Sugestivos aportes privados a la última campaña del oficialismo

 
EXTRACTO GRATUITO

Aquella idea romántica de ciudadanos independientes que sacaban dinero de su bolsillo para apoyar a su candidato predilecto puede haber quedado en eso: en una idea romántica. En las últimas elecciones legislativas, de octubre del año pasado, el 40% del total defueron al Frente para la Victoria (FPV). Y, llamativamente, esos fondos provinieron de funcionarios de diversas áreas de la administración pública (ministerios, organismos, bancos oficiales...), legisladores y empleados contratados temporalmente por el Estado.También aparecen como aportantes al FPV el mandamás del juego, y ocho de sus lugartenientes en sus distintas sociedades, con una contribución total de 520.000 pesos.Además, se detectó a una treintena de empresarios de distintos rubros que también son proveedores del Estado, que aportaron, en conjunto, 426.585 pesos.Todo esto surge de un cruce entre la información publicada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y distintas bases de datos oficiales del Poder Ejecutivo. De ese cruce, hecho por LA NACION Data (equipo de periodismo de datos), aparecen como aportantes centenares de empleados del Estado.no violan la ley 26.215 de financiamiento político, ya que fueron efectuados a título personal. Pero sí dan lugar a suspicacias: el hecho coincide con la masiva incorporación de empleados públicos impulsada por el kirchnerismo en los últimos diez años.Uno de los hallazgos más curiosos del relevamiento fue el aporte de 30.000 pesos, también a la campaña oficialista, que hizo Cristian Raúl Chávez López, un cadete de Propyme. Se trata de la financiera que recientemente quedó envuelta en un escándalo cuando su dueño, Guillermo Greppi, llamó al subsecretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi (el segundo de Carlos Zannini), para evitar un allanamiento ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide.Sin embargo, los aportes que sí violarían la ley son los que realizaron al FPV Cristóbal López, dueño de Casino Club, y los empresarios que figuran como proveedores del Estado. El artículo 15 de la norma prohíbe expresamente a los partidos políticos recibir aportes de "personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar". La prohibición también alcanza a "las empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires".En el caso de los empresarios, éstos aparecen cuando se cruzan los datos de la CNE con los del portal Argentina Compra. Allí se observa que los aportantes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA