Sospechoso traslado del Banco de Datos Genéticos

Impulsada por el Gobierno, la mudanza del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de su sede en el hospital Durand a instalaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha generado una larga y , avivada por la falta de explicaciones satisfactorias sobre las razones de un traslado que no sólo es físico, sino también jurisdiccional, y que incluye un por el organismo.Desde su creación en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el BNDG ha realizado una seria labor en la identificación de los hijos de detenidos desaparecidos. Su archivo de muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas durante el último régimen militar permitió la restitución de 115 hijos a sus familias de origen. El BNDG también intervenía en casos de filiación tramitados ante la Justicia en causas que nada tenían que ver con delitos de lesa humanidad. Desde su creación, dependía del gobierno nacional y de las autoridades porteñas.La fuerte polémica se inició con la ley 26.548, de 2009, impulsada por el Gobierno y las Abuelas de Plaza de Mayo. Esa norma, reglamentada el año pasado, estableció el traspaso del banco, calificado de organismo "autónomo y autárquico", al ministerio a cargo de Lino Barañao, y limitó su tarea exclusivamente a los casos registrados entre 1976 y el 10 de diciembre de 1983.Personal del BNDG denunció que el traslado encubriría una maniobra para vaciarlo. Su directora, la doctora Belén Rodríguez Cardozo, cuestionó duramente y con sólidos fundamentos la mudanza, junto con la senadora Norma Morandini (UNEN) y otros dirigentes políticos, por considerar que se pondrían en peligro el prestigio y la imparcialidad de la institución, al tiempo que se intentaría beneficiar a laboratorios privados y reemplazar a las actuales autoridades del BNDG.También se opusieron a la citada medida las abuelas de Plaza de Mayo Mirta Baravalle y Elsa Pavón, el diputado macrista Federico Pinedo e integrantes de organismos de defensa de derechos humanos.José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América latina de Human Rights Watch, dijo a LA NACION que "es una lástima que, con la legislación que restringe la labor del banco a casos previos a 1983, se les impida a las víctimas de casos posteriores beneficiarse de la capacidad ya instalada en esa institución".Consultada por LA NACION una calificada fuente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, respondió que esa cartera no tomó la decisión...