Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 29 de Agosto de 2017, expediente FMZ 041088570/2012/CA001

Fecha de Resolución29 de Agosto de 2017
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A 41088570/2012 SOSA ELENA FIDELINA (ADN. DEL SUCESORIO) Y OTRO c/ SPADONE CARLOS PEDRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS En Mendoza, a los veintinueve días del mes de Agosto de dos mil diecisiete,

reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara

Federal de Apelaciones de Mendoza, D.. J.,

H. F. C. y C. A. P., procedieron a resolver en

definitiva estos autos Nº FMZ 41088570/2012/CA1, caratulados: “SOSA

ELENA FIDELINA (ADN. DEL SUCESORIO) Y OTRO C/ SPADONE

CARLOS PEDRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, venidos del Juzgado

Federal de San Rafael, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs.

76/85 contra la resolución de fs. 88, cuya parte dispositiva se tiene aquí por

reproducida.

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Debe modificarse la sentencia de fs. 76/85?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y

271 C.P.C y Comercial de la Nación y arts. 4 y 15 del Reglamento de esta

Cámara, se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y

votación: D.. G., P. y C..

Sobre la única cuestión propuesta, el Sr.

Juez de Cámara, Dr. J., dijo:

I.­ Qué los presentes obrados, originarios del

Juzgado Federal de San Rafael son elevados a esta Excma. Cámara Federal de

Apelaciones, a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por la parte

Fecha de firma: 29/08/2017 Alta en sistema: 03/10/2017 Firmado por: SALA "A": DRES. G.M., CORTÉS Y PARRA-

transcribe a continuación:

II.­ La presente causa tiene su origen en la

acción por daños y perjuicios incoada por los Sres. E. Fidelina Sosa y

J. ­en su carácter de administradora y herederos de la sucesión

de D. en contra del Sr. C., a fin de

reclamar el pago de la suma de Pesos Setecientos Cinco Mil Seiscientos ($

705.600.­) con más los intereses hasta el efectivo pago, por los daños y

perjuicios sufridos como consecuencia de la privación del inmueble ubicado

en el distrito de Punta de Agua, Departamento de San Rafael, Provincia de

Mendoza.­

Señalan que como resultado de la orden

de lanzamiento dictada en los autos N° 84.730, caratulados “S., Carlos

Pedro c/ Carmen Domínguez p/ Desalojo”, en contra del Sr. Carmen

Domínguez, de su esposa Sra. W. M. V. y de todo otro

ocupante de la vivienda ubicada sobre el campo denominado y/o conocido

como puesto “El Poroto”, fueron desalojados de dicho inmueble cuya posesión

habían detentado en forma quieta, pacífica y pública desde hacía más de 35

años. Agregan que como consecuencia de la intempestividad de la medida no

pudieron sacar la totalidad de los animales que en ese momento superaban las

100 cabezas de ganado entre animales vacunos, caprinos y caballares así como

las mejoras existentes en la propiedad (casa, molino, corrales, aguada, motor,

etc.).

Que inmediatamente después de

cumplida la medida de desalojo, el actor (Sr. S.) se presentó en dicha

causa (84.730) e interpuso un pedido de intervención adhesiva litisconsorcial

que fue receptada favorablemente por el juzgador. Contra dicha resolución su

parte interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, resolviéndose

el 09 de Mayo de 2006 “hacer lugar al mismo restituyendo a los Sres. Jorge

Daniel Paez y E. F. S. la posesión del inmueble objeto de la

Fecha de firma: 29/08/2017 Alta en sistema: 03/10/2017 Firmado por: SALA "A": DRES. G.M., CORTÉS Y PARRA-

Excma. Cámara Federal de Apelaciones.­

Por ello, iniciaron la presente acción a fin

de reclamar los daños y perjuicios sufridos desde que se materializó el

desalojo (17 de Julio de 2003) hasta la fecha en que se les devolvió

efectivamente la posesión del inmueble, hecho que aconteció el 15 de

Septiembre de 2012.­

Corrido el traslado respectivo, el Dr.

