Se suspendió la reunión entre el Gobierno y la firma, y la negociación se empantana, pero sigue

La negociación entre el Gobierno y Odebrecht comenzó a caminar sobre terreno pantanoso. La reunión que había sido pautada ayer en el Ministerio de Justicia quedó súbitamente suspendida por los allanamientos que ordenó la Justicia en las oficinas de la constructora. El abogado de la firma adujo motivos de fuerza mayor. La efervescencia del capítulo argentino del Lava Jato, sin embargo, dejó al desnudo varios interrogantes sobre el posible acuerdo entre la gestión de Mauricio Macri y el gigante brasileño.

"Vamos a retomar los diálogos la semana que viene. De todos modos vemos que la empresa insiste en obtener los mismos beneficios que en Brasil, y eso en la Argentina es imposible", reconoció ayer a LA NACION el ministro de Justicia, Germán Garavano. Ayer, el abogado de Odebrecht en la Argentina, Guido Tawil, llegó a las oficinas de la cartera, pero se retiró antes de dar por iniciada la reunión, urgido por los operativos en la empresa. El diálogo, dijeron fuentes oficiales, se postergó "para la semana que viene", aunque sin fecha cierta.

Tras un expreso pedido del Presidente, el martes, Garavano mantuvo una primera reunión con Tawil. Allí, Odebrecht entregó un escrito confidencial con sus pretensiones y quedaron esbozadas las pautas de un posible intercambio: que la constructora entregue una cuota de información y pague un resarcimiento económico (equivalente a los US$ 35 millones admitidos en coimas) a cambio de seguir trabajando en el país.

Interrogantes

Con el paso de las horas, sin embargo, comenzaron a surgir dudas sobre los alcances de la negociación. Si bien fue el Presidente el que pidió tender el puente con Odebrecht, dentro del Gobierno algunas voces comenzaron a dudar de los términos que propuso la constructora.

En primer lugar: el resarcimiento económico. Los US$ 35 millones podrían ser insuficientes. "Nunca la multa es el monto de la coima, siempre es superior, mientras no se quiebre a la empresa", le advirtió un experto a un miembro del gabinete, según pudo reconstruir LA NACION.

Segundo punto: Odebrecht pretende seguir operando en el país, tanto en las obras en curso como en posibles licitaciones venideras. La empresa también pretende evitar demandas civiles a futuro. Por eso, en la negociación tomó un rol preponderante el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien oficia de "abogado" del Gobierno. El oficialismo debe evaluar si renuncia a iniciar acciones millonarias contra la empresa a cambio del resarcimiento...