Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 27 de Octubre de 2022, expediente A 75574

PresidenteTorres-Kogan-Genoud-Soria
Fecha de Resolución27 de Octubre de 2022
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.574, "Supermercados Toledo S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresT., K., G., S..

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del P. rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado e hizo lugar al deducido por la parte actora. En consecuencia, le reconoció a la firma Supermercados Toledo S.A. la continuidad en el goce de la exención del impuesto sobre los ingresos brutos por las actividades de cría de ganado porcino y frigorífico (v. fs. 250/263).

Se interpuso, por la parte demandada (escrito en soporte electrónico de fecha 10-VII-2018, 12:08:26, p.m. en el sistema Augusta), recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

Dictada la providencia de autos (v. fs. 272), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.T. dijo:

  1. La firma Supermercados Toledo S.A. promovió una acción declarativa de certeza con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las normas a través de las cuales la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la exención del impuesto sobre los ingresos brutos que le había sido reconocida por ciertas actividades que desarrolla, a saber: "Frigorífico" y "Cría de ganado porcino" (v. fs. 21/41 y 19).

    En su escrito postulatorio sostuvo que el Estado provincial, en cumplimiento de lo dispuesto por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado nacional y las provincias con fecha 12 de agosto de 1993, ha dictado normas mediante las cuales se establecieron diversas exenciones en el impuesto sobre los ingresos brutos (leyes 11.490 y 11.518).

    Adujo que, no obstante, el art. 5 de la ley 13.850 y otras normas correspondientes a las leyes impositivas de los años 2003 y 2009 a 2014 suspendieron las exenciones establecidas por aquel plexo normativo transgrediendo, a su criterio, las previsiones del Pacto Federal y vulnerando el art. 31 de la Constitución nacional.

    Solicitó, en consecuencia, que se mantenga la exención reconocida por la autoridad tributaria y se declaren inconstitucionales las normas que pudieran justificar la aplicación del gravamen en cuestión.

  2. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata decidió, en relación a las cuestiones formales, que: i) la tacha de inconstitucionalidad de la ley 13.850 (y otras leyes impositivas de similar efecto) no constituía una cuestión federal sino, por el contrario, la materia en debate encuentra debida cabida en la competencia ordinaria del fuero en lo contencioso administrativo (arts. 3 y 12 inc. 4, CCA) y, ii) en cuanto a la vía intentada, encontró claramente configurada la existencia de una situación de incertidumbre que habilita la pretensión incoada (art. 12 inc. 4, CCA).

    II.1. Indicó que el objeto litigioso gira en torno de ciertas actividades secundarias que desarrolla la demandante, específicamente la de cría de ganado porcino (código 11000-04) y frigorífico (código 31000-01), cuya exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos fue reconocida por la resolución 56/02 de la ex Dirección Provincial de Rentas, a partir del 1 de junio de 2001.

    Señaló que, en su oportunidad, el entonces titular del organismo tributario provincial adoptó un nuevo nomenclador de actividades, denominado NAIIB-99 (disposición normativa serie "B" 31/99, de fecha 26-V-1999) y en consecuencia se dejó de utilizar el listado de actividades anterior que había sido aprobado por la disposición normativa serie "B" 1/85, texto ordenado por la disposición normativa serie "B" 6/86, Anexo II, Orden de Servicio 35/83.

    En este aspecto el juez que previno señaló que la actora en su demanda especificó que la actividad "Frigorífico" (cód. 31000-01) equivalía a las siguientes cinco actividades NAIIB-99: 151110 Matanza de ganado bovino y procesamiento de carne; 151120 Producción y procesamiento de carne de aves; 151130 Elaboración de fiambres embutidos; 151140 Matanza de ganado excepto bovino y procesamiento de su carne y 151190 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne y elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. A su vez, el anterior código 11000-04 de "Cría de ganado porcino", recibió en la denominación NAIIB-99, el código 012130.

    Señaló que del Anexo II de la disposición normativa serie "B" 31/99, que contiene la tabla de equivalencias de las actividades surge que, como lo afirma la parte actora, el anterior código 11000-04 ("Cría de ganado porcino") equivale al actual NAIIB-99 código 012130 ("Cría de ganado porcino -excepto en cabañas-"), pero el anterior código 31000-01, correspondiente al rubro "Frigorífico" fue desagregado en cuatro códigos NAIIB-99: 151110, 151120, 151140 y 151190, motivo por el cual la situación del código 151130 ("Elaboración de fiambres y embutidos") que se corresponde con el anterior código 31000-11 ("Fabricación de chacinados, embutidos, fiambres y carnes en conserva"), si bien está referido en la demanda no se encuentra comprendido en el acto administrativo de reconocimiento de la exención impositiva, motivo por el cual desestimó la pretensión en relación a dicha actividad; la cual si bien estaba exenta del tributo por la ley 11.490, no se acreditó en el proceso que la franquicia haya sido solicitada a la autoridad de aplicación tributaria.

