Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 2, 28 de Agosto de 2019, expediente FRE 011029/2015/CA001

Fecha de Resolución28 de Agosto de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 2

Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA 11029/2015 SPERONI, F.S. c/ ESTADO NACIONAL -

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/AMPARO LEY 16.986 sistencia, de agosto de dos mil diecinueve.M.S.M.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “SPERONI, FELIPE SANTIAGO C/

ESTADO NACIONAL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL S/ AMPARO LEY

16.986” – EXPTE. N° FRE 11029/2015/CA1, procedente del Jugado Federal N° 2 de

Resistencia;

CONSIDERANDO:

  1. Que a fs. 4/8 se presenta el Sr. F.S.S., como

    personal retirado con la categoría “Ayudante Principal” (con 26 años de antigüedad) –fs. 63

    del S.P.F. y promueve Acción de Amparo contra el mismo, solicitando se le abone con

    carácter remunerativo y bonificable las compensaciones previstas por el D.. 243/15 “Gastos

    por Prestación de Servicios” (art. 5) y “Gastos de Representación” (art. 7), los que –dice son

    percibidos por la totalidad del personal en actividad en forma permanente y a fin de obtener la

    debida proporcionalidad entre ambas categorías (activos y retirados), con más las sumas

    omitidas por dichos conceptos. Solicita se aplique el precedente de la CSJN in re “Ibáñez

    Cejas” y se declare la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 7 del mencionado decreto, con

    costas a la demandada.

    A fs. 22/31 vta. el S.P.F. se presenta y contesta la acción, en base a

    argumentos a los que en honor a la brevedad remitimos.

  2. La Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la acción de

    amparo y ordenó al SPF liquide en el sueldo del actor, como remunerativos y bonificables, los

    rubros establecidos por los arts. 5 y 7 del D.. 243/15, desde el mes de marzo de 2015

    (vigencia del decreto) y en forma permanente, para garantizar las proporcionalidad de los

    haberes entre activos y pasivos, conforme lo normado en las leyes que lo determinan (Punto

    1. ). Impuso las costas a la demandada y estableció porcentajes a fin de regular los honorarios

    Fecha de firma: 28/08/2019 Firmado por: S.G.V., SECRETARIA Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA Firmado por: R.A., JUEZ DE CAMARA #27905868#242707946#20190828130246932 de los profesionales intervinientes en la oportunidad en que exista monto firme resultante de la

    liquidación de haberes (Punto 3°).

  3. Para decidir de tal manera, en primer lugar, rechazó la

    excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa (art. 2 Ley 19.549) y/o

    prescripción/caducidad (art. 25 Ley 19.549), como asimismo desestimó el planteo de la

    accionada en punto a la improcedencia de la vía elegida (art. 43 CN). Asimsimo, rechazó la

    inconstitucionalidad de los arts. 5 y 7 del D.. 243/15, por cuanto el planteo del actor se

    reduce al hecho de obtener un pronunciamiento que reconozca los derechos constitucionales

    que considera vulnerados por el dictado de un acto administrativo que tilda de arbitrario e

    injustificado.

    En lo que respecta al reconocimiento de las compensaciones

    previstas en los arts. 5 y 7 del D.. 243/15, analiza la Ley Orgánica del S.P.F. N° 20.416, en

    cuanto a la integración de la remuneración de los agentes y jerarquía de cargos (arts. 95 y 40)

    y la Ley de Retiro del personal del S.P.F. N° 13.018 (art. 9). Funda su decisión con los fallos

    de la C.S.J.N., dictados en las causas “ORIOLO y “RAMIREZ” y que son mencionados en los

    considerandos del decreto en cuestión y también de los fallos “MALLO” y “COSTA”.

    Indica que al cargo de Ayudante Principal que detenta el actor, le

    corresponde la percepción de la suma de $3.400 en concepto de “Gastos por Prestación de

    Servicios” y que el SPF informa (fs. 64) que a partir de marzo/2015, se procedió a liquidar los

    haberes de la totalidad de los agentes en actividad conforme D.. 243/15 y al Dictamen N°

    1040/2015 de la Dir. G. de Asuntos Jurídicos del Min. J.t. y DD.HH.. Entiende que al

    accionante le corresponde percibir los rubros “Gastos de Prestación de Servicios” (art. 5) y

    Gastos de Representación

    (art. 7), pues los mismos tienen el carácter de generales (en virtud

    de los fallos “Oriolo” y “Ramírez”), razón por la cual forman parte del sueldo de un activo.

    Efectúa otras consideraciones a las que remitimos en honor a la brevedad.

  4. Tal pronunciamiento fue apelado por la demandada a fs. 85/91

    vta., recurso que fue concedido a fs. 92 y contestado por la parte actora a fs. 93.

    Radicada la causa ante esta Cámara, se llama Autos para resolver a

    fs. 97.

  5. El S.P.F se agravia sosteniendo:

    1 Que el fallo, al constituir una unidad lógicojurídica, requiere que

    la parte dispositiva sea la conclusión final y necesaria por derivación razonada del análisis de

    los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación, recaudo que no

    consulta el decisorio en crisis, el que, además, omite considerar cuestiones oportunamente

    Fecha de firma: 28/08/2019 Firmado por: S.G.V., SECRETARIA Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA Firmado por: R.A., JUEZ DE CAMARA #27905868#242707946#20190828130246932 Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA propuestas por su parte para la adecuada solución del juicio y hace una interpretación del D..

