La solidaridad venezolana con la Argentina durante la Guerra de Malvinas
| Páginas | 102-131 |
| Fecha | 01 Enero 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Enero 2025 |
| Autor | Emiliano Gabriel Aguirre Guevara |
| Materia | Ciencias sociales |
Malvinas en Cuesón | N.° 4 | 2025 | ISSN 2953-3430
La solidaridad venezolana con la Argenna durante la Guerra de Malvinas
Emiliano Gabriel Aguirre Guevara
Malvinas en Cuesón, 4, e035, Arculos ciencos, 2026
ISSN 2953-3430 | hps://doi.org/10.24215/29533430e035
hps://revistas.unlp.edu.ar/malvinas
Universidad Nacional de La Plata
La Plata | Buenos Aires | Argenna
La solidaridad venezolana con la Argentina
durante la Guerra de Malvinas
Esta obra está bajo una Licencia Creave Commons
Atribución-NoComercial-ComparrIgual 4.0 internacional
Venezuela’s Solidarity with Argentina during the Malvinas War
Emiliano Gabriel Aguirre Guevara
eaguirre.guevara@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-8800-7612
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Argentina
Recibido: 30 de julio de 2024
Aceptado: 2 de marzo de 2026
Publicado: 28 de abril de 2026
Resumen
Para 1982, la Argentina y Venezuela sostenían una relación entre distante y hostil. La
ausencia de democracia y las violaciones a los derechos humanos en el país del Cono Sur
eran bastante caras para la política exterior del país caribeño, al tiempo que una considerable
colonia de exiliados argentinos, a causa de la dictadura, se refugiaba en dicho país.
Sin embargo, la situación cambió a partir del conflicto bélico entre la Argentina y Gran Bretaña
por las Islas Malvinas. La coyuntura impuso un giro de las relaciones entre estos países
sudamericanos, para estrecharse. Motivado por el interés que para Venezuela implicaba la
recuperación soberana argentina del archipiélago austral, en paralelo a las negociaciones de
la disputa soberana por el Esequibo —con puntos en contacto con el caso de Malvinas—, el
Gobierno venezolano fue de los más activos en confluir con la posición argentina. Tal es así
que brindó ayuda política, diplomática, económica y, eventualmente, militar en el transcurso
de la guerra.
El siguiente es un primer trabajo que busca reconstruir la relación bilateral entre la Argentina y
Venezuela en torno a la Guerra de Malvinas, entre abril y junio de 1982.
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Palabras clave
Argentina, Malvinas, Venezuela, diplomacia
Abstract
By 1982, the relationship between Argentina and Venezuela ranged from distant to hostile.
The lack of democracy and the violations of human rights in the Southern Cone country were
major concerns for the Caribbean country’s foreign policy. At the same time, a large
community of Argentinian exiles sought refuge in Venezuela fleeing the dictatorship.
However, the situation changed after the armed conflict between Argentina and Great Britain
over the Malvinas Islands. The circumstances forced a shift toward closer ties between these
South American countries. The Venezuelan government became one of the most active
supporters of the Argentinian position, driven by their interest in Argentina’s sovereign
recovery of the southern archipelago, which mirrored Venezuela’s own sovereignty dispute
over the Essequibo. Indeed, Venezuela provided political, diplomatic, economic, and ultimately
military support throughout the war.
The following preliminary study seeks to reconstruct the bilateral relationship between
Argentina and Venezuela during the Malvinas War, from April to June of 1982.
Keywords
Argentina, Malvinas, Venezuela, diplomacy
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Introducción
La crisis y posterior guerra en Malvinas1 en 1982, entre la Argentina y
Gran Bretaña, propendió a que el país austral buscara un mayor apoyo
internacional. Este lo encontró fuertemente en la región
latinoamericana, entre cuyos países, uno de los más decididos en
mostrarse en favor de la posición argentina fue Venezuela. Sin una
fuerte tradición de la relación bilateral (exceptuando momentos
particulares), con algunos conflictos abiertos en la coyuntura, pero con
un interés compartido con respecto a la soberanía territorial, el país
caribeño brindó un respaldo diplomático importante, acompañando la
posición argentina en distintos foros internacionales, como así también
prestando asistencia política, económica y, eventualmente, militar.
Para 1982 ambos países representaban un fuerte contrapunto en la
política sudamericana. Mientras que la Argentina era conducida por
una dictadura militar con graves denuncias por violaciones a los
derechos humanos y aislada internacionalmente, Venezuela
presentaba el régimen republicano más estable de la región, con una
extendida diplomacia en distintas regiones del mundo y que, a su vez,
daba asilo a una importante comunidad de exiliados argentinos que
escapaban de la dictadura.
Asimismo, Venezuela se encontraba a punto de retomar las
negociaciones con Guyana para resolver su diferendo de soberanía
por la región del Esequibo. Esta controversia mantenía puntos
similares a la de la Argentina con respecto a Malvinas, ya que la
disputa originaria era con el Reino Unido en los tiempos en que
Guyana era colonia británica. Coincidente en el interés de la
recuperación soberana, Venezuela se acercó a la Argentina para
brindarle su apoyo a medida que la crisis en el Atlántico Sur se
profundizaba.
El presente trabajo es una primera aproximación a las relaciones
bilaterales de la Argentina y Venezuela en la coyuntura de la Guerra de
Malvinas, entre abril y junio de 1982. El artículo busca, luego de un
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breve estado de la cuestión, caracterizar a dichos gobiernos, para
luego reconstruir las distintas acciones y declaraciones del Gobierno
venezolano que expresaron ese respaldo a la causa argentina. Se
entiende este apoyo, a contramano de las desavenencias políticas e
ideológicas que ambos gobiernos mantenían, a partir de la noción de
interés. Este concepto, desarrollado por Hans Morgenthau (1986), es
clave en la concepción realista de las relaciones internacionales. Así,
el interés, definido en términos de poder, otorga racionalidad y
comprensión a las decisiones de los estadistas (Morgenthau, 1986, p.
13); a la vez que el interés nacional: “Se refleja en la toma de
decisiones reales y muestra una preocupación constante por la
conducción exitosa de la política exterior como condición previa para la
grandeza y la supervivencia nacionales” (Navari, 2016, p. 49). Para el
contexto analizado, en tanto que ambos países sostenían litigios
soberanos análogos, el escenario de recuperación argentino de las
Islas Malvinas que se abrió en abril de 1982 hizo que fuera del interés
directo de Venezuela que dicha recuperación soberana argentina fuera
sostenida de facto y de iure, ya que habilitaba un antecedente propicio
para la recuperación del Esequibo, al margen de las consideraciones
políticas e ideológicas que el Gobierno venezolano pudiera tener de su
par argentino.
