Sueños Compartidos: fraude al Estado y estafa moral

La noticia llegó con cinco años de demora y con la participación de dos magistrados que llevaron adelante una investigación cuyos resultados, al menos hasta ahora, asoman incompletos. Ha sido tan grande y orquestada la maniobra que terminó provocando un fraude al Estado que no se comprende que el procesamiento judicial haya recaído en sólo algunos de sus protagonistas.

Nos referimos al procesamiento dictado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi respecto de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la entidad; de José López, secretario de Obras Públicas durante el gobierno kirchnerista y mano derecha del entonces ministro Julio De Vido, y Abel Fatala, es subsecretario de Obras Públicas, entre otros ex funcionarios de menor rango. Sospechosamente, le fue dictada la falta de mérito a De Vido. El juez entendió que no hay pruebas ni para procesarlo ni para sobreseerlo.

De Vido, por ahora, queda fuera del nefasto esquema a través del cual el magistrado dio por acreditado en la causa conocida como Sueños Compartidos que se cometió fraude contra el Estado, al haberse contratado la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi 1250 millones de pesos, de los cuales las Madres habían cobrado 747 millones y otros 206 habían sido desviados por los hermanos Schoklender para la compra de inmuebles, autos, motos y yates.

La causa tuvo como prueba una completa y consistente investigación realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) cuando la conducía Leandro Despouy. De 2500 casos auditados, se comprobó que sólo se habían terminado 822 viviendas sobre un total de 4700 anunciadas. El mismo Despouy, tras el procesamiento, se extrañó de que De Vido haya salido del foco de la Justicia, al menos en esta causa, cuando hasta los intendentes y gobernadores, que también quedaron fuera de la investigación, reconocieron que actuaron sin tener otra salida que aceptar la condición excluyente que les imponía el Ministerio de Planificación en la contratación sin licitación con la Fundación Madres de Plaza de Mayo a todos aquellos que pretendieran contar con las casas en sus distritos.

El escándalo derivó en un enfrentamiento entre Bonafini y los Schoklender, de quienes Martínez Di Giorgi dijo que usaron a las Madres "de manera bastarda" para gestionar y desviar los fondos. Pero es también cierto y admitido por el magistrado que Bonafini firmó todos los balances...