El sostenimiento del culto

Las discusiones sobre el para la han suscitado opiniones contrapuestas, algunas muy bien asentadas en temas históricos, jurídicos o políticos, y otras -inevitablemente- menos convincentes. LA NACION ha dado cuenta de algunas de ellas, en el amplio espectro que va desde el historiador Loris Zanatta hasta el renunciante arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Curiosamente, el tema se presta a la irritación o la defensa a ultranza en momentos cuando lo que puede quitar el sueño de gran parte de la ciudadanía son otras cuestiones.Algunos historiadores sostienen que la reforma eclesiástica llevada a cabo por Bernardino Rivadavia, el tan mentado "robo" que, entre otras cosas, suprimió el fuero eclesiástico e impuso al Estado el costo del culto, confiscando para ello bienes de la Iglesia, no fue tal, pero en no pocos ambientes parecería ser esta una verdad que no admite debates en la que se han formado numerosos prelados, sacerdotes y laicos.¿Qué está en juego? Por una parte, los dineros que el Estado otorga a ciertas estructuras de la Iglesia, que en términos económicos no son significativos; y, por otro, al menos dos cuestiones: la de cómo actuar frente a la pluralidad de cultos, y si esa ayuda no supone una relación inconveniente en estos tiempos entre la Iglesia Católica y el Estado nacional. Problema que, para algunos, supone recurrir a la Constitución y, para otros, proponer modificaciones.Roberto Di Stefano, autorizado historiador de estos temas, escribe que la obligación del sostenimiento del culto católico por parte del Estado como consecuencia de la confiscación de bienes eclesiásticos ocurrida en la época de Rivadavia no se sostiene porque la famosa "reforma" apenas si afectó a la Iglesia de Buenos Aires -y no a la del interior-, y no tanto como se cree. Afirma que el sostenimiento del culto fue en realidad la contrapartida del derecho de Patronato, que reivindicó el naciente Estado argentino, es decir, su capacidad de crear e institucionalizar diócesis con autorización papal, pero que "no es cierto, como dice Enrique Udaondo, que el gobierno porteño se haya comprometido a financiar a la Iglesia". La conclusión es que una vez extinguido el Patronato -como ocurrió en 1966- cabría revisar la razón y la conveniencia de que subsista ese vínculo financiero entre el Estado y la Iglesia.Por su parte, el abogado y docente Juan Gregorio Navarro Floria, al tiempo que admite que la "confiscación de bienes" de Rivadavia tuvo un alcance muy limitado, y...

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