En este trabajo se utilizarán tanto fuentes periodísticas publicadas en
la época como así también documentación oficial desclasificada y
publicada por la Argentina al cumplirse cuarenta años del conflicto
bélico.
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Estado de la cuestión
Las relaciones bilaterales entre la Argentina y Venezuela no son de las
más tratadas en los trabajos académicos en cuanto a la coyuntura
específica de la Guerra de Malvinas se refiere. Los análisis de
relaciones internacionales, por lo general, focalizan en otros aspectos.
En la enciclopédica obra Historia General de las Relaciones Exteriores
de la República Argentina, dirigida por Andrés Cisneros y Carlos
Escudé2, se dedica un tomo entero a la diplomacia en torno a Malvinas
desde 1945 a 1989, donde se resume el accionar argentino por la
Cuestión Malvinas frente a los distintos organismos multilaterales
(hasta marzo de 1982) y, específicamente, con respecto al vínculo
bilateral con el Reino Unido (Cisneros y Escudé, 1999b). Otros trabajos
abordan las reacciones de los principales actores occidentales
(Estados Unidos y el Reino Unido) y el contraste con la hipótesis previa
de la Junta Militar: la búsqueda de un conflicto corto, que con la
mediación y/o aval estadounidense3 y la falta de disposición británica
para el conflicto abierto, arribara a una rápida victoria diplomática. A su
vez, trabajan cómo la misma realidad fue esfumando esta tesis, por lo
que la Argentina, que esperaba ser un actor importante del conflicto
Este-Oeste, sin proponérselo, llevó adelante un conflicto Norte-Sur,
recibiendo el apoyo de los países latinoamericanos y del Tercer Mundo
(Rapoport, 2016, pp. 52-58). En otros se desarrollan distintos aspectos
de la relación argentino-estadounidense, en relación con el combate
conjunto a la experiencia sandinista y el armado de los Contras en la
región centroamericana, durante el decurso de la dictadura militar
argentina, y cómo repercute en ello la Guerra de Malvinas (Armony,
1999); o, específicamente, el derrotero de la mediación del secretario
de Estado estadounidense, Alexander Haig, entre Buenos Aires y
Londres durante el conflicto bélico (Morgenfeld, 2022).
Sobre el vínculo argentino-venezolano durante la dictadura militar
argentina, la obra de Cisneros y Escudé desarrolla en pocos párrafos
algunos aspectos sobresalientes de la relación bilateral.
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Específicamente sobre la crisis de Malvinas, comenta la redefinición de
la relación con el acercamiento venezolano a la posición argentina
(Cisneros y Escudé, 2000, pp. 342-343). Existen, sí, unos pocos
autores venezolanos que investigan la cuestión, dentro de trabajos con
recortes temporales más amplios. Un breve estudio global de dicho
vínculo fue desarrollado por Henry José Parejo Hernández, en un
artículo publicado por la Cancillería de Venezuela (Parejo Hernández,
1999). Allí se remonta a los puntos sobresalientes de dicha relación,
desde el encuentro de Guayaquil entre José de San Martín y Simón
Bolívar (en 1822) o el enérgico apoyo a Venezuela por parte del
canciller argentino Luis María Drago en 19024 (Parejo Hernández,
1999, p. 13). También enumera las distintas visitas cruzadas de
cancilleres y presidentes que ocurrieron en las décadas del setenta y
ochenta, entre las que se mencionan la del dictador argentino Jorge
Rafael Videla a Caracas, en 1977, y las de ambos cancilleres, el
venezolano José Zambrano Velasco a Buenos Aires y la de su colega
argentino Oscar Camilión a Caracas, en 1981 (Parejo Hernández,
1999, p. 16).
Asimismo, Parejo Hernández destaca como un “hito” de la relación
bilateral el contexto de la Guerra de Malvinas, en el que Venezuela
asumió el conflicto como una “causa propia”, donde “intervino en las
más importantes tribunas internacionales en reconocimiento de los
derechos de soberanía argentina sobre las Malvinas”. Además, califica:
“El apoyo diplomático, político y moral de Venezuela fue invalorable
para la consolidación y el desarrollo de las relaciones bilaterales entre
ambas naciones” (Parejo Hernández, 1999, p. 16).
Por su parte, el historiador Claudio Alberto Briceño Monzón (2014)
compara la conformación de la frontera y sus implicancias en la
respectiva política internacional de la Argentina y Venezuela durante
los siglos XIX y XX. En uno de sus capítulos aborda la generalidad de
la Cuestión Malvinas para el país del Cono Sur, el vínculo con Estados
Unidos (EE. UU.) y la Organización de los Estados Americanos (OEA),
las repercusiones de la guerra en el Movimiento de Países No
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Alineados y la solidaridad latinoamericana en general para con la
Argentina y, en específico, de Venezuela durante el conflicto bélico.
Sobre ello, el autor resalta la participación venezolana en la
argumentando la particularidad del caso Malvinas como una situación
colonial en la que, en tanto territorio arrebatado a otro Estado, la forma
de descolonización debe ser “la reintegración al Estado del que ha sido
desmembrado” (Briceño Monzón, 2014, p. 390). Allí también desarrolla
el posicionamiento venezolano automáticamente después del
Operativo Rosario del 2 de abril de 1982 (del que se hablará más
adelante), el consenso interno que la situación generó en los distintos
partidos políticos venezolanos, el posicionamiento de la Central de
Trabajadores de Venezuela, la conformación del Comité Malvinas
Argentinas y el accionar concreto del presidente venezolano Luis
Herrera Campins, destacándolo como de los más solidarios con la
Argentina en la región: “Enviando repuestos militares, tanques de
gasolina, enseres y alimentos”, y también buscando la posibilidad de
aplicar sanciones económicas contra Gran Bretaña vía ALADI y SELA
(Briceño Monzón, 2014, p. 399).
La dictadura argentina y la república venezolana
El 24 de marzo de 1976 se consumó en la Argentina el golpe militar al
Gobierno constitucional de Isabel Perón. El autodenominado Proceso
de Reorganización Nacional puso a cargo del Ejecutivo a una Junta
Militar compuesta por los comandantes de las tres armas, que se fijó
como plan: “Reorganizar la nación, renovar sus estructuras
económicas, reformar las instituciones políticas”; a su vez, mencionaba
entre sus objetivos: “La soberanía política, la moral cristiana, la
tradición nacional, la dignidad de ser argentino, la seguridad nacional,
la erradicación de la subversión y de sus causas, y la inserción
internacional del país en el ‘mundo occidental y cristiano’” (Cisneros y
Escudé, 2000, p. 270).