J. cita en garantía a Antártida Compañía de Seguros S.A. y

opone excepción de prescripción (v. fs. 47/48 y 49/52 respectivamente),

defensa que fue receptada favorablemente por el juzgador a fs. 76/85,

rechazando por tanto la demanda, imponiendo las costas a la actora vencida,

regulando los honorarios a los profesionales intervinientes en la causa y

aplicando a los mismos la tasa activa que fija el Banco de la Nación

Argentina.­

III.­ Contra dicha resolución se alza la

Actora a fs. 88 y vta.­

Qué, a fs. 90/100, en oportunidad de

expresar agravios, se presenta el Dr. R. en representación

de la Actora recurrente y solicita a este Tribunal que revoque el resolutivo de

fs. 76/85 y en consecuencia se rechace la excepción de prescripción planteada

por la demandada a fs. 49/52 y se ordene que la demanda siga adelante su

curso.­

Luego de hacer un resumen de los

antecedentes de la causa enumera los agravios que le causan a su representada

la sentencia atacada.­

En primer lugar se queja de que el

juzgador entienda que sus representados dejaron de estar privados del uso del

inmueble a partir de que quedó firme la sentencia de Cámara que confirmó la

resolución del inferior que ordenaba la restitución de la posesión a los mismos,

Fecha de firma: 29/08/2017 Alta en sistema: 03/10/2017 Firmado por: SALA "A": DRES. G.M., CORTÉS Y PARRA-

tomar conocimiento de los daños sufridos.­

A modo de ampliación señala, que

el demandado no restituyó el campo objeto del litigio cuando se lo ordenó el

Tribunal, por lo que fue necesario que su parte hiciera un pedido en este

sentido, lo que dio lugar al dictado de una nueva providencia con fecha 24 de

agosto de 2010 que reiteró a la contraria la orden de que devolviera el

inmueble a sus mandantes.­

Agrega que recién el 15 de Septiembre de

2010 se les restituyó la posesión, encontrándose entonces en condiciones de

accionar por los daños y perjuicios, por lo que es a partir de esta fecha que se

debe computar el término de la prescripción.­

Se queja también de los montos regulados

en concepto de honorarios profesionales y de la tasa activa aplicada por el A

quo. Ello atento a que a su entender la suma consignada en la demanda de

Pesos Setecientos Cinco Mil Seiscientos ($ 705.600) era meramente indicativa

y el monto del juicio sería el que resultara de la prueba rendida en autos, por lo

que se trata de un juicio sin monto.­

Se agravia también de que el inferior

haya aplicado el artículo 38 de la ley de aranceles, dado que el letrado de la

demandada no contestó la demanda sino que su actuación se limitó a la

interposición de la excepción de prescripción ­a la que se le dio trámite de

incidente­ y a citar en garantía a una compañía de seguros que no compareció

en la causa. En consecuencia su participación debió merituarse como un

incidente sin monto y solo se debió regular honorarios por la excepción de

prescripción planteada.­

Expresa que en los casos como el

presente en el que la naturaleza, alcance, tiempo y calidad de trabajo no

permiten la aplicación tarifada o de porcentajes el Juzgador pudo aplicar el

artículo 13 de la ley arancelaria.­

Fecha de firma: 29/08/2017 Alta en sistema: 03/10/2017 Firmado por: SALA "A": DRES. G.M., CORTÉS Y PARRA-

regularon emolumentos por su contestación de la excepción de prescripción y

de que se hayan impuesto las costas a su representada.­

Cita abundante doctrina y jurisprudencia

y hace reserva del caso federal.­

IV.­ Corrido traslado, el Dr. Julio Omar

Abdala contesta el mismo en representación de la parte demandada y solicita

el rechazo de la apelación impetrada con expresa imposición de costas, en

virtud de los argumentos que allí expresa y a los que me remito en honor a la

brevedad.­ (v. fs. 104/108)

V.­ Que merituadas las constancias

obrantes en la causa así como los argumentos vertidos por las partes, estimo

que corresponde hacer lugar parcialmente al remedio incoado por la parte

Actora, atento a las consideraciones de hecho y de derecho que expongo a

continuación.­

  1. ) Antes de ingresar al análisis de los

    agravios vertidos por la recurrente, cabe recordar que el 1° de Agosto de 2015

    entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado

    mediante la Ley 26.994 que derogó el Código Civil de V.. En

    consecuencia, nos encontramos en una etapa de transición entre una

    legislación y otra que me obliga a definir bajo cuál de los dos sistemas

    jurídicos debemos juzgar la situación jurídica existente entre las partes.­

    Determinar cuál es la norma aplicable no

    resulta nada sencillo ya que nos encontramos frente a uno de los problemas

    más conflictivos y complejos del derecho que es “el relativo a los efectos de la

    ley en relación...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba