Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 11 de Agosto de 2010, expediente B 62929

Presidentede Lázzari-Hitters-Pettigiani-Negri
Fecha de Resolución11 de Agosto de 2010
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 11 de agosto de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari,Hitters,P.,N., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 62.929, "SUM y otros (U.T.E.) contra Provincia de Buenos Aires (D.G.C.E.). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. La Unión Transitoria de Empresas, constituida por las firmas Huayqui S.A., Sum S.A., Transum S.A., Medicasa S.A. y Udec S.A., promovió por apoderado demanda contencioso administrativa contra la Dirección General de Cultura y Educación (fs. 22 a 25, expediente judicial), pretendiendo el reconocimiento y pago de intereses moratorios originados en el atraso en el pago de la facturación de los servicios que prestara a la demandada durante la vigencia del contrato administrativo que vinculara a ambas partes.

    Habiendo formulado solicitud de pronto despacho en el expediente administrativo 5846-2154279/93 en los términos del art. 79 del decreto ley 7647/1970, transcurrido el plazo de ley sin que la Administración hubiera respondido el emplazamiento, la accionante consideró habilitada la instancia contencioso administrativa por retardación, en los términos del art. 7 del Código Contencioso Administrativo, ley 2961.

  2. En fecha posterior amplió la demanda interpuesta (fs. 265/268) denunciando la desvinculación de una de las empresas integrantes de la U.T.E.: H. S.A.

    En la misma presentación pretendió el pago de: a. La diferencia entre cápitas efectivamente abonadas y cápitas mínimas licitadas de acuerdo al pliego. b. El pago del incremento del número de docentes por transferencia de éstos desde la esfera nacional a la provincial, todo ello con sus respectivos intereses.

    También predicó la inaplicabilidad a su caso de la ley 25.561 y argumentó que el art. 15 de esa norma agraviaba el principio constitucional de irretroactividad de las leyes y que la autoridad administrativa estaba en mora a la salida de la convertibilidad y no podía -por tal incumplimiento- verse beneficiada con la aplicación retroactiva de la citada ley.

    Consideró haber adquirido el derecho a mantener en su beneficio la paridad cambiaria establecida por la ley 23.928 y por eso, en forma subsidiaria, pidió que "se condene a la Provincia a pagar tanto pesos corrientes (no convertibles) como resulten menesteres para conseguir la moneda en que era equivalente aquel peso, esto es: dólares estadounidenses" (fs. 266).

  3. Al contestar la demanda (fs. 67 a 80, expte. judicial) la Fiscalía de Estado precisó el objeto de la litis, circunscribiéndola al reclamo de intereses moratorios y aseveró que en la ampliación de demanda pretendida se había modificado el objeto del reclamo y su cuantificación.

    Defendió asimismo la legalidad del obrar de la Administración, solicitando el rechazo de las pretensiones contenidas en la demanda.

  4. Al contestar el traslado oportunamente conferido (fs. 293 y vta.) la actora manifestó que el objeto de la litis se limitaba a la pretensión de reconocimiento y pago de intereses moratorios devengados con motivo del atraso en el pago de las facturas por servicios prestados; al cuestionamiento de la tasa de interés a aplicarse y a la pretensión de mantenimiento de la paridad cambiaria y atribuyó a un error propio el resto de las pretensiones que esgrimiera en el punto III. de la ampliación de la demanda.

  5. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas, glosados los cuadernos de prueba y los alegatos de las partes, la causa ha quedado en estado de ser resuelta, por lo que corresponde plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  6. Relata la actora que por expediente 5846-2-154.279/93 la Dirección General de Cultura y Educación convocó a la Licitación Pública 2/93 para la contratación de un servicio médico de control de ausentismo y prevención de salud respecto del personal docente, la que por resolución 13.035/94 fue declarada desierta.

    Explica que en el mismo acto se autorizó a efectuar una contratación directa en los términos del art. 26 de la Ley de Contabilidad, previa compulsa de precios entre los intervinientes preseleccionados en la citada licitación.

    Señala que el 8-VIII-1994, por resolución 18.196/94, se aprobó la recotización de precios, la que respondió a una racionalización de los servicios solicitados, con vistas a la contratación directa en la que participó, como resultado de la cual le fueron adjudicadas las regiones La Plata (I) y Bahía Blanca (XIV).

    Indica que el contrato suscripto fue aprobado el 13-X-1994 por resolución 76/94 y que en etapa de ejecución sufrió sucesivas prórrogas, luego del vencimiento del plazo contractualmente pactado.