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El nuevo gobierno de las FF. AA. se dispuso a conformar un nuevo
modelo de país estructurado sobre la apertura de la economía y el libre
movimiento de capitales, en una alianza de un sector de la burguesía
local con el capital financiero internacional y las corporaciones
transnacionales. Para ello, era imperioso el disciplinamiento de las
fuerzas sociales, principalmente del movimiento obrero, que se logró
combinando “la represión armada, reformas económicas que
debilitaron el poder económico de esas organizaciones y de los
trabajadores individualmente considerados y normas que limitaron el
accionar y la influencia de los sindicatos” (Cisneros y Escudé, 1999a,
p. 145). La represión ilegal fue el núcleo del proyecto disciplinador de
la Junta Militar, que para la eliminación de la subversión6 subdividió
todo el territorio nacional para cada una de las fuerzas, en cuanto
teatro de operaciones para el aniquilamiento del enemigo interno.
La Junta Militar dispuso una administración tripartita del poder, con lo
cual procedió a la repartición de las áreas del Gobierno nacional. El
Poder Ejecutivo en sí era compartido por los tres integrantes de la
Junta, que elegía un “cuarto hombre” como presidente, que en teoría
no debería ser ninguno de los tres comandantes que la componían.
Aún así, se designó a Jorge Rafael Videla como presidente, quien
ocupó en simultáneo el puesto de comandante del Ejército hasta 1978,
para luego dejar la primera magistratura en marzo de 1981, cumplido
su quinquenio presidencial. Su reemplazante fue Roberto Viola, quien
fue depuesto a fines del mismo año para darle lugar a Leopoldo
Galtieri.
La política exterior de la dictadura argentina es caracterizada por
Roberto Russell (1984) como una doble diplomacia: la militar y la
económica. Mientras que la diplomacia militar poseía una orientación
nacionalista, ideológica y occidentalista, en la que el país tenía que
jugar un rol en la región para acabar con la “subversión marxista” y
donde, además, se le asignaba al Estado un papel importante en el
desarrollo económico; la diplomacia económica (sostenida,
principalmente, desde el Ministerio de Economía), llevaba adelante una
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orientación pragmática, internacionalista y “primermundista”, vinculada
a los valores e intereses del “mundo de los negocios” de los países
capitalistas desarrollados, que favorecía una mayor
internacionalización de la estructura productiva (Russell, 1984).
Sin embargo, la adscripción occidental que profesó la dictadura no
significó un respaldo irrestricto de Washington. Al asumir la presidencia
estadounidense en 1977, el demócrata James Carter hizo de la
condena a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el
Gobierno argentino el eje de la relación bilateral, lo que significó para
la dictadura argentina la suspensión de la ayuda militar
estadounidense en 1978 y la inspección de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos al año siguiente7. Bajo la perspectiva del
Gobierno argentino, sentían cierta incomprensión de parte de la
administración demócrata y de las socialdemocracias europeas por el
tenor de las críticas a las violaciones a los derechos humanos, en el
sentido de que “las naciones de Occidente no captaban la real
dimensión de la ofensiva mundial emprendida por el comunismo
soviético y sus aliados” (Cisneros y Escudé, 2000, p. 293). Las críticas
de los principales gobiernos de Occidente le valieron un relativo
aislamiento diplomático al Gobierno argentino.
La situación de doble diplomacia (militar y económica) impidió una
estructuración y coherencia de la política exterior. A su vez, la misma
subdivisión de las áreas del Estado entre las fuerzas alentaba
constantemente la conflictividad y rivalidades entre las tres armas. Esto
llevó a la conformación de agrupamientos internos y entrecruzados
entre los llamados blandos o palomas y los duros o halcones. Entre los
denominados palomas se encontraba el propio Videla. Mientras que
los blandos procuraron la búsqueda de soluciones negociadas en
cuestiones de diferendos limítrofes (especialmente con Chile por el
Beagle) y en materia hidroeléctrica con Brasil y Paraguay; los duros
(encolumnados con el comandante de la Marina Eduardo Massera)
eran partidarios de sostener las hipótesis de conflicto con los países
vecinos (Cisneros y Escudé, 2000, pp. 270-271). Si los palomas
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buscaban designar embajadores con trayectoria en los partidos
políticos tradicionales, como el caso del radical Héctor Hidalgo Solá en
Venezuela; Massera —en cuanto que la Marina se había quedado con
la Cancillería— se opuso a este tipo de designaciones, vetando en
algunos casos a los embajadores propuestos y, en otros, como en el
caso de Hidalgo Solá, propiciando directamente su desaparición y
asesinato (Cisneros y Escudé, 2000, pp. 282-283).
Por su parte, el Gobierno de Galtieri pretendió ajustar algunos
supuestos grises de la política exterior que su antecesor Viola —y su
canciller, Oscar Camilión— sostenían. En su discurso inaugural,
Galtieri planteó:
En el plano de la política exterior creo conveniente señalar que la
situación argentina en el mundo no es compatible con posiciones
equívocas o grises susceptibles de debilitar nuestra raíz occidental ni
con devaneos o coqueteos ideológicos que desnaturalizan los
intereses permanentes de la Nación (en Russell, 1984, pp. xxxiv-
xxxv).
En sintonía, el nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Nicanor Costa Méndez, a poco de asumir declaró: “Argentina no se
identifica con los orígenes históricos ni con las condiciones esenciales
del Tercer Mundo, y menos aún con el bloque de Países No
Alineados” (en Russell, 1984, pp. 30-31). En este sentido, Galtieri va a
propender a un mayor acercamiento al Gobierno estadounidense, que
desde 1981 era conducido por el republicano Ronald Reagan, con
quien compartía mayor afinidad ideológica y coincidencias sobre los
peligros hemisféricos en la confrontación Este-Oeste.
En paralelo al tiempo en que transcurrió la dictadura militar en la
Argentina (1976 a 1983), Venezuela contó con dos presidencias.
Carlos Andrés Pérez, del partido Acción Democrática (AD), asumió el
cargo en 1974 y finalizó su quinquenio presidencial en marzo de 1979,
seguido por Luis Herrera Campins, del Comité de Organización Política
Electoral Independiente (COPEI), quien cumplió su mandato en marzo
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de 1984. Para ese entonces, Venezuela ya había consolidado un
sistema republicano bipartidista estable, entre un partido
socialdemócrata (AD) y otro de tendencia socialcristiana (COPEI). Esto
significó una excepcionalidad en el escenario suramericano de las
décadas del sesenta, setenta y ochenta, en donde primaron gobiernos
militares en la mayoría de los países. En 1958, el derrocamiento del
régimen de Marcos Pérez Jiménez y la firma del Pacto de Punto Fijo
conformaron la piedra fundamental del sistema político bipartidario
venezolano en el que fueron alternándose gobiernos de AD y COPEI.
Dicho pacto, rubricado por los referentes de ambos partidos, constituyó
una serie de consensos con los que las fuerzas políticas mayoritarias
llegaron a las elecciones de diciembre del mismo año8, cuyo ganador
resultó ser Rómulo Betancourt, de AD.
Fue dicho mandatario quien estableció la denominada Doctrina
Betancourt de política exterior, que señala:
Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen
las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de
policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a un riguroso
cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica de la
comunidad jurídica interamericana (Rodríguez, 2011, s.p.).
La primera implementación de este precepto fue en marzo de 1962,
cuando Venezuela rompió relaciones con la Argentina tras el golpe de
Estado que derrocó al presidente Arturo Frondizi.
En la década del setenta, durante las presidencias de Rafael Caldera
(COPEI) y Carlos Andrés Pérez (AD), esta postura se fue
flexibilizando. Caldera sustituyó la Doctrina Betancourt por las de
Pluralismo Ideológico y Solidaridad Pluralista (Morales, 2014, p. 193).
Si bien el principio democrático seguía siendo un aspecto importante
de la política exterior, este elemento dejó de ser decisivo para el
reconocimiento de gobiernos y el establecimiento de relaciones. Así
fue que se le dio prioridad a la extensión de las relaciones de
cooperación en la región y la proyección de los intereses venezolanos
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(Cardozo Uzcátegui, 2014, p. 45). De esta forma, se le otorgó
reconocimiento diplomático a casi todos los países latinoamericanos y
caribeños (excepto Cuba), a la vez que se incorporó al Bloque del
Pacto Andino en 19739. Asimismo, la capacidad de sostener su
sistema democrático y los distintos movimientos realizados en la
política regional le proveyeron de una mayor capacidad autonómica
frente a EE. UU. en el contexto de la Guerra Fría, al punto de haber
anulado en la OEA, ese mismo año, junto con México y Costa Rica, el
proyecto estadounidense de envío de una “fuerza de paz” a Nicaragua,
a fines de evitar el triunfo de la Revolución Sandinista (Selser, 1982, p.
109).
Venezuela, a su vez, fue uno de los principales destinos de exiliados
argentinos durante la dictadura militar. Allí, la colonia argentina
encontró un espacio donde denunciar al Gobierno argentino por las
violaciones a los DD. HH. y conformó, con otras comunidades de
exiliados latinoamericanos, actores locales e internacionales, redes
políticas, religiosas y humanitarias (Ayala, 2017, p. 15). Esta situación
tensó la relación bilateral con la Argentina. El Gobierno venezolano
condenó la violación de los derechos humanos por parte de la
dictadura argentina. Empero, eso no significó la ruptura de las
relaciones diplomáticas. El gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez
recibió, en 1977, a Videla en Caracas, en un intento del argentino de
romper con el aislamiento internacional, de revertir la imagen negativa
que tenía su gobierno y de tender la relación con un gobierno que
pudiera terciar con el de Estados Unidos (Cisneros y Escudé, 2000, p.
342). El sucesor de Carlos Andrés Pérez fue más vehemente en la
condena. El copeyano Luis Herrera Campins, quien asumió la
presidencia en 1979, expresó su preocupación por el aplazamiento de
la apertura política en la Argentina y, en febrero de 1982, se reunió con
sindicalistas argentinos, a quienes recibió en la residencia presidencial
y los calificó de personas “que luchan por la reimplantación de la
democracia y la libertad en su patria” (Ayala, 2017, p. 291).
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La cuestión de la recuperación democrática también había sido
importante para la diplomacia venezolana con el caso del golpe de
Estado de Bolivia en 1980, golpe que condenó activamente
denunciando la situación de violación de los derechos humanos (La
OEA analizará hoy…, 1980). El contrapunto argentino fue que no quiso
condenar el golpe en Bolivia, argumentando que no estaba dispuesto a
convalidar “la intromisión en los asuntos internos de otro
Estado” (Censura el golpe en la OEA, 1980, p. 2).
Venezuela y Malvinas
Sin embargo, los acontecimientos en el Atlántico Sur de abril de 1982
hicieron que Venezuela abandonara rápidamente las críticas a la
dictadura argentina. La Junta Militar optó por activar el plan de
recuperación militar de las Islas Malvinas para salir del punto muerto
en que se encontraba la disputa de soberanía10. Las FF. AA. llevaron a
cabo el Operativo Rosario el 2 de abril, con el que la Argentina retomó
el control del archipiélago austral. La diplomacia británica actuó
rápidamente y, al día siguiente, logró la aprobación de la Resolución
502 (1982) en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas11. En
simultáneo, el Gobierno británico anunció el envío de su flota al
Atlántico Sur, con la intención de llegar a la zona hacia fines de mes y
recuperar, de ser necesario, militarmente las islas para la corona
(Terragno, 2002, p. 42).
El Gobierno argentino necesitaba revertir rápidamente el primer
embate diplomático ocurrido en el Consejo de Seguridad tras el
desembarco en las Islas Malvinas, y encontró en la OEA un foro
adecuado a tal fin. Dicho organismo ya contaba con un historial de
respaldo a la posición argentina por el diferendo de soberanía sobre el
archipiélago austral, prácticamente desde su fundación12. El canciller
Costa Méndez se presentó en Washington para exponer ante el
Consejo Permanente de la organización panamericana. Allí expresó la
“amenaza a la seguridad continental” que significaba “la presencia
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colonial británica”, en tanto que sugirió convocar al Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) (1947)13 ante la
posibilidad de que una potencia extracontinental atacara a un país
americano14 (Cardoso et al., 2012, p. 181).
Con la escalada del conflicto y la posibilidad latente de una
conflagración bélica, las distintas representaciones diplomáticas
latinoamericanas fueron tomando posición, en su mayoría de apoyo a
la Argentina. Dicho respaldo latinoamericano tuvo una importante
repercusión en Venezuela. Para este país el conflicto soberano de
Malvinas compartía puntos en común con el que sostenía con Guyana
por la región del Esequibo15. Si bien la disputa territorial la mantenía
con un país vecino, el litigio en sí se originó con la misma potencia
colonial con la que la Argentina estaba ahora en conflicto. A su vez, a
mediados de ese mismo año, Venezuela y Guyana iban a retomar las
negociaciones diplomáticas que habían sido congeladas por doce
años16.
En lo sucesivo de la coyuntura, el país caribeño resultó ser una fuente
de apoyo constante y permanente para con la posición argentina, tanto
con respecto a la cuestión relativa al reconocimiento de la soberanía
del archipiélago austral como frente a las distintas vicisitudes que el
desarrollo de los acontecimientos fue imponiendo.
En primer lugar, como respuesta a la Resolución 502 (1982) aprobada
por el Consejo de Seguridad de la ONU, el Gobierno de Caracas
publicó una declaración criticando a dicho órgano:
Al limitarse a señalar las acciones llevadas a cabo por la Argentina,
sin ninguna referencia a las del Reino Unido, y aprobar el proyecto
propuesto por el propio Reino Unido, parte directamente involucrada
en la situación, y además ignorar las justas motivaciones de la
República Argentina, pasa por alto la causa primigenia del problema,
como es el despojo territorial consumado por la potencia colonial
ocupante” (Caracas insta a soluciones pacíficas y prácticas, 1982, p. 6).
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En sintonía, el presidente venezolano Herrera Campins declaró su
solidaridad con la Argentina por la “justa reclamación de su
territorio” (Ejército Argentino, 1982a, p. 7).
Las declaraciones oficiales venezolanas de los primeros días quedan
necesariamente emparentadas con la situación análoga del litigio que
dicho país llevaba adelante. Su canciller, José Zambrano, manifestó:
Es dable observar que las situaciones de injusticia histórica
heredadas de anteriores generaciones deben ser objeto de esfuerzos
serios para su solución pacífica, pues la intransigencia o la
indiferencia pueden conducir a una peligrosa exasperación de los
ánimos y a situaciones que nadie desea (Interés en Venezuela, 1982, p. 5).
Mientras tanto, el 12 de abril Gran Bretaña ponía en marcha el bloqueo
anunciado cinco días antes17. A su vez, su flota navegaba hacia la isla
Ascensión como escala previa al archipiélago del Atlántico Sur, y la
Comunidad Económica Europea (CEE) había decidido suspender las
importaciones argentinas. Con ese panorama, la respuesta venezolana
fue la de deplorar “el alarmante desplazamiento armado de Gran
Bretaña que constituye una seria amenaza para América” (Ejército
Argentino, 1982a, p. 13), al tiempo que tomaba forma la decisión de
anular la compra de 24 aviones Hawk a Inglaterra (Ejército Argentino,
1982a, p. 15)18. Ya con la convocatoria a la reunión del TIAR definida
para el 26 de abril, en el puerto de Caracas empezó un boicot a la
carga y descarga de los buques británicos, promovido por la
Federación de Trabajadores Portuarios (Ejército Argentino, 1982a, p.
23).
La XX Reunión de Consulta de Cancilleres del TIAR empezó a
sesionar ya con los primeros ataques de Gran Bretaña sobre las
posiciones argentinas en las islas Georgias. Allí, la delegación
argentina no pretendía lograr un apoyo militar, sino conseguir una
declaración que reflejara el reconocimiento de la soberanía argentina
sobre las islas del Atlántico Sur. Además, que exigiera la retirada de la
flota inglesa, el cese del embargo económico de la CEE y la condena
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de la actuación británica (El debate en la OEA, 1982). El borrador
argentino de resolución, con algunas modificaciones, fue aprobado el
28 de abril —al tiempo que se mantenía abierta la reunión—, por 17
votos positivos, 0 negativos y 4 abstenciones (Chile, Colombia,
Trinidad y Tobago, y EE. UU.) (Resolución I, 1982, pp. 1-2).
Dos días después y tras una mediación infructuosa encabezada por su
secretario de Estado Alexander Haig —por la que se dirigió tanto a
Buenos Aires como a Londres en varias ocasiones y por varias
semanas—, EE. UU. anunció el respaldo político y material a Gran
Bretaña en la guerra, culpando a la Argentina de la imposibilidad de
llegar a una negociación que evitara el uso de las armas19
(Pronuncióse EE. UU. en favor de Gran Bretaña, 1982). Esto provocó
la crítica inmediata del país caribeño. El embajador venezolano ante la
OEA indicó que Washington: “Se está colocando voluntariamente al
margen del TIAR”, con lo que destruye no solo su propia política
exterior sino también la de los países latinoamericanos, sustentada en
la no aceptación de agresiones extracontinentales (Ejército Argentino,
1982a, p. 39). En el mismo sentido, la representación venezolana ante
la OEA pidió incorporar al tratamiento del TIAR su denuncia con
respecto a la posición estadounidense, que “quebranta la solidaridad
interamericana y contraviene la letra y el espíritu de la resolución del
TIAR, y es en consecuencia violatoria de dicho tratado”, agregando la
disposición venezolana a “reorientar el sistema interamericano de
acuerdo con los intereses de América Latina” (Ejército Argentino,
1982c, p. 849).
Ya con el inicio de los combates en las islas el día 1 de mayo y tras el
hundimiento del ARA General Belgrano, el 2 de ese mes, el Gobierno
venezolano consignó una misión oficial a Buenos Aires el día 9, con el
objeto de reforzar la solidaridad del país caribeño para con su par del
Cono Sur (Ejército Argentino, 1982a, p. 61). Manteniendo la tesitura
del cambio radical de las relaciones interamericanas producto del
accionar estadounidense en perjuicio de la Argentina, el jefe de la
delegación sostuvo: “No hay dudas de que la historia de América
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Latina se va a dividir en una historia pre Malvinas y post Malvinas,
porque las relaciones (entre los países del área) van a tener que
revisarse” (Ejército Argentino, 1982g, p. 907). Tras ese encuentro,
Venezuela promovería distintas acciones de ayuda en el campo
económico. Una de ellas fue la de comprometer a los países del Pacto
Andino en la implementación de medidas que estimulen el desarrollo y
el intercambio comercial entre los países miembros y la Argentina.
Previo a eso, el grupo se había pronunciado por la supresión de las
sanciones de la CEE y de EE. UU. hacia el país suramericano (Ejército
Argentino, 1982g, p. 543). Otra acción venezolana de respaldo a la
posición argentina fue el envío, el día 15 de mayo, de una misión oficial
de gira por Europa para exponer el punto de vista argentino en el
conflicto y mediar ante los países de la CEE con el objetivo de que
estos suspendieran las sanciones económicas que mantenían en
solidaridad con Gran Bretaña (Ejército Argentino, 1982a, p. 69). Dicha
misión tuvo sucesivas reuniones al más alto nivel gubernativo en
España, Francia, Alemania Federal, Bélgica, Holanda, Italia20 y el
Vaticano (Ejército Argentino, 1982a, p. 73). En París, en la previa a la
reunión con el presidente francés François Mitterrand, el ministro jefe
de la delegación manifestó que las sanciones económicas adoptadas
Unidas, son sanciones contra toda América Latina, y la flota británica
que navegó contra las Malvinas está también dirigida contra toda
Latinoamérica” (Ejército Argentino, 1982e, p. 599).
