Del sueño hegemónico al control de los fiscales

A medida que se acerca el final de su mandato, es más fácil advertir que la mayor frustración de Cristina Kirchner ha sido la imposibilidad de . Es lógico: la fantasía de romper la barrera de la legalidad es consustancial a un liderazgo que convocó al "vamos por todo". No hay sueño hegemónico que pueda realizarse sin una modificación de las reglas fundamentales. Como no lo consiguió, la Presidenta confía hoy en su propia fuerza de voluntad para doblegar las normas. Una apuesta urgente a que, en el último minuto, la política se imponga sobre la ley.

Entre los empeños más importantes de la señora de Kirchner en su ensoñación de eternidad está la designación de en la Corte Suprema de Justicia. El kirchnerismo ya aprobó el pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado. Ahora se propone conseguir que algunos opositores se ausenten, y así alcanzar los dos tercios de los miembros de la Cámara que se requieren para convertirlo en juez. En este contexto, la ausencia de los peronistas disidentes Carlos Verna y Adolfo Rodríguez Saá durante la audiencia encendió las alarmas en la oposición. Sin embargo, anteanoche Rodríguez Saá se comprometió ante el radical Ernesto Sanz a que su grupo votará en contra de Carlés. Miguel Pichetto, el presidente de la bancada oficialista, no se da por vencido: está punteando la lista de senadores con los que se puede conversar, empezando por la popular neuquina Lucila Crexell, allegada a Carlos Zannini.

La otra gestión de Cristina Kirchner para obtener con voluntarismo lo que le hubiera suministrado una reforma de la Constitución es su multifacética reforma judicial. Así como Sergio Massa hizo fracasar en 2013 el proyecto "eterna Cristina", el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, malogró la pretensión de subordinar el Consejo de la Magistratura al poder electoral del kirchnerismo. Lo hizo cuando el más alto tribunal rechazó la denominada "democratización" de la Justicia.

Desde entonces, la señora de Kirchner intenta asaltar los tribunales por la ventana. Como no logró avasallar a los jueces controlando el Consejo, se propuso anularlos transfiriendo su poder a los fiscales. Allí está la clave del nuevo Código Procesal Penal.

La aspiración de la Presidenta es ambiciosa: conservar influencia en los tribunales a pesar de la salida del poder. Para eso piensa en dotar a las fiscalías de poderes especiales, cubrirlas con abogados afines a su grupo y mantener al frente de ese sistema a la pasionaria Alejandra Gils Carbó...