    Resalta que el art. 38 del Pliego de Bases y Condiciones reguló la forma de pago, expresando que "el pago de prestaciones de servicios responderá a factura-ciones mensuales, consecutivas y a mes vencido", en tanto que el art. 39 dispuso que "... El pago del mes calendario y vencido se realizará dentro de los treinta (30) días subsiguientes al mes de prestación del servicio...".

    Recuerda que al producirse la cancelación de los importes de las facturas presentadas invariablemente fuera de término y sin incluir intereses, en todos los casos percibió los montos abonados bajo reserva de reclamarlos, de conformidad a lo normado por el art. 624 del Código Civil.

    Denuncia que la Administración ha violado el art. 21 del decreto 4104/1992, reglamentario del título de las contrataciones de la Ley de Contabilidad, en tanto esa norma ordena liquidar y abonar los intereses desde el día siguiente al de la mora hasta el momento del pago de la factura del servicio, juntamente con ésta.

    Señala que, tal como surge del Pliego de Bases y Condiciones, la mora se produce automáticamente, por el mero vencimiento del plazo contractual, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

    Precisa que el incumplimiento del pago de los intereses que imputa a la demandada tuvo lugar desde el inicio de la relación contractual y se extendió hasta que finalizó el vínculo, puesto que la Administración nunca le pagó en término, ni canceló los intereses devengados, tal como lo impone la legislación.

    Expresa que el art. 21 del Reglamento de Contra-taciones (decreto 3300/1972, t.o. decreto 4104/1993) manda pagar los intereses juntamente con la factura, según el interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones a 30 días.

    Finalmente, pretende que esa normativa sea aplicada únicamente a los intereses que se devenguen hasta el momento del pago de la factura que les diera origen, en tanto que a los posteriores, hasta que ellos sean efectivamente abonados, postula que se les aplique el interés que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días y pide que así se lo declare.

    En otras palabras, pretende que se aplique al cálculo de los intereses moratorios que reclama la tasa pasiva únicamente hasta la fecha de cancelación de cada factura a valor nominal y de allí en más la tasa activa, por ser "... la adecuada y que refleja más acabadamente el precio por el uso del capital ajeno".

    Subsidiariamente, plantea su derecho al manteni-miento de la paridad cambiaria vigente al tiempo de la contratación y la inconstitucionalidad e inaplicabilidad a su caso de la ley 25.561.

  7. En su responde la Fiscalía de Estado desconoce la exactitud de la liquidación practicada y su valor probatorio, objetando la fecha de vencimiento tomada para la mora, los intereses calculados luego de la deter-minación del monto de la deuda y -en muchos casos- las fechas de pago denunciadas.

    Niega idoneidad probatoria a los medios con los que se pretende acreditar la acreencia reclamada, postulando que en caso de condena el crédito sea debidamente cuantificado.

    Sostiene que el contrato suscripto no puede apartarse de las estipulaciones contenidas en el pliego de bases y condiciones previamente diseñado (arts. 3, cláusulas generales; 75, cláusulas particulares; 2 del contrato firmado), señalando que esta intangibilidad es garantía del respeto de la igualdad en favor de los restantes oferentes.

    En particular, precisa que de acuerdo a lo establecido en los arts. 38 y 39 del Pliego de Bases y Condiciones, las facturas deben emitirse luego de vencido el mes de prestación de servicio (facturaciones mensuales, consecutivas y a mes vencido) y el plazo para su pago concluye al finalizar el mes "subsiguiente" al de prestación de tales servicios.

    Diferencia entre las expresiones "siguiente" y "subsiguiente" y argumenta que "subsiguiente" es el período que viene después del "siguiente", puesto que el prefijo "sub" cambia el sentido del vocablo que lo acompaña y concluye sosteniendo que al haberse estipulado que el pago se realizaría a mes calendario vencido y dentro de los treinta días subsiguientes al del mes de prestación del servicio, la demandada tenía un plazo de 60 días para cancelar cada factura, en lugar del plazo de 30 días que se pretende.

    También individualiza varias facturas y destaca diferencias entre las fechas de pago de éstas que fueran denunciadas en el escrito postulatorio y las que surgen de la documental adunada a la causa.

    Para rebatir pretensiones de la actora, recuerda que esta Corte ha señalado en múltiples ocasiones como de aplicación al cálculo de los intereses la tasa pasiva que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días.

    Por fin, afirma que la accionante no tenía derecho al mantenimiento de una paridad cambiaria determinada, toda vez que el contrato que la vinculó a la administración fue suscripto en pesos y en él únicamente se expresó la voluntad de mantener cierta cotización bajo determinadas condiciones del mercado, con...

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