En lo concerniente a lo militar, las fuentes evidencian al menos una
intención de ayuda efectiva, pero no es concluyente. En esa materia, y
tras el anuncio de sanciones estadounidenses hacia la Argentina, el
presidente Herrera Campins advirtió que “América Latina necesita
alcanzar su unidad para defenderse de cualquier agresión
extranjera” (Ejército Argentino, 1982a, p. 41). Este análisis se
intensificaría a medida que las acciones bélicas iban incrementándose
y las posibilidades de una salida negociada se hacían más remotas.
Bajo esta perspectiva, el ministro de Defensa venezolano expresó: “Si
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Inglaterra llega a la acción directa contra Argentina, en su parte
continental, […] tendrá que estudiarse la materialización de la ayuda
de tipo militar, esto no solo por Venezuela sino también por los países
signatarios del TIAR” (Ejército Argentino, 1982a, p. 59). Aun así y sin
novedades de combates en el continente, surgió la noticia nunca
confirmada ni negada de que el Gobierno de Caracas decidió colaborar
con repuestos de los aviones franceses de combate Mirage y otros
implementos para la aviación militar. De hecho, ante la pregunta por la
posibilidad de dar ayuda militar a la Argentina, el presidente Herrera
Campins afirmó que su gobierno: “Estudiará en cada oportunidad
cualquier tipo de exigencia que la República Argentina haga a
Venezuela”, y evitó dar una respuesta taxativa agregando: “¿Ustedes
no han escuchado decir que en materia de guerra no se debe avisar
nada?” (Ejército Argentino, 1982a, p. 43).
La guerra recrudecía y el presidente venezolano seguía haciendo
llamados a la paz. En paralelo a la Batalla de San Carlos, del 21 de
mayo (con la que Gran Bretaña logró establecer una cabecera de
playa en la isla Soledad), Herrera Campins expresó: “Son
preocupantes las noticias que nos llegan en relación con la
acentuación y la reactivación de la agresión inglesa contra la República
Argentina en el archipiélago de Malvinas” (Ejército Argentino, 1982d, p.
385). El 25 de mayo los cancilleres de la Argentina, Venezuela,
Panamá y Nicaragua declararon conjuntamente:
El repudio de la América Latina frente a la ofensiva guerrerista de
Gran Bretaña, contra el continente sudamericano; […] expresamos
nuestra enérgica protesta frente a la decisión británica, comunicada
oficialmente al Gobierno de Uruguay, según la cual el Reino Unido ha
resuelto extender su acción bélica naval y aérea al Río de la Plata
(Repulsa latinoamericana por la agresión británica, 1982, p. 2).
Con los combates ya en tierra, la cuestión de la ayuda militar efectiva
de parte de los países miembros del TIAR se volvía más urgente. Ese
fue uno de los debates que el organismo interamericano sostuvo en la
segunda sesión del 27 al 29 de mayo. Allí directamente el canciller
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argentino pidió a sus colegas americanos sentar el marco jurídico para
que otros países del continente pudieran concretar sus ofrecimientos
de asistencia militar, criticó la posición de Estados Unidos, indicó que
la reunión debería pronunciar una condena a la agresión armada
británica y solicitó a los estados miembros que se abstuvieran de
prestar asistencia material al agresor extracontinental (Ejército
Argentino, 1982e, p. 581). Por su parte, el canciller venezolano criticó
la falta de decisión del Consejo de Seguridad por no intervenir
enérgicamente para detener el conflicto, requirió el cese de
hostilidades emprendidas por Gran Bretaña en América Latina, exigió
que el Gobierno de Estados Unidos restableciera los lazos de
solidaridad a partir del sistema interamericano y cesara las sanciones
contra la Argentina. Además, planteó que, ante la terquedad del
Gobierno británico, el Órgano de Consulta debía activar de inmediato
los mecanismos de solidaridad continental y adoptar las medidas
previstas en el artículo 8 del TIAR21 (Ejército Argentino, 1982h, pp. 40-
41).
En esta ocasión, los países miembros del TIAR trabajaron sobre el
anteproyecto argentino que postulaba condenar la agresión británica,
deplorar que el Reino Unido frustrara las negociaciones realizadas por
el secretario general de Naciones Unidas y requerir el cese de
hostilidades, a la vez que solicitar a EE. UU. que levantara las
sanciones contra la Argentina y que se abstuviera de asistir al Reino
Unido. Asimismo, el anteproyecto proponía solicitar a los estados parte
que adoptaran las medidas que estimaran apropiadas para asistir a la
Argentina, de conformidad con el TIAR (Costa Méndez urge al TIAR…,
1982, p. 1). Esta última expresión fue suprimida en la resolución
definitiva, que finalmente fue aprobada en votación idéntica a la del
mes de abril22.
Tras la declaración de la Consulta de Cancilleres, en la prensa
venezolana se publicó una nota con los altos jefes militares del país
donde manifestaban la posibilidad real de despliegue de tropas y
pertrechos de las tres armas siempre y cuando fueran solicitados por la
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Argentina y autorizados por el presidente Herrera Campins (Las FF.
AA. venezolanas están listas…, 1982). En simultáneo, el canciller
argentino visitaba Caracas, haciendo una escala en su vuelta de La
Habana23. En su breve paso por la capital venezolana, Costa Méndez
se juntó con su colega y con el presidente. Allí, hizo público el
agradecimiento para con el país caribeño: “Solo quiero hablar sobre la
emoción que representa para el pueblo y Gobierno argentino la
solidaridad de Venezuela, que va más allá de lo que nos habíamos
imaginado” (La solidaridad venezolana va más allá…, 1982, p. 1).
En paralelo a la presencia de Costa Méndez en Caracas, el Reino
Unido y EE. UU. vetaban un proyecto de cese de fuego en el Consejo
de Seguridad de la ONU (Gran Bretaña y EE. UU. vetaron…, 1982).
Dicho proyecto preveía el retiro simultáneo de tropas y la instalación en
las Islas de una administración internacional compuesta por Argentina,
Gran Bretaña, Venezuela y otros dos países, uno designado por Gran
Bretaña y otro por el Secretario General de la ONU (Ejército Argentino,
1982f, pp. 501-503). A raíz del veto hubo un último intento del
secretario general de la ONU de alcanzar un cese del fuego (que
finalmente no prosperó), mientras que al menos ocho embajadores de
países latinoamericanos intentaron coordinar acciones en Naciones
Unidas a tal fin. En ese sentido, el embajador venezolano ante dicho
organismo señaló: “Creemos que esta es una tarea urgente, que hay
que detener la acción militar contra la Argentina. Venezuela quiere paz
y creo que ese es el reclamo de toda América Latina” (Ejército
Argentino, 1982f, p. 139).
