Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 13 de Diciembre de 2017, expediente C 116233

Presidente:Kogan-Soria-de Lázzari-Negri-Genoud-Pettigiani-Kohan
Fecha de Resolución:13 de Diciembre de 2017
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 13 de diciembre de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., S., de L.,N., G., P., K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 116.233, "Suparo, E.F. y otro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó parcialmente la sentencia de primera instancia que había fijado la indemnización por la expropiación con criterio de actualidad en pesos por la conversión de la valuación en dólares estadounidenses a la fecha de la sentencia, estableciendo tal conversión de la moneda extranjera a la de curso legal pero a la fecha del efectivo pago. Asimismo determinó que los daños derivados de la expropiación fueran valuados a la fecha del efectivo pago y revocó la admisión de la depreciación del remanente. Impuso las costas de alzada por su orden (v. fs. 509 vta.).

Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 512/523).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

I.1. Los señores E.F.S. y H.A.S., por medio de apoderado, promovieron juicio de expropiación inversa contra la Provincia de Buenos Aires por el desapoderamiento parcial del inmueble de su propiedad, ubicado en el Partido de 25 de Mayo, designado catastralmente como Circunscripción VIII, Parcela 973, inscripto el dominio en la Matrícula 15.605/89, a raíz de la obra pública denominada "Canalización Arroyo El Gato II Etapa" realizada por la Dirección de Hidráulica provincial. Estiman el valor de la tierra libre de mejoras en $1.000 por hectárea y peticionan el reconocimiento de los rubros "depreciación del remanente", "alambrados", "puente" y "aguada", con más intereses desde la época de la desposesión hasta el efectivo pago. P., además, la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y de las leyes 11.192, 12.836 y 12.727 (v. fs. 8/14).

Corrido el traslado se presentó la Fiscalía de Estado a contestar demanda, desconociendo, en principio, la legitimación de los actores, aunque manifestando haber tomado posesión de la parcela en el mes de mayo de 1999, dejando aclarado que la porción de tierra era la que ocupaba el antiguo cauce natural del "Arroyo El Gato". Refiere que la superficie expropiada es de 11 hectáreas, 41 áreas y 73 centiáreas y que el valor de la tierra debía fijarse a la época de la desposesión (v. fs. 26/36).

Se abrió el juicio a prueba, se celebró la audiencia del art. 32 de la ley 5.708 y se dictó sentencia fijando el valor de la tierra libre de mejoras en la cantidad de pesos que resultaron de convertirse a la fecha de la sentencia (24 de septiembre de 2010) el valor en dólares estadounidenses un mil seiscientos (U$S1.600; valuación determinada por la perito tercero para el año 2009; v. fs. 431/442), reconociendo las indemnizaciones respecto de la depreciación del remanente, alambrados, aguada y puente con criterio de actualidad. Impuso las costas a la demandada (v. fs. 431/441 vta.).

Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes, la actora a fs. 443 y la demandada a fs. 445, presentando sus respectivos memoriales (v. fs. 468/472; 462/467 vta.).

I.2. La Cámara dejó de lado el criterio sentado en el art. 8 de la ley 5.708 que dispone que la indemnización debe ser fijada según el valor del bien al tiempo de la desposesión, para establecerlo a "valor actual" según la cotización del dólar vigente al momento del pago. Fundó su decisión en el precedente de esta Suprema Corte recaído en la causa C. 101.107, "A." (sent. de 23-III-2010).

Consideró, además, que ese método no implicaba utilizar mecanismos de indexación prohibidos por la legislación vigente, ya que se trataba de que el expropiante pagara ahora los mismos valores que debió haber reconocido y efectivizado al tiempo de la desposesión (v. fs. 485).

Al igual que el juez de primera instancia, estimó adecuado el valor de la tierra expropiada informado por la perito tercero (ingeniera B., expresado en dólares estadounidenses a la fecha del dictamen, pues había sido el abonado en los últimos cinco años por propiedades linderas, pero también tuvo en cuenta que el valor consignado en $1.200 a la fecha de la desposesión, año 1999, equivalía a igual importe pero en la divisa dólares estadounidenses. A su vez advirtió que la Fiscalía de Estado ningún cuestionamiento había realizado sobre el valor real del predio ya que sólo se había desconformado con la utilización de la divisa extranjera para la valuación (v. fs. 485 vta./487).

Desestimó la crítica de ambas partes por la selección de la pericia efectuada por el magistrado de primera instancia, estableciendo que esa tarea era facultad privativa de los jueces y resaltando que el sentenciante había dado explicaciones debidamente fundadas para admitir el dictamen de marras y desestimar los otros (v. fs. 487 vta./488).

Juzgó relativizado el criterio del valor a la fecha de la desposesión a partir de lo decidido por los Tribunales superiores -Corte nacional y de esta Provincia- y consideró que no aparecía desajustado calcular el valor en divisa extranjera si se tomaba en cuenta que era de público y notorio que la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias en nuestro país se pactaban en dicha moneda, aún después de la salida de la convertibilidad cambiaria. Aclaró que ese mecanismo no arrojaba resultados aberrantes, como lo sería la aplicación de índices de actualización que iban en sentido distinto al mercado inmobiliario, sino que permitía obtener el valor real de mercado manteniéndolo pese al transcurso del tiempo, sin que se incluyera el mayor valor dado por la obra pública ya que se lo había establecido a la fecha de la desposesión (v. fs. 488 vta./489).

Partiendo de esas consideraciones y del voto del doctor de L. en la causa C. 100.908 (sent. de 14-X-2010), confirmó la referencia al valor dólar pero estableció su conversión a pesos a la fecha del efectivo pago, en razón de considerar este mecanismo más adecuado con el principio de intangibilidad del derecho de propiedad (v. fs. 489 vta./490).

Por último, determinó que los rubros puente, alambrados y aguadas debían ser resarcidos, ya que habían sido admitidos por la propia demandada, disponiendo su cuantificación y pago a valores actuales con fundamento en las razones explicitadas en el punto IV.1 del fallo (v. fs. 500/502).

  1. Se agravia la Fiscalía de Estado denunciando los arts. 165, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 7 y 10 de la ley 23.928; 8 y concordantes de la ley 5.708; 622 y concordantes del Código Civil; 17, 18 y concordantes de la Constitución nacional; arbitrariedad y absurdo.

    II.1. Despliega su disconformidad en torno a la fijación del valor de la tierra expropiada a valor dólar estadounidense al momento del efectivo pago y a que la tasación se efectúe con criterio de actualidad.

    Sostiene que no es válida la afirmación de la Cámara de que la Corte nacional y este Tribunal provincial hayan admitido que la suma indemnizatoria se fijara a valores actuales como modo de mantener la intangibilidad del derecho de propiedad garantizado constitucionalmente...

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