    II.2. Respecto a las normas que tacha de inconstitucionales expresó que en la demanda se mencionan: i) arts. 34 y 35 de la ley 13.003 (impositiva del año 2003); ii) art. 5 de la ley 13.850 (reforma tributaria del año 2008); iii) leyes 13.930, 14.044, 14.200, 14.333, 14.394 y 14.553 (impositivas del período 2009 a 2014), solo respecto a los artículos de cada una de ellas que alude a la prórroga de la suspensión de la exención prevista por el art. 39 de la ley 11.490 y 1 de la ley 11.518 y iv) arts. 482 a 484 de la disposición normativa 1/04.

    Puntualizó que, en ocasión de contestar la demanda, la Fiscalía de Estado se refirió con exclusividad a las normas agrupadas en los puntos ii) y iii), guardando total silencio respecto de las demás normas citadas por la actora, así como de las leyes impositivas sancionadas durante los años 2004 a 2008, considerándolas irrelevantes a los fines de brindar solución al presente.

    Destacó que la decisión que recaiga en el proceso comprenderá a las normas dictadas para el período 2015/2018, en virtud de que los arts. 29, 28 y 26 de las leyes 14.653, 14.808, 14.880 y 14.983 respectivamente, suspenden los artículos aquí relevantes de las leyes 11.490 y 11.518, en idéntica situación que las leyes impositivas 2009/2014.

    II.3. Luego de efectuar un repaso de las normas involucradas puso de relieve la diversa interpretación que sobre la problemática tiene la Cámara del fuero de la ciudad de Mar del Plata y la Comisión Federal de Impuestos (CFI), para finalmente coincidir con aquella.

    Sostuvo que el Tribunal del fuero, en causas análogas al caso analizado en autos, no hizo hincapié en la específica actividad desplegada por el contribuyente (primaria, secundaria o industrial), sino en que "...lo esencial transita por los aspectos normativos y constitucionales y no en la específica actividad desplegada, toda vez que las normas cuestionadas brindan un tratamiento genérico que no discrimina entre las actividades...".

    Indicó que las conclusiones de la resolución general interpretativa 35 de la Comisión Federal de Impuestos carecen de injerencia en el caso de autos, no obstante, resaltó que la especialidad técnica de dicho organismo merece que al menos sus conclusiones sean consideradas como antecedente ante la dudosa competencia de dicha Comisión para expedirse en relación a la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 13.850.

    Agregó que dicha resolución no pondera la diversa jerarquía normativa que poseen las manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, cuestión que considera central en el presente debate.

    Concluyó que la ley 13.850 se presentaba como frustratoria del objeto y fin del Pacto Fiscal y, por ello, debía ser declarada inconstitucional, coincidiendo con la postura formulada por la actora en cuanto al alcance de su situación jurídica en relación al tributo. Paralelamente invalidó también las leyes impositivas que prorrogaron mediante la suspensión la mecánica desarrollada por la ley 13.850.

    En cuanto a los arts. 482 a 484 de la disposición normativa 1/04 consideró que no resultaba necesaria su invalidación en atención a que su operatividad se encontraba condicionada a la vigencia de las normas que establecieron las suspensiones y dada la inconstitucionalidad declarada, el planteo pierde actualidad.

    II.4. En consecuencia, hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 34 y 35 de la ley 13.003; 5 de la ley 13.850; 39 de la ley 13.930 (impositiva 2009); 69 de la ley 14.044 (impositiva 2010); 25 de la ley 14.200 (impositiva 2011); 25 de la ley 14.333 (impositiva 2012); 29 de la ley 14.394 (impositiva 2013); 29 de la ley 14.553 (impositiva 2014); 29 de la ley 14.653 (impositiva 2015); 29 de la ley 14.808 (impositiva 2016); 28 de la ley 14.880 (impositiva 2017) y 26 de la ley 14.983 (impositiva 2018); que suspenden los arts. 39 de la ley 11.490 y 1 de la ley 11.518 en tanto disponen expresa o implícitamente la suspensión de la exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos otorgada a la firma actora por...

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