Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B - SECRETARIA PREVISIONAL, 5 de Octubre de 2021, expediente FMZ 039663/2018/CA001

Fecha de Resolución 5 de Octubre de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B - SECRETARIA PREVISIONAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 39663/2018/CA1

En la ciudad de Mendoza, a los días del mes de del año dos mil veintiuno, reunidos en acuerdo los señores jueces miembros de la sala "B", de la Excma.

Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, D.G.E.C. de D., D.R.A.P. y D.M.A.P., juez subrogante,

procedieron a resolver en definitiva estos autos FMZ 39663/2018/CA1, caratulados:

S.M.L. C/ANSES S/ REAJUSTES VARIOS

, venidos del Juzgado Federal N° 2, en virtud de los recursos de apelación interpuestos el 17/06/2020 por la parte demandada y el 16/06/2020, por la parte actora, contra de la resolución del 9/06/2020

cuya parte dispositiva se tiene aquí por reproducida.

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Debe modificarse la sentencia?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4º y 15º del Reglamento de esta Cámara,

previa y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: Doctor G.E.C. de D., D.R.A.P. y M.A.P..

Sobre la única cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, D.G.E.C. de D. dijo:

1) Contra la sentencia del 9/06/2020 interponen recurso de apelación la apoderada de ANSES el 17/06/2020 y la actora el 16/06/2020, los cuales son concedidos libremente.

2) Elevada la causa a esta Alzada, la apoderada de Anses expresa agravios en fecha 23/09/2020.

Se queja en primer lugar por cuanto el Sr. juez a quo dispuso redeterminar el haber inicial conforme el precedente ‘Elliff’, es decir que al momento de efectuar el recálculo del haber inicial se deberá proceder al ajuste de las remuneraciones tenidas en mira para el otorgamiento del beneficio con arreglo al índice que señala la Resolución 140/95, sin la limitación temporal referida en la norma.

Solicita que se deje sin efecto la aplicación del ISBIC, y reclama la aplicación del RIPTE, por considerar que provee un parámetro de reajuste equilibrado y depurado dado que refleja las variaciones promedio de las remuneraciones.

A continuación marcó la omisión de limitar la movilidad de acuerdo a la doctrina del precedente “V. de la Corte Suprema de la Nación.

Por último se queja de la imposición de costas a su mandante. Cita el art. 21 de la ley 24. 463 del que a su entender el a quo se ha apartado, y jurisprudencia que estima aplicable al caso.

Hace reserva del caso federal.

3) Seguidamente, se presenta la actora y sostiene que se agravia con la sentencia ya que ordena aplicar la Ley Nº 27.541 art. 55 y los Dctos. 163/20,167/20 y Fecha de firma: 05/10/2021

Alta en sistema: 12/10/2021

Firmado por: CLARA M.C., SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

142/20, a los efectos de la suspensión de la movilidad del beneficio del actor, indicado en el art. 32 de la ley 24.241.

Asimismo, se queja de que no ha sido recalculada la PBU, solicitando se re determine la misma teniendo en consideración la actualización del AMPO según la variación del ISBIC hasta la fecha de adquisición del derecho.

4) Corrido traslado, ambