo, nomenclador- si las prestaciones estuvieran incluidas en aquél.

    En la segunda resolución el magistrado aclaró la extensión de la cobertura cautelar precedentemente ordenada. A tal fin, equiparó las 20 horas semanales prescriptas al niño al valor fijado por el nomenclador para el módulo de hogar permanente con centro de día, categoría “A”, más el 35% por dependencia (resolución nº 428/99 y sus respectivas actualizaciones).

    Contra la manda cautelar se alza la empresa de medicina prepaga demandada. En sus agravios, cuestiona que se presenten en el caso los requisitos esenciales para su dictado favorable. Alega que cubre las diversas prestaciones que los profesionales de la salud han prescripto al menor (2

    sesiones semanales de Kinesiología, 2 sesiones de Terapia Ocupacional, 2

    sesiones de Fonoaudiología y 2 sesiones de musicoterapia). En prieta síntesis,

    destaca que el acompañamiento terapéutico está incluido dentro de la ley nº

    Fecha de firma: 21/04/2023

    Alta en sistema: 24/04/2023

    Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA

    26.657 (Salud Mental) y no en la ley nº 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad); que el servicio prestacional no ha sido indicado por un especialista en el área mental, sino por un médico pediatra; que el niño no tiene la edad suficiente para la asistencia requerida, ya que la prestación puede evaluarse a partir de los 3 años, y que la profesional con quien llevarían adelante el tratamiento no cuenta con los requerimientos esenciales para ello,

    que requiere de un psicólogo o profesional que tenga acreditado en la especialidad con más de 120 hs. cátedra. Esgrime que su parte no discute la procedencia de la prestación, sino su modalidad, entendiendo que corresponde el servicio de asistente domiciliario. Con respecto al valor sostiene que como la prestación indicada no está incluida en el nomenclador debe abonarse a los valores fijados para los profesionales convenidos. A su vez sostiene que sería,

    en su caso, factible equipararla a valores de módulo de apoyo a la integración escolar, conforme lo determina la normativa vigente y la resolución conjunta nº

    4/2022, pero no al valor de prestación de apoyo sin justificación alguna.

    Realiza un análisis de las normas y prestaciones involucradas y discute que se encuentre acreditada la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y un contracautela suficiente.

    Sustanciado el recurso la parte actora lo replica de conformidad con los argumentos desarrollados en la presentación detallada en el visto, a los que el magistrado a cargo del Ministerio Público de la Defensa adhiere y agrega los propios, a los que el tribunal se remite por razones de brevedad.

  2. Así planteada la cuestión, inicialmente, cabe aclarar que este Tribunal sólo analizará las argumentaciones que resulten adecuadas en el contexto cautelar en el que fue dictada la resolución recurrida (confr. Corte Suprema, Fallos: 278:271; 291:390, entre otros). Y no aquellos que se vinculan con los aspectos sustanciales del proceso que se resolverán al estudiar el fondo del asunto.

  3. En ese orden, si bien es cierto que tal como dice la apelante la figura de acompañante terapéutico como tal se encuentra normada en la ley nº 26.657 (Derecho a la Protección de la Salud Mental) y no en la ley nº 24.901

    (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad), también lo es que no cuestiona la necesidad de un servicio prestacional de acompañamiento, tal como se Fecha de firma: 21/04/2023

    Alta en sistema: 24/04/2023

    Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

    desprende de la carta documento librada por aquélla con fecha 10 de mayo de 2022 (ver especialmente el tercer párrafo), sino que sostiene que no corresponde específicamente el pretendido.

    Cabe señalar, en primer lugar, que no se advierte de las constancias de la causa que, ante el requerimiento de los progenitores del T., la emplazada hubiera citado al afiliado a la evaluación interdisciplinaria prevista en la ley nº 24.901 a fin de orientar a la familia de aquél al servicio prestacional adecuado (arts. 11, 12 y 39, inc. a de la norma citada).

    Y aunque la apelante menciona una evaluación efectuada por parte de los profesionales que integran su auditoría médica con relación a la procedencia de la prestación reclamada, lo cierto es que no la acompaña ni indica qué profesionales la realizaron, como tampoco su especialidad médica,

    por lo que tal argumento no puede ser considerado con seriedad.

    En este estado inicial de la causa, lo relevante para analizar si la precautoria ha sido correctamente dictada, más...

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