Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Octubre de 2018, expediente A 74730

PresidenteNegri-de Lázzari-Soria-Genoud-Kogan-Pettigiani-Natiello
Fecha de Resolución17 de Octubre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 17 de octubre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., de L., S., G., K., P., N.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.730, "S., A.L. contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La P. rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la resolución de primera instancia que había hecho lugar, parcialmente, a la medida cautelar solicitada por la señora A.L.S. contra el Instituto de Previsión Social (v. fs. 64/66 vta.).

Se interpuso, por la demandante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 70/79), cuya denegatoria -con fundamento en la falta de definitividad del resolutorio recurrido- motivó la interposición de la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial.

Admitida por este Tribunal mediante resolución de fecha 4-X-2017 (v. fs. 135/136 vta.), se declaró mal denegado el recurso incoado con fundamento en que, en el caso, la decisión debe reputarse equiparable a definitiva, toda vez que la denegación de la medida precautoria solicitada tendiente a evitar la interrupción del beneficio jubilatorio que el ente demandado abonó durante varios años, podría generarle al recurrente un perjuicio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior en tanto afecta derechos de naturaleza alimentaria y puede -a su vez- estar comprometido el derecho a la salud.

Dictada la providencia de autos (v. fs. 135/136 vta.), agregado el memorial de la representación fiscal a fs. 137/140 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

I.1. La señora A.L.S., por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social pretendiendo la anulación de la resolución 835.751 del 31-III-2016, mediante la cual el Directorio de ese organismo le denegó la jubilación ordinaria por considerar que no le correspondía asumir el rol de Caja otorgante de la prestación dispuesto en el régimen de reciprocidad vigente (art. 168 de la ley 24.241 y decreto ley 9.650/80). Asimismo, solicitó se deje sin efecto el cargo deudor practicado como consecuencia de los haberes percibidos desde el alta transitoria (1-IX-2009) hasta la baja del beneficio.

Pidió se le conceda una medida cautelar (art. 22 y sigs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-) mediante la cual se ordene al organismo demandado que suspenda los efectos del acto administrativo impugnado y se mantenga el estado anterior al dictado del mismo, es decir, que se le abonen las mensualidades correspondientes a la prestación previsional (lo cual implica garantizarle el ingreso alimentario y la cobertura médica asistencial).

I.2. El Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la medida precautoria solicitada y ordenó al Instituto de Previsión Social que suspendiera la ejecución del cargo deudor impuesto por la resolución 835.751 del 31-III-2016, hasta tanto se decida el fondo de la cuestión debatida (v. fs. 39/42).

Para así decidir sostuvo que, en el limitado marco cognitivo de esa etapa procesal, no correspondía discutir la legitimidad de la resolución impugnada, puesprima faciela autoridad demandada habría actuado conforme a derecho.

Indicó que el ente previsional denegó la jubilación ordinaria por considerar que no le correspondía asumir el rol de caja otorgante de la prestación en virtud de que la señora S. poseía mayor cantidad de años de servicios con aportes en sede nacional (art. 168, ley 24.241 y decreto ley 9.650/80).

Señaló que la cuestión traída a debate y las constancias obrantes en autos no lucen suficientes como para poder decidir en sentido contrario al señalado, requiriéndose en el caso de mayor debate y prueba.

No obstante, y en relación al cargo deudor impuesto por los haberes percibidos por la accionante en virtud del alta transitoria que dispuso el Instituto de Previsión desde la fecha de cese (1-IX-2009) y hasta la efectiva baja (v. art. 3 de la resolución 835.751 agregada a fs. 5), entendió pertinente suspender los efectos del acto administrativo cuestionado hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos.

Por su parte, encontró acreditado el recaudo de peligro en la demora atento a queprima faciela ejecución del cargo deudor practicado por el ente previsional resulta perjudicial teniendo en...

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