Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 14 de Junio de 2010, expediente L 97010 S

• Ponente: Soria
• Presidente: Soria-Negri-de L
• Fecha de Resolución: 14 de Junio de 2010
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictamen de la Procuración General:

El Tribunal del Trabajo nº 1 de Bahía Blanca hizo parcialmente lugar a la demanda promovida por J.E.S. de D., condenando, en consecuencia, a la firma demandada V.M.S.A.I.C. y F. a abonar al actor los importes establecidos en concepto de indemnización por despido y otros rubros adeudados que detalla (fs. 216/229).

La parte demandada -por apoderado- se alzó contra dicho pronunciamiento mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 238/250).

En sustento del último -único que motiva mi dictamen en estos obrados (v. fs. 263)- denuncia el recurrente violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, en razón de sostener que el tribunal del trabajo interviniente condenó a su representado al pago de la duplicación de la indemnización por antigüedad prevista en el art. 16 de la ley 25.561, sin considerar ni consiguientemente resolver el pedido de inconstitucionalidad oportunamente formulado por su parte respecto de los decretos nros. 883/02; 662/03; 256/03; 1351/03 y 369/04, en cuanto prorrogaron los efectos y plazos establecidos por la citada ley de emergencia 25.561, cuestión que -afirma- reviste indudable carácter esencial y que, por ende, no pudo ser omitida sin comprometer la validez constitucional del fallo impugnado.

Con acierto afirma el impugnante que en ocasión de responder la acción cuestionó la validez constitucional de los decretos que prorrogaron sucesivamente el plazo establecido en el art. 16 de la ley 25.561 (v. fs. 126 y vta.), de modo que ninguna duda cabe respecto de que tal planteo integró la traba de la de litis y si a ello añadimos el innegable carácter esencial que la referida temática inviste con arreglo a lo sostenido V.E. en las causas Ac. 39.921, sent. del 22-V-1990; Ac. 56.375, sent. del 19-XII-1995 y Ac. 79.300, sent. del 11-VII-2001, forzoso es concluir que asiste razón al presentante cuando afirma que no podía dejar de ser atendida y resuelta expresamente por el juzgador de mérito sin quebrantar el deber que como condición de validez de las decisiones judiciales impone el art. 168 de la Carta local.

En consecuencia, he de aconsejar a V.E. que declare la procedencia del recurso de nulidad deducido, aunque limitada al aspecto del fallo que admite el progreso de la duplicación de la indemnización reclamada por el demandante al amparo del ya citado art. 16 de la ley 25.561, devolviendo, en consecuencia, los autos al tribunal de origen para que, integrado con jueces hábiles, dicte el pronunciamiento que corresponde sobre el tópico.

Así lo dictamino.

La Plata, 21 de junio de 2006 - J.A. de Oliveira

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de junio de 2010, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores S., N., de L., P., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 97.010, "Soldevía de D., J.E. contra V.M.S.A.I.C.F.D. de haberes".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 1 de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, con costas a cargo de la accionada (sent. fs. 222/229).

Ésta dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (fs. 238/249 vta.).

Oído el señor S. General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?

   En su caso:

2. ) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?

   V O T A C I Ó N

   A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

   1. El tribunal del trabajo interviniente en lo que interesa hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por J.E.S. de D. y condenó a V.M. Sociedad Anónima Industrial Comercial y Financiera a abonarle la suma que especificó en el pronunciamiento en concepto de vacaciones del año 2002; diferencias en el sueldo anual complementario proporcional; comisiones indirectas e indemnizaciones derivadas del despido, por clientela y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561 (sent. fs. 222/229).

   2. En el recurso extraordinario de nulidad, la parte demandada denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

      En lo sustancial, señala que el sentenciante, al condenar a su parte al pago de la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561, omitió pronunciarse respecto de una cuestión que a su criterio resultaba esencial al tiempo de resolver esta pretensión, cual es la vinculada al planteo de inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia 883/2002, 662/2003, 256/2003, 1351/2003 y 269/2004 que prorrogaron la vigencia de la suspensión de los despidos sin causa justificada y, consecuentemente, la del agravante indemnizatorio en cuestión (v. fs. 248/249 vta.).

   3. Coincido con el señor S. General en cuanto a que el recurso debe prosperar.

      1. En oportunidad de emitir mi voto en la causa L. 80.137, "G.", sent. de 6IX2006, adherí, con algunas consideraciones adicionales, a la opinión vertida por la doctora K. y, en forma parcial, a lo manifestado por el doctor N., quienes propiciaban, ante el supuesto allí verificado de acumulación objetiva de acciones, que la omisión en que había incurrido el tribunal del trabajo respecto de una de dichas pretensiones, provocaba la nulidad parcial del pronunciamiento atacado. En la especie cabe adoptar esta última solución.

         El actor demandó en autos entre otros reclamos el pago del agravamiento indemnizatorio consagrado en el art. 16 de la ley 25.561 (fs. 105 vta.). En su escrito de réplica, la accionada cuestionó la validez constitucional de los decretos que prorrogaron sucesivamente el régimen de "suspensión de los despidos sin justa causa" establecido en la mentada norma (fs. 125 vta./126).

         Tal planteo integró entonces la traba de la litis, y conformó el esquema jurídico que la sentencia debía necesariamente atender para ser válida, pues resulta innegable, que la alegación de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Carta local (conf. causas áL. 93.021, "Taiguan", sent. de 11XI2009; L. 93.238, "G.", sent. de 13VIII2008; L. 48.635, "Soffian-tini", sent. de 16II1993; L. 36.638, "C.", sent. de 22XII1987).

         Luego, corresponde advertir que en el pronunciamiento atacado como bien lo indica la recurrente el tribunal de origen omitió el análisis y resolución respecto de la tacha de inconstitucionalidad esgrimida oportunamente por la demandada. En ello estriba como adelanté la nulidad de la decisión, aunque limitada a la parcela en la que se admitió el progreso de la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561.

      2. En cuanto a la denuncia que sin mayor desarrollo se esgrime con sustento en el art. 171 de la Constitución local, cabe desestimarla en tanto es posible verificar que el pronunciamiento se encuentra fundado en ley.

   4. En virtud de lo hasta aquí señalado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído, disponiéndose la nulidad parcial del pronunciamiento atacado, exclusivamente en cuanto en él se omitió tratar el planteo de inconstitucionalidad de los decretos que prorrogaron "la suspensión de los despidos sin justa causa" establecida en la norma del art. 16 de la ley 25.561; ello, si bien sujeto a lo que eventualmente pueda decidirse en la resolución del restante recurso interpuesto en orden a la legitimidad de la causal invocada por el trabajador para denunciar el contrato de trabajo.

      La causa debe ser devuelta al tribunal de origen para que, nuevamente integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto en la presente (art. 298, C.P.C.C.).

      Voto por la afirmativa.

      Los señores jueces doctores N., de L. y P., por los mismos fundamentos del señor J. doctorS., votaron la primera cuestión también por la afirmativa.

      A la segunda cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

   1. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada invoca absurdo y la errónea aplicación de los arts. 1, 2, 6, 10 y 14 de la ley 14.456; 2 del Convenio Colectivo de Trabajo 308/75; 64, 65, 66 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 2 de la ley 25.323; 16 de la ley 25.561; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 18 de la Constitución nacional y del Convenio Colectivo 119/90 (fs. 238 vta./248 vta.).

      Con fundamento en el Convenio Colectivo de Trabajo que entiende aplicable y en la categoría que le atribuye al demandante, cuestiona la decisión de grado en cuanto declaró que el actor se desempeñó como viajante de comercio, derivando así en una conclusión errónea con relación a la falta del libro especial previsto en el art. 10 de la ley 14.456, y con ello la inversión de la carga probatoria en orden a las pretensas comisiones devengadas por operaciones concertadas con sus clientes, como también el pago de las indirectas y la indemnización por clientela, agrega en el punto, que en autos no se prestó el juramento previsto en la mentada...