Solución rápida, discusión abierta

Desde que la civilización occidental se abrazó al Estado de Derecho, uno de cuyos fundamentos es el reconocimiento de garantías para quienes son sometidos a proceso, las sociedades se enfrentan a menudo a una contradicción entre política, moral y orden jurídico. La , con el caso Muiña, plantea ese dilema. La dirigencia política, expresada por el Poder Ejecutivo y el Congreso, intentó resolverlo en tiempo récord. Mientras una multitudinaria protesta avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo, ayer se sancionó una ley que acota los beneficios reconocidos por la sentencia. Sin embargo, la escena quedó plagada de paradojas. La discusión seguirá abierta.

Mauricio Macri expresó ayer la posición de su gobierno: "Siempre estuve en contra del «dos por uno», sobre todo en delitos de lesa humanidad". Macri se aferró a la estrategia del ministro de Justicia, Germán Garavano. Apenas el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, confesó su acuerdo con el pronunciamiento de los jueces "si el fallo está ajustado a la ley", Garavano modificó, con astucia y sutileza, los términos del debate. Inauguró el mantra "siempre estuvimos en contra de la ley del «dos por uno»".

Estas idas y venidas confirman que la Casa Rosada carece de un canal de comunicación con la Corte que le habría permitido prever lo sucedido. Un déficit que el oficialismo presenta, es obvio, como un mérito.

Macri y Garavano intentaron disimular el centro del problema. Lo que está en discusión no es el beneficio del "dos por uno", sino un principio mucho más universal: el que establece que los condenados tienen derecho a que se les aplique la ley penal más benigna. Aun aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Esta regla fue adoptada por la normativa humanitaria a nivel internacional. Y fue recogida por el artículo 2 del Código Penal: "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna". En el caso Muiña, esa ley más benigna es la del "dos por uno", es decir que pasados los primeros dos, los años de prisión preventiva se computan como dobles.

Los ministros Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se ciñeron a este encuadramiento. Y volvieron a demostrar cómo la aplicación estricta de la ley puede desatar un escándalo moral. Es un problema recurrente, ligado a la esencia del Estado de Derecho. Las garantías fueron inventadas para aquellos que, por lo deleznable...