Ya con los últimos enfrentamientos en la isla Soledad, Herrera
Campins reconoció la presión que estaba ejerciendo la banca británica
para con su país por el apoyo a la Argentina. “Quizás por la actitud tan
clara, tan definida, tan solidariamente activa de Venezuela en favor de
la Argentina, también se nos quiere molestar” (La banca británica
presiona…, 1982, p. 3). El martes 15 de junio, tras la rendición
argentina, el presidente venezolano afirmó: “La solidaridad con la
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Argentina no está sujeta al buen éxito o al fracaso en el incidente
bélico de las Malvinas porque es una solidaridad más
profunda” (Ejército Argentino, 1982a, p. 101). Con el fin de los
combates en el Atlántico Sur y con la acusación por parte del
presidente guyanés de que Venezuela apoyaba a la Argentina en dicho
conflicto “para preparar su propia invasión militar contra
Guyana” (Ejército Argentino, 1982b, p. 783), Caracas se disponía a
retomar las conversaciones por el Esequibo después de doce años de
negociaciones convenidamente congeladas con su país vecino.
Conclusión
A lo largo del trabajo se demostró que Venezuela le brindó a la
Argentina uno de los apoyos diplomáticos más importantes durante la
Guerra de Malvinas, lo que implicó un giro abrupto en las relaciones
que ambos países mantenían hasta la fecha. El interés inmediato de la
guerra por la soberanía de las Islas Malvinas, y cómo podía repercutir
con respecto al conflicto del Esequibo, hizo que Venezuela se acercara
estrechamente con la posición argentina, acallando las críticas que
sostenía tanto por la falta de democracia como por la violación a los
derechos humanos en la Argentina.
En ese sentido, Venezuela fue de los más decididos dentro del sistema
interamericano para hacer de Malvinas una causa regional junto a
todos los países de América Latina. Defendió como un acto de
soberanía el accionar del Gobierno argentino en recuperar las Islas por
las armas, como así también los derechos de soberanía que la
Argentina posee sobre el archipiélago austral, y fue uno de los
miembros más vehementes en pretender activar los mecanismos del
TIAR, que en última instancia implicaban la movilización de tropas y/o
pertrechos militares. Esta posibilidad fue asumida como válida por las
FF. AA. venezolanas, marcando la línea roja de intervención contra
Gran Bretaña si esta atacaba a la Argentina en su parte continental; de
ello se hizo eco la prensa venezolana, en tanto que el presidente
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nunca lo desmintió. Más allá de los rumores de suministro de
repuestos, sí está claro que la posibilidad concreta del envío de
personal militar y material bélico estuvo entre los cursos posibles de
acción.
En el campo de las relaciones hemisféricas, Venezuela sostuvo la
posibilidad de reorientar la política continental (o regional) sin la
presencia de EE. UU., al que sindicó de romper la naturaleza del TIAR
al apoyar a una potencia extracontinental contra un país miembro.
Además, en la ONU apoyó toda posibilidad de acuerdo y cese al fuego,
incluso formando parte de eventuales administraciones transitorias de
las Islas. En lo económico buscó fortalecer la complementariedad y el
intercambio comercial entre la Argentina y los países del Pacto Andino
en general y el comercio bilateral en particular, como una forma de
compensar el embargo a las exportaciones argentinas realizado por
parte de los países de la CEE y, a la vez, generar nuevas
oportunidades entre los países sudamericanos. Por último, hizo un
esfuerzo diplomático para que cesaran las sanciones de la CEE contra
el país austral, y con este objetivo movilizó una comitiva oficial hacia
Europa, que recorrió varios de los países integrantes con resultados
dispares.
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NOTAS
1. En adelante se dirá indistintamente Guerra de Malvinas o Guerra del Atlántico Sur
para referirse al conflicto bélico desatado entre la República Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte entre abril y junio de 1982.
2. Se puede consultar en https://cari.org.ar/archivo_historico_digital/recursos/hgrreera.html
3. Que Estados Unidos terciaría en favor de la Argentina en virtud del alineamiento
mostrado por el dictador Leopoldo F. Galtieri con la administración estadounidense
de Ronald Reagan, a partir de la ayuda que el país sudamericano brindara en la
lucha contra los sandinistas en Nicaragua y América Central.
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4. Drago protestó contra las intenciones de Inglaterra, Italia y Alemania de llevar a
cabo un bloqueo naval para el cobro compulsivo de la deuda externa o apropiarse de
parte del territorio venezolano como parte de pago. Esta premisa es lo que se conoce
en materia de política exterior como Doctrina Drago. El autor señala que ese apoyo
en una coyuntura tan crítica “se convirtió en una fuente de amistad imborrable entre
las dos naciones, por encima de cualquier coyuntura política” (Parejo Hernández,
1999, p. 13).
5. La Resolución 2065 (1965) encuadra la situación de las Islas Malvinas como un
caso de colonialismo en el que reconoce la disputa de soberanía entre la Argentina y
el Reino Unido, e invita a dichos gobiernos a proseguir las negociaciones a fin de
encontrar una solución pacífica a la controversia.
6. El Ejército Argentino desarrolló a partir de 1955 una doctrina propia de combate al
enemigo interno, que se inspiró y tomó elementos de la Doctrina de Seguridad
Nacional estadounidense y de la Doctrina de Guerra Revolucionaria francesa, que
combinados y reelaborados a partir de la propia experiencia, reconfiguró la figura de
la subversión como el enemigo a vencer, “que incluía una extensa variedad de
formas de expresión de la conflictividad interna como, por ejemplo, la que
demostraban las organizaciones político militares o las protestas de trabajadores y/o
estudiantes” (Pontoriero, 2022, p. 31).
7. A su vez, la Argentina tensó la relación al no acoplarse al em bargo cerealero
contra la Unión Soviética impulsado por EE. UU.
8. Entre otros, se estableció un acuerdo para actuar en forma conjunta frente a la
defensa de la constitucionalidad, del derecho a gobernar en función de los resultados
electorales y el com promiso del no uso de la fuerza por parte de las fuerzas políticas
vencidas (Lewit y Wainer, 2014).
9. El Pacto Andino o Comunidad Andina de Naciones es un organismo internacional
conformado en 1969 a partir del Acuerdo de Cartagena, que fija los objetivos de
integración de los países andinos, define un sistema institucional y establece
mecanismos y políticas del grupo; fue firmado por Bolivia, Colom bia, Ecuador y Perú.
En 1973 Venezuela adhiere a dicho acuerdo.
10. Las conversaciones bilaterales en Naciones Unidas en febrero de 1982, hicieron
considerar al gobierno militar que el posicionamiento británico de la defensa de los
deseos de los isleños, frente a la postura argentina de la defensa de los intereses de
los mismos, imposibilitaba la consecución del diálogo (Yofre, 2011, p. 96).
11. La Argentina no consiguió en esa reunión el voto de ningún país del Movimiento
No Alineado como tampoco el veto soviético ni chino. La Resolución 502 (1982) tuvo
el voto positivo de 10 países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Japón,
Jordania, Togo, Uganda, Zaire y Guyana, el voto negativo de Panamá y la abstención
de la Unión Soviética, Polonia, China y España (Carbone, 2008, p. 40). Dicha
aprobación significó una primera derrota diplomática argentina, ya que la sindicaba
como primera agresora, al punto de que ordenaba taxativamente: “La retirada
inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas (Falkland
Islands)” (Resolución 502, 1982).
12. A un año de la creación de la OEA en Bogotá, en el año 1948, la Conferencia de
La Habana hizo una distinción entre Colonias y Territorios Ocupados por países no
americanos, siendo las Islas Malvinas parte de esta última categoría, motivo por el
cual no pueden ser eventualmente reconocidas com o un país independiente, al
tiempo que se solidarizaba con el reclamo argentino. En este m ismo sentido, en 1976
el Comité Jurídico Interamericano hizo un pronunciamiento sobre “los justos títulos
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que posee la República Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas, fundados
en las normas internacionales vigentes en el momento en que tuvo origen el
conflicto” (Declaración del Comité Jurídico Interamericano sobre el problema de las
Islas Malvinas, 1976; énfasis en el original).
13. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido
como Pacto o Tratado de Río, es un acuerdo de seguridad colectiva, aprobado en
1947. En lo central, el tratado establece que un ataque armado contra algún Estado
americano se considera una agresión al hemisferio en su conjunto y, por lo tanto,
obliga a los signatarios a tomar medidas acordadas por el Órgano de Consulta de
Cancilleres del Sistema Americano. Tras varios debates y posturas encontradas en la
Conferencia de Río, se acordó la delimitación de la zona de seguridad en la que rige
el pacto, que por acción de la delegación argentina incluye a las Islas Malvinas y
demás islas del Atlántico Sur. Asimismo, se instituyó que las medidas a adoptar se
discutan en el marco de la Consulta de Cancilleres, con el respaldo de dos tercios de
los países signatarios (Morgenfeld, 2011, pp. 374-376).
14. Convocar al TIAR era para la Argentina más sencillo que tratar el tema en el
Consejo de la OEA, ya que dentro de los estados signatarios del m encionado
acuerdo de seguridad hemisférica no se encontraban la mayoría de los países
caribeños que habían sido colonias del Reino Unido (más proclives a volcar su apoyo
a su otrora metrópoli), mientras que el órgano de consulta del TIAR implicaba
únicamente a 21 países. Al momento de la guerra del Atlántico Sur los miembros
signatarios del Tratado de Río eran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
15. El Esequibo es la región fronteriza entre Venezuela y Guyana, hasta 1966,
Guayana Británica. Comprende una superficie aproximada de 159.500 kilómetros
cuadrados, enclavada en plena selva. El origen de la disputa surge de un laudo
arbitral de 1899 entre la República de Venezuela y el Reino Unido, que le otorgó la
zona al país europeo y que el país suramericano declara nulo argumentando que el
tribunal en cuestión carecía de representación venezolana, pero sí británica (Briceño
Monzón, 2010, p. 6).
16. Antes de convenir su independencia en 1966, el Reino Unido había firmado con
Venezuela el Acuerdo de Ginebra, por el que am bos países se comprometían a crear
una comisión mixta que llegara a un acuerdo para la solución de la controversia
limítrofe en un plazo de cuatro años (Briceño Monzón, 2010). Ante el vencimiento del
plazo de la comisión mixta —ya compuesta por la representación guyanesa en vez
de la británica— y sin avances en la cuestión de fondo, acordaron en Trinidad y
Tobago, el 18 de junio de 1970, suspender por un período de 12 años la aplicación
del Acuerdo de Ginebra (Briceño Monzón, 2014, p. 312).
17. El Gobierno británico dispuso que “las naves de guerra argentinas que se
encuentran dentro de las 200 millas náuticas de las Islas Malvinas, […], corren el
serio riesgo de ser atacadas” (Yofre, 2011, p. 178).
18. Decisión que fue oficializada por el presidente Herrera Campins una vez iniciados
los combates (Ejército Argentino, 1982c, p. 553).
19. Además, el anuncio incluía la suspensión de las exportaciones m ilitares a la
Argentina, la retención de la certificación de elegibilidad de la Argentina para recibir
asistencia militar y la suspensión de nuevos créditos del Eximbank (Pronuncióse EE.
UU. en favor de Gran Bretaña, 1982).
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20. Italia se negó a renovar las sanciones después del 17 de mayo, motivado por
razones de índole interna. Misma postura tuvo Irlanda, a pesar de las presiones
estadounidenses de continuar con las sanciones (Gallego-Díaz, 1982a). Asimismo, el
resto de los países de la CEE prorrogaron el embargo comercial hasta el final de la
guerra (Gallego-Díaz, 1982b).
21. “Artículo 8: Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de
Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de
misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones
consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las
comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas,
radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza arm ada” (Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, 1947).
22. Los puntos en cuestión de la resolución quedaron de la siguiente manera:
“5. Instar al Gobierno de los Estados Unidos de América que disponga el inmediato
levantamiento de las medidas coercitivas aplicadas a la República Argentina y que se
abstenga de prestar asistencia material al Reino Unido, en observancia del principio
de solidaridad continental consagrado en el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca.
[…] 7. Solicitar a los Estados Partes del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca que presten a la República Argentina el apoyo que cada cual juzgue
apropiado, para asistirla ante esta grave situación y que se abstenga de cualquier
acto que pudiera perjudicar ese objetivo” (Resolución II, 1982, p. 3).
23. El canciller argentino se había presentado en dicha ciudad para una reunión del
Movimiento de Países No Alineados que había sido convocada por Cuba a los
efectos de que resultara una declaración de solidaridad con Argentina. En la
declaración final de la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación se destacaron
dos apartados que se reconocía la soberanía argentina de las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur como parte integral de América Latina, además de
deplorar las operaciones británicas en el Atlántico Sur y exigir el fin del apoyo de
Estados Unidos al Reino Unido y el cese de las operaciones militares (Placer
Cervera, 2021, p. 375).
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