Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 8 de Marzo de 2018, expediente CNT 040280/2009/CA001

Fecha de Resolución 8 de Marzo de 2018
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II SENTENCIA DEFINITIVA NRO.: 111957 EXPEDIENTE NRO.: 40280/2009 AUTOS: S.A.M. c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS) Y OTRO s/OTROS RECLAMOS - PART. ACCIONARIADO OBRERO VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 8 de Marzo del 2018 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. M.Á.M. dijo:

  1. Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 388/393, que hizo lugar parcialmente a la demanda entablada, se alzan las codemandadas Telefónica de Argentina S.A. (en adelante TASA) y Estado Nacional –

    Ministerio de Economía y Producción a tenor de los memoriales que lucen a fs. 402/414 y a fs. 415/420, respectivamente, así como también la parte actora en los términos que surgen de la presentación de fs. 421/423, que fue replicada por las contrarias a fs. 434/436 y 437. El perito contador a fs. 394 se queja de los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos.

    La codemandada TASA se agravia porque el judicante declaró la inconstitucionalidad del Dto 395/92. Cuestiona la decisión de grado en cuanto rechazó la aplicación del plazo de prescripción previsto por el art. 256 LCT y dispuso que el plazo aplicable era el decenal del art. 4023 del Código Civil. Asimismo, criticó el modo en el que se calculó el plazo decenal de prescripción. Se queja por la falta de tratamiento de las excepciones de falta de legitimación y de incompetencia opuestas oportunamente por ella. Por último, se queja de la forma en que fueron impuestas las costas y de la regulación de honorarios profesionales.

    La codemandada Estado Nacional –Ministerio de Economía y Producción se queja en primer término por la condena solidaria que le fue impuesta en grado. Sin perjuicio de ello, critica la declaración de inconstitucionalidad del Dto. 395/92 y señala que no se lo puede responsabilizar ya que no hay daño provocado por su accionar lícito como tampoco declarar la ilicitud de la norma que origina el planteo, por lo que solicita el rechazo de la demanda con expresa imposición de costas. A su vez, objeta la aplicación de la tasa activa de interés y señala que al quedar la eventual acreencia de la actora alcanza por el régimen de consolidación de deudas, los intereses deben ser Fecha de firma: 08/03/2018 calculados hasta el 1.1.00 y no hasta la fecha de la liquidación erróneamente aprobada en Alta en sistema: 14/03/2018 Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO Firmado por: G.A.G., Juez de Cámara #20033723#200638868#20180309104047878 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

    SALA II autos. Pone de relieve que la deuda de capital se encuentra alcanzada por la ley 25.344 y que corresponde que se exprese la acreencia a la fecha de corte 31/12/99, sin perjuicio de la posterior aplicación de los reajustes a partir de dicha fecha, reservada a la instancia administrativa de pago a cargo de la Oficina de Crédito Publico.

    La parte actora se agravia del quantum indemnizatorio fijado en grado por juzgarlo irrisorio.

  2. Por razones de orden metodológico abordaré, en primer lugar, la queja de TASA vinculada con la inconstitucionalidad del decreto 395/92, aspecto éste del decisorio que es cuestionado también por el Estado Nacional quien argumenta que no se la puede responsabilizar en forma solidaria con sustento en el decreto referido.

    Para un adecuado análisis de este tópico corresponde poner de relieve que el art. 29 de la ley 23.696 -disposición ésta en la cual se fundamenta el reclamo-, expresamente establece: “En los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el art.230 de la Ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.

    Del texto transcripto surge inequívoca la disposición legal de crear en cabeza del empleador la obligación de emitir los bonos de participación desde el mismo momento en que fue declarado “ente a privatizar”, lo cual resulta corroborado por vía analógica mediante el decreto 2778/90, con vigencia a partir del 1/1/91, cuando en el art.2º, último párrafo, establece que “a tal fin (el de la transformación global) se la declara (a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado) comprendida en los términos de los arts.8º y 9º de la ley 23.696”, vale decir, sujeta a privatización o “ente a privatizar”, dentro de la terminología empleada por el art.29 de la ley de reforma del Estado.

    Esta interpretación ya había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “A. c/ Y.P.F. S.A. y otro” (del 20/11/2001), al remarcar que la ley 23.696 expresara un verdadero sistema destinado a la transformación del Estado destacando en el considerando 6to. que, el decreto 2778/90 dispuso la transformación de Y.P.F. en una sociedad anónima, su inclusión entre las “sujetas a privatización” en los términos de los arts.8 y 9 de la ley 23.696 sometiendo al ente a las previsiones de la ley 19.550. Agregó el Alto Tribunal que la inteligencia de las normas se halla corroborada, además, por la ley 24.145, en tanto convalida lo dispuesto por el decreto 2778/90, que importa otorgarle jerarquía de ley a la norma dictada por el P.E.N. y retrotraer sus efectos a la fecha de su vigencia.

    Fecha de firma: 08/03/2018 Alta en sistema: 14/03/2018 Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO Firmado por: G.A.G., Juez de Cámara #20033723#200638868#20180309104047878 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

    SALA II En consecuencia, la obligación de la empleadora surgía a partir de la propia ley 23.696 y no se hallaba condicionada a la instrumentación de ningún programa y nació en el momento en el que se la declaró susceptible de privatización (ver –entre otros- Sent. D.. n° 94.296 de fecha 22/6/1996 in re “Znavilla de V., R.A. y otros C/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y Otro S/ Art.29 Ley 23.696”del registro de esta Sala).

    Ahora bien, aunque los argumentos expuestos definen los aspectos sustanciales del debate, es cierto que allí no se ve contemplado el análisis de los efectos del Decreto 395/92 que fue tachado de inconstitucional, y ello precisamente por atentar contra lo dispuesto por el art. 29 de la ley 23.696, en el sentido antes expuesto.

    Al respecto, no puede desconocerse la trascendencia que cobra en este punto lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Gentini, J.M. y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” −por el seguimiento que sus fallos merecen− (12-8-2008; G. 1326. XXXIX), en el cual se concluyó: “Que como corolario del análisis de las normas que confluyen en el caso, se observa que el propósito tenido en cuenta por el legislador al...

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