Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 17 de Mayo de 2019, expediente COM 030041/2018/CA001

Fecha de Resolución17 de Mayo de 2019
EmisorCamara Comercial - Sala A

Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 30041 / 2018 pm SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ CAJA POPULAR DE

AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ORGANISMOS EXTERNOS

(SRT N° 035.604/16)

Buenos Aires, 17 de mayo de 2019.-

Y VISTOS:

  1. ) Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán apeló la resolución administrativa –obrante a fs. 117/119- mediante la cual la Superintendencia de Riesgos del Trabajo le impuso una multa 350 MOPRES, por haber incumplido lo dispuesto en el artículo 20 inciso 1 apartado a) de la Ley N°

    24.557 pues, con relación a la secuela de un siniestro laboral acaecido el 22.05.15 al trabajador W.D.V., la aseguradora no otorgó las prestaciones en especie a su cargo de manera oportuna.

    El pronunciamiento se basó en el dictamen obrante a fs. 113/116 que fue emitido por el Departamento de Sumarios de la Gerencia de Asuntos Legales de la S.R.T.

  2. ) En el memorial que luce a fs. 121/125, la recurrente liminarmente cuestionó la competencia de este fuero Nacional en lo Comercial para entender en la causa, planteando, en tal sentido, la inconstitucionalidad del art. 83 de la Ley 20.091.

    Sentado ello, cuestionó el acto administrativo por considerarlo ilegítimo y arbitrario.

    Alegó que la decisión adoptada por el organismo de control no se ajustó a la realidad de los hechos y, en relación a ello, negó haber incumplido con las obligaciones a su cargo. Subsidiariamente, planteó que el quantum de la multa impuesta se evidencia desproporcionado e irrazonable, por excesivo.

    Fecha de firma: 17/05/2019

    Alta en sistema: 03/07/2019

    Firmado por: A.A.K.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.E.U., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: M.V.B., SECRETARIA DE CÁMARA

    A fs. 13130/133 obra el dictamen de la Sra. F. General, quien se expidió en el sentido que surge de dichas fojas.

  3. ) Planteo de Inconstitucionalidad del art. 83 de la Ley N° 20091 en ocasión de expresar agravios:

    3.1. Liminarmente, señálase que es doctrina corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico (Fallos 288:325; 290:83; 292:190;

    301:962; 306:136, entre otros). Como lógico corolario de este principio se deriva que un planteo de tal índole debe contener, necesariamente, un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido,

    no bastando la invocación genérica de derechos afectados.

    La correcta proposición de cuestiones federales implica que se desarrolle sobre el punto una auténtica controversia en el caso concreto. Esta tesis encuentra razón última en los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional, que imponen la necesidad de que la tutela judicial esté condicionada a la existencia de una efectiva colisión de normas, pues no compete a los Tribunales hacer declaraciones generales o abstractas (Fallos 2:253; 12:372; 24:248; 94:444; entre otros).

    La Corte (Fallos 301:991 ya citado y otros) si bien en referencia a normas de la anterior Carta Magna, pero de similar contenido que las referidas de la actual Constitución, manifestó qué casos o causas en los términos de dichas cláusulas constitucionales son los que contempla el art. 2 de la Ley 27, con la exigencia de que los Tribunales sólo ejerzan jurisdicción en los casos contenciosos.

    Más ello no es todo, los casos o controversias deben ser "planteados de tal manera que el poder judicial sea apto para actuar sobre ellos" (conf. "Liberty Warehouse c: v. Grannis" US 70, 74, cit. en "J. of de Supreme Court of de United States", R.&.K., párr. 241, nota 19).

    En el mismo sentido, se ha dicho que "ese poder sólo puede ser puesto en ejercicio cuando la causa se le someta a la Corte por una parte que basa sus derechos en la forma prescripta por la ley. Esto constituye "un caso..." (obra citada, parágrafo 241 pág. 412). A la luz de la doctrina 'supra' señalada, advertimos que aquí no se ha formulado una auténtica "controversia" en relación a la invalidez de la norma con relación a una concreta resolución Fecha de firma: 17/05/2019 recaída en su caso.

    Alta en sistema: 03/07/2019

    Firmado por: A.A.K.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.E.U., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: M.V.B., SECRETARIA DE CÁMARA

    Señálase, por otro lado, que frente a las directrices señaladas por la CN: 31 y 99, inc. 2°, se encuentra la obligación del Estado de establecer pautas para resguardar los derechos que, en general, asisten a toda la comunidad organizada de que se asegure la regularidad y seguridad en el tráfico en las relaciones civiles y comerciales en el ámbito nacional e internacional, fijándole un adecuado marco de garantías.

    Es principio jurisprudencial sentado por nuestro más Alto Tribunal aquel según el cual "los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio" (Fallos 318:1887,

    "C.J.v.M. de la Ciudad de Buenos Aires",19.10.95).

    3.2. El artículo 83 de la Ley N° 20091 dispone que “…Las resoluciones definitivas de carácter particular de la Superintendencia son recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Las personas físicas, sociedades y asociaciones domiciliadas en el interior,

    que no sean aseguradores autorizados ni estén gestionando ante la Superintendencia la autorización para operar, podrán optar por recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal, opción que deberán manifestar al interponer el recurso. El recurso se...

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