    243/15 que –reputa no se ajusta ni a su letra ni a su espíritu, sin que medie debate ni

    declaración de inconstitucionalidad.

    2 Aduce que la sentencia en crisis se aparta de la aludida normativa

    (vigente desde el 01/03/15), que establece una nueva escala salarial para el personal del SPF y

    modifica distintos conceptos que integran su régimen retributivo dentro de los márgenes del

    art. 95 Ley Nº 20.416.

    Con la aparición del nuevo plexo legal, la pretensión del actor se

    circunscribe a la nueva estructura salarial fijada por el Ejecutivo N.ional. Por ello, el pago de

    la suma dineraria que pretende el accionante, invocando para ello una norma que

    explícitamente no reconoce el carácter de los rubros reclamados, hace que la presente

    demanda se torne improcedente. Destaca que la validez del D.. 243/15 ha sido corroborada

    en recientes pronunciamientos jurisprudenciales que cita.

    Que la nueva estructura retributiva (fijada por el P.E.N. en el marco

    de sus facultades privativas) implicó una mejora cuantitativa y cualitativa en el total percibido

    por el personal en todos los grados jerárquicos y que aquélla se basa exclusivamente en el

    Haber Mensual

    que el D.. 243/15 fija para cada grado (art. 1º), por lo que cualquier

    referencia a otra base de cálculo distinta a dicho concepto (pensada para una estructura

    retributiva derogada o para la perteneciente a otra fuerza de seguridad) provocaría la

    desnaturalización de este régimen específico y distorsionaría la composición retributiva

    correspondiente a cada grado jerárquico con base en la Ley Nº 20.416. Por ello, remarca, la

    base de cálculo para liquidar las retribuciones del personal penitenciario en actividad o retiro

    no puede ser otra que el haber mensual fijado por el D.. 243/15, ya que el SPF debe ceñir su

    actuación al principio de legalidad.

    Sostiene que el establecimiento de las remuneraciones de los

    agentes del sector público constituye una prerrogativa del PEN y que éste puede ejercer con un

    razonable margen de discrecionalidad, que debe compatibilizar exigencias de política social

    con las disponibilidades presupuestarias y, en el caso, la tensión entre ambos extremos se

    resolvió mediante la creación de adicionales no remunerativos y no bonificables, por lo que no

    se puede cuestionar la forma en que se liquida un rubro de sus ingresos, sin citar fundamento

    normativo que pueda dar pábulo a esa aspiración.

    3 Alega que la vía incoada por el accionante no resulta acorde a las

    normas y previsiones aplicables a procesos de idéntico o similar objeto, situación que

    Fecha de firma: 28/08/2019 Firmado por: S.G.V., SECRETARIA Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA Firmado por: R.A., JUEZ DE CAMARA #27905868#242707946#20190828130246932 explícitamente reconoce la Jueza al afirmar en su considerandos que los litigantes deben

    plantearlo, en lo sucesivo, como una demanda contenciosa administrativa.

    4 Aduce que el concepto “remuneración” en el ámbito del S.P.F.

    posee modulaciones propias, distintas de las que pueden encontrarse en las Fuerzas Armadas o

    en otras Fuerzas de S.uridad. Analiza art. 95 de la Ley Orgánica Nº 20.416. y el art. 9º de la

    Ley de Retiros y Pensiones Nº 13.018. Entiende que, ante la existencia de una normativa

    específica, no es pertinente fundar la pretensión del accionante a partir de las disposiciones

    que integran el régimen de la Policía Federal Argentina. Concluye en se debe recurrir a las

    normas que específicamente rigen para la Fuerza que nos ocupa y ello conlleva que la

    retribución de los agentes penitenciarios puede comprender diversos rubros, tanto de

    naturaleza salarial como no salarial, lo que dependerá de la norma de creación del rubro de

    que se trate, por lo que, el intento del demandante de atribuir naturaleza salarial a los

    adicionales previstos en los decretos citados, equivale a suponer la invalidez de aquella

    normativa, con olvido de que la misma es plenamente compatible con las normas legales que

    se invocan.

    5 Se agravia de la atribución del carácter remunerativo y

    bonificable, indicando que se trata de dos características independientes, de modo que es

    necesario establecer, en relación con cada suplemento, si se encuentra presente sólo una de

    ellas, ambas o ninguna y que tales notas no deben ser confundidas. Remarca que el “carácter

    remunerativo” de un suplemento se vincula con la obligación de efectuar aportes previsionales

    sobre las sumas establecidas. En cambio, el “carácter bonificable” alude a su forma de

    liquidación, es decir, la base que se tomará en cuenta para determinarlo. Se explaya al

    respecto.

    6 Denuncia arbitrariedad en la fijación de la fecha de corte

    resuelta, en cuanto ordena proceder con la liquidación a partir de marzo del año 2015 y no así

    desde la fecha de interposición de demanda, generando a favor del actor y en perjuicio de su

    mandante, acreencias injustificadas que no corresponde ser abonadas por su parte.

    Similar argumento expone contra la posible tasa de interés a aplicar,

    toda vez que el a quo...

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