Sociología de la Administración de Justicia

Autor:María José Sarrabayrouse
 
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Hola a todos. Me gustaría comenzar esta clase contándoles qué es lo que hacemos en el Equipo de Antropología Política y Jurídica de la UBA; particularmente, contarles cuál ha sido mi derrotero de investigación en el campo de la antropología política y jurídica. Para ello, en la clase de hoy, trabajaremos con una investigación que posteriormente se convirtió en mi tesis de doctorado.

Formo parte del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la UBA, desde 1993, año en el que se creó como una iniciativa de Sofía Tiscornia, quien también es antropóloga y ha sido –y es- la maestra de quienes integramos el Equipo. Si bien hay investigadores de otras disciplinas, quienes formamos parte de él somos, fundamentalmente, antropólogas y antropólogos que trabajamos en el campo de las burocracias judiciales y policiales así como sobre el activismo de los derechos humanos.

En el caso de quienes nos hemos dedicado a estudiar las burocracias penales judiciales, hemos abordado este campo a través de tres grandes líneas de estudio. Por un lado, el análisis de los procesos judiciales que se llevaron a cabo a raíz de casos de violencia policial o violencia institucional. Por el otro, la investigación sobre las reformas judiciales que tuvieron lugar tanto en la justicia federal en 1992, como en la justicia de la provincia de Buenos Aires en 1998 y que implicaron el pasaje del escriturismo a la oralidad. En tercer lugar, y es sobre lo que me interesa que charlemos hoy, la indagación sobre casos ocurridos durante la última dictadura militar, a partir del trabajo con expedientes tramitados durante el período dictatorial, que apunta a reconstruir y problematizar el funcionamiento de las distintas burocracias penales en ese momento histórico particular.

¿Por qué nos han interesado estos casos? ¿Por qué pensar, por ejemplo, el funcionamiento del poder judicial o de la Morgue Judicial durante la última dictadura? ¿O sobre la justicia de menores durante la última dictadura? En principio, porque nosotros creemos que es necesario inscribir el análisis del funcionamiento del sistema penal en procesos de larga duración. O sea, no podemos entender cómo funcionan esas burocracias si no las inscribimos en procesos de larga duración. Y, por otro lado, porque a partir de esta idea de inscripción es que podemos analizar lo que son las rupturas y las continuidades de esas burocracias, más allá de los distintos regímenes políticos imperantes, sean estos autoritarios o democráticos.

Entonces, yendo concretamente al caso de la Morgue Judicial (que el caso que yo trabajé en mi tesis de doctorado), me gustaría que podamos ver cuáles han sido las distintas preguntas que me permitieron plantear un tema de investigación y de allí un problema, que finalmente se estructuraría en la tesis de doctorado. Por eso, yo les decía que, de alguna manera, se trata de reconstruir el derrotero de investigación de esta tesis lo cual nos permitirá pensar el funcionamiento de las burocracias judiciales y también entender qué es lo que hace una antropóloga en el mundo judicial.

En líneas generales, mi objetivo inicial fue analizar las prácticas y el funcionamiento del poder judicial durante la última dictadura militar. Pero ese camino -llegar a esa pregunta, a ese problema, a esa inquietud- yo ya lo había comenzado a transitar varios años antes. ¿Qué quiero decir con esto? Mi tesis de licenciatura en antropología (1998) estuvo centrada en el análisis de la reforma procesal penal federal del año 1992, a partir de la cual se crearon los tribunales orales en la Justicia Nacional. Podría decir que fue en ese momento que comencé a adentrarme en el campo judicial. En esos años también obtuve una beca de Iniciación a la Investigación de la Universidad de Buenos Aires. Ese proyecto, a diferencia del primero, tenía como tema de investigación la creación de la Justicia Contravencional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas investigaciones fueron contemporáneas al desarrollo de las reformas que eran objeto de análisis. Como digo siempre, mi aldea (en términos antropológicos y por utilizar un término exótico), desde mis inicios como investigadora, han sido los tribunales penales, el mundo de la justicia penal.

Siguiendo con este derrotero, mis primeras entrevistas las realicé a mediados de la década de ‘90. Si bien estuvieron centradas en diferentes problemas en función de los temas sobre los que me interesaba trabajar, siempre se ubicaron dentro de un mismo mundo, dentro de un mismo escenario: el judicial. Y una cosa que llamó mi atención desde el comienzo, es que en las distintas entrevistas que fui realizando existía una suerte de lamento permanente, por parte de los operadores judiciales, acerca del funcionamiento o, mejor dicho, acerca del mal funcionamiento de la justicia. Este “lamento borincano” se traducía en frases tales como “esto antes no era así”, “se ha deteriorado mucho el nivel de los empleados y los funcionarios”, “cualquiera puede ser juez”, “la magistratura se ha desvalorizado mucho”.

Estas quejas se presentaban en un contexto particular: el de la reforma procesal penal federal. Como bien sabemos, la reforma implicó la implementación de los juicios orales lo cual conllevó una ampliación tanto en el número de jueces, como en el de funcionarios y empleados judiciales; o sea, una ampliación de la justicia penal a partir de nuevos nombramientos. Así, una de las cuestiones que aparecía permanentemente en las quejas de los entrevistados era el nombramiento de lo que ellos llamaban adictos al menemismo. Esta era la categoría nativa que utilizaban, no la inventé yo. Cuando los antropólogos hablamos de categorías nativas –también podemos hablar de categorías de la práctica, en un formato más sociológico- nos estamos refiriendo a las categorías que utilizan los grupos sociales sobre los que trabajamos. En este caso, adictos al menemismo aparecía como una categoría nativa de los judiciales. Es así, que estos nuevos funcionarios que ya habían sido nombrados, o que iban a ser nombrados, eran catalogados, por aquellos que ya estaban “establecidos” (Elías y Scotson, 2016) en tribunales, como gente que venía de afuera, advenedizos, nuevos, hombres que no habían hecho una carrera en la Justicia. Pero lo que los definía fundamentalmente -para indignación de los agentes tribunalicios establecidos- era que no tenían una historia en el poder judicial. El problema era que no pertenecían a la familia judicial. Y lo interesante es que, en este punto, coincidían tanto los sectores más conservadores como los sectores más progresistas de la justicia.

En este contexto de discusión, lo que comienza a llamar mi atención es que aquellos magistrados que sí tenían una historia en el poder judicial, que sí pertenecían a la familia judicial, habían ingresado, ascendido y/o crecido institucionalmente durante la última dictadura militar. Y la primera pregunta que yo me planteé, tal vez de un modo muy inocente, fue ¿por qué este hecho no era digno de sanción? ¿Por qué esto que yo me estaba preguntando no se lo planteaban los agentes judiciales? Y al plantear este dilema a mis entrevistados, a los empleados, a los funcionarios judiciales, en general recibía respuestas que apelaban a una suerte de edad de oro del poder judicial que –como toda edad de oro institucional- había sido maravillosa y, claramente, no era la que estábamos viviendo… También hablaban de la excelencia de la antigua magistratura, de la excelencia en el ejercicio de los antiguos magistrados, de la formación que tenían los antiguos funcionarios y magistrados. Y lo que aparecía como un elemento recurrente en todos los discursos era el haber hecho la carrera judicial desde abajo. Lo que se planteaba con esto era la importancia de ser un “NYC” en tribunales, es decir un nacido y criado.

En este punto es importante hacer una aclaración: si bien yo hablé de carrera judicial y de familia judicial, ustedes saben perfectamente que ambas categorías no refieren a lo mismo pero, de alguna manera, existe una suerte de juego metonímico entre carrera judicial y familia judicial, que hace que una necesariamente suponga a la otra.

Fue así que estas respuestas me llevaron a la formulación de varios interrogantes: ¿qué es lo que estaban defendiendo quienes apelaban a los hombres de carrera?, ¿qué tipo de relaciones sociales estaban en juego?, ¿qué deudas y obligaciones implicaban este tipo de relaciones?, ¿existía un funcionamiento corporativo en el poder judicial que trascendía los distintos regímenes políticos?3 Entonces, como interrogante más general –y como verán ya estamos dando un salto en el nivel de abstracción- se presentaba la siguiente pregunta: ¿qué es lo que sucede con las instituciones estatales, con las burocracias del Estado en los períodos de quiebre institucional producto de los golpes de Estado? Más específicamente ¿cuáles eran las continuidades y rupturas que existían en el poder judicial que atravesaban los distintos momentos históricos y políticos?.

La forma que encontré para comenzar a responder estos interrogantes fue, justamente, a través de la categoría familia judicial. En este sentido, es necesario hacer una aclaración previa: no sólo el poder judicial tiene relaciones y prácticas familiaristas, también las tiene la policía, el ejército, el servicio penitenciario. El punto es ver cuáles son las especificidades y las consecuencias de pensar en estos términos o de plantear este tipo de relaciones al interior de instituciones del Estado; en este caso particular estamos hablando de la administración de justicia.

La categoría familia judicial se presentaba, entonces, como una categoría nativa pero también como una categoría analítica que me permitiría analizar el funcionamiento de la justicia. Junto con ella recurrí también a herramientas conceptuales, propias de la antropología política clásica, que fueron pensadas para el análisis de sociedades sin estado, o sociedades no occidentales...

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