Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 28 de Junio de 2017, expediente B 63509

PresidenteKogan-Negri-Soria-Pettigiani
Fecha de Resolución28 de Junio de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 28 de junio de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., N., S., P., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 63.509, "Sotura de Oteiza, E. contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. La señora E.S. de O., por derecho propio promueve acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social, solicitando la anulación de la resolución dictada el día 27-5-1999 en cuanto revocó parcialmente una resolución anterior de fecha 5-2-1969 e impuso cargo deudor por haberes percibidos por el causante. Asimismo dejó sin efecto el art. 2 de la resolución de fecha 25-7-1996 que le otorgó la pensión, estableciendo que la misma se liquidaría con el coeficiente fijado desde el 22-4-1996 e impuso cago deudor por el período en que los haberes fueron percibidos indebidamente. Hizo extensiva la impugnación a la resolución del 6-6-2001 que rechazó el recurso de revocatoria contra la decisión antecedente.

    Solicita, en consecuencia, se condene a la demandada a restablecer su haber a la integridad de la pensión que venía percibiendo desde que le fue otorgada, así como la estabilidad del haber jubilatorio de su esposo fallecido, desde la fecha de otorgamiento de dicho beneficio hasta el momento de su fallecimiento.

    Ofrece prueba y efectúa la reserva del caso federal.

  2. Por resolución del Tribunal de fecha 1-9-2004 se concede medida cautelar suspensiva de las resoluciones impugnadas en cuanto imponen cargo deudor por el monto de 1.206.046,22 pesos (v. fs. 21/24).

  3. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio Fiscalía de Estado, quien, a través de su representante legal, contesta la demanda sosteniendo la legitimidad de los actos impugnados y solicitando, por consiguiente, el rechazo de la demanda.

  4. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la parte actora y glosados los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de dictar sentencia, por lo que el Tribunal decide plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

    I.R. la actora que con fecha 5-2-1969 se otorgó el beneficio jubilatorio a su esposo, fijándose como cargo regulatorio el de Subsecretario de la Municipalidad de General Pueyrredon desempeñado desde el 1-1-1943 al 1-1-1945.

    Explica que por decreto del 13-1-1943 se designó al señor J.O. como Oficial Primero de Secretaría siendo ese el mayor cargo desempeñado durante 24 meses. Que por decreto de 9-1-1945 se lo confirma y nombra como A.M.S. a partir del 1-1-1945. Pone de resalto que para el ejercicio 1945 se efectúa un cambio de denominación en los cargos respecto de los presupuestos de los dos ejercicios precedentes -1943 y 1944-, desapareciendo el cargo de Oficial Primero de Secretaría en 1945 y el cargo en que se confirma al causante es el de A.M.P..

    Señala que la Municipalidad de General Pueyrredon, por decreto 628 del 10-5-1994, reconoce a los fines jubilatorios que las funciones desempeñadas en esa comuna por el agente J.O. durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1943 al 1 de enero de 1945 fueron las de Subsecretario.

    Destaca el dictamen de Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado en sentido adverso a la revisión del acto originario, con fundamento en el art. 117 del decreto ley 7647/70.

    Agrega que en el recurso de revocatoria señaló la procedencia del instituto de la prescripción y cita precedente de este Tribunal (causa B. 57.736, "A.E. contra Provincia de Buenos Aires", sent. de 7-III-2001).

    Sostiene que las vistas y dictámenes son opiniones calificadas sobre la cuestión y por ello no debería la Administración apartarse de ellos.

    Con relación al cargo por los haberes pensionarios percibidos indebidamente entre el 22-4-1995 y el 21-4-1996 entiende que el reclamo es ilegítimo porque el nacimiento de los derechos conferidos por las leyes previsionales se producen el día en que ocurre el hecho que los genera, teniendo la resolución que los concede sólo un efecto declarativo y no constitutivo del derecho. Sostiene que los efectos patrimoniales del beneficio pensionario deben tener efecto desde el 23-8-1993 y no desde el 22-4-1996, siendo por tanto procedente el pago de la diferencia adeudada hasta el 22-4-1995.

    Para fundar la ilegitimidad cuya declaración peticiona, denuncia vicios en el elemento causa y objeto de las resoluciones impugnadas. Remarca que el primero de ellos se configura por la falta de consideración de los antecedentes obrantes en las actuaciones administrativas y especialmente los dictamenes. Asimismo señala que se encuentra perfeccionado el vicio en el objeto del acto administrativo por haberse incurrido en la violación de lo dispuesto en el art. 117 del decreto ley 7647/70.

  5. Fiscalía de Estado, al contestar la demanda, cuestiona la legitimación de la señora E.S. de Oteiza para impugnar el cargo deudor correspondiente a los haberes percibidos indebidamente por el causante.

    Asimismo, sostiene que las circunstancias corroboradas por el Instituto al presentarse la actora al solicitar la pensión, ponen en tela de juicio la veracidad de las funciones de mayor jerarquía certificadas como S..

    Entiende que el mayor cargo asignado al causante por un período mínimo de doce meses ha sido el de Oficial Primero de secretaría.

    Fundamenta la legitimidad de los cargos deudores en el perjuicio patrimonial para el Instituto de Previsión Social ante la percepción de haberes jubilatorios y pensionarios indebidos, los cuales importaron un enriquecimiento sin causa en detrimento de la Administración y dan lugar a su repetición con arreglo a lo dispuesto por el art. 792 del Código Civil, sin que pueda aducirse afección alguna del derecho de propiedad de la reclamante.

    Recuerda que el art. 61 del decreto ley 9650 establece un procedimiento tendiente al reintegro de haberes percibidos a los que el acreedor no tenía derecho, esto es no le eran debidos, punto sobre el cual descarta cualquier posibilidad de aplicar en el caso el régimen del Código Civil, en tanto la Provincia está facultada para regular, según entiende, en forma integral, la materia de la seguridad social (art. 125 de la Constitución nacional).

    Destaca que en situaciones como la de autos, el reintegro de haberes jubilatorios percibidos indebidamente contribuye a configurar el patrimonio previsional y a dar prevalencia a los intereses grupales que, a la luz del fenómeno solidarista de la seguridad social, debe primar sobre el interés particular del reclamante.

  6. De la prueba acompañada por la parte actora y del expediente administrativo 2918-6609-67, con su agregado 2803-364644-93, surgen los siguientes datos útiles para la decisión de la causa:

    1. Del legajo personal del causante consta que inició su relación de dependencia el 2-1-1932 como Auxiliar tercero de Secretaría en la Municipalidad de General Pueyrredon (fs. 64/vta. del exp. judicial).

    2. Del expediente 2918-06609 -solicita jubilación ordinaria móvil- glosado como fs. 16 del exp. 2803-26464; surge:

      1. Liquidación que determina el beneficio jubilatorio (fs. 30).

      2. Resolución 128.848 del 5-2-1969 que acuerda al señor J.O. el beneficio jubilatorio correspondiente al cargo de Subsecretario (fs. 33).

      3. Solicitud de actualización de haber jubilatorio fechado el 18-7-1977 (fs. 48) y certificación de mayor cargo desempeñado -Subsecretario- (fs. 49 y 50).

      4. Solicitud de actualización de haber jubilatorio fechado el 7-6-1983 (fs. 71).

      5. Respuesta al último reclamo haciendo saber que se comprobó que de la documentación existente en la actuaciones surge que el haber mensual que percibe es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR