Solidaridad social... ¿reactivación productiva?

 
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La declaración de múltiples emergencias, contenida en la flamante ley de solidaridad social y reactivación productiva, quizá suene novedosa para los integrantes más jóvenes del actual gabinete nacional, pero es un capítulo más de la tragedia populista argentina.Hubo que comer pan negro en 1952; pasar el invierno en 1959; la pesificación de depósitos en 1964; el "Rodrigazo" en 1975; la "tablita" en 1978; la estatización de la deuda privada en 1982; el Plan Austral en 1985; el "ahorro forzoso" en 1987; el Plan Bonex y la primera emergencia económica de la democracia (Menem, 1989); el "impuestazo" de Machinea y la segunda emergencia económica (De la Rúa, 2000); el "corralito", el "default" y el quiebre de contratos en 2001; la tercera emergencia económica (Duhalde, 2002), y todas las medidas que alteraron la producción de alimentos, el comercio exterior, el sector energía y el ahorro local durante el kirchnerismo, incluyendo el "cepo cambiario", y la estatización de las AFJP, en 2008.Las palabras crisis y emergencia carecen de sentido en la Argentina. Son tapa de diarios y tema de discursos desde hace casi un siglo. La excepción es la regla y con tantos terremotos autoinfligidos, se han demolido los pilares del capitalismo liberal que inspiraron nuestra Constitución en 1853. La Corte Suprema de Justicia, desde 1922, ha corrido detrás de la política, convalidando todos los desatinos parlamentarios en detrimento de las bases institucionales del desarrollo: la propiedad, el contrato y la seguridad jurídica. Las crisis han motivado medidas de emergencia y estos desvíos de la norma fundamental han sido causa de crisis siguientes hasta llegar a la actual.Nada de eso ha sido gratuito: cada excepcionalidad ha sido una palada más en el profundo pozo del fracaso argentino.Nadie puede ignorar la gravedad de la pobreza, el hambre inexcusable de los niños y la angustia de los excluidos. Ello exige medidas urgentes para paliarlo. También debe lograrse solvencia fiscal para renegociar la deuda externa, bajar el riesgo país y recuperar el crédito internacional. Es plausible que ello sea el primer objetivo del nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán.Sin embargo, en el paquete legislativo no se advierten cambios de fondo que alienten la inversión, la apertura de fábricas, el despliegue del agro, el retorno del ahorro y la expansión del crédito, ni que convoquen con entusiasmo a industriales, profesionales, comerciantes y agricultores, con una visión de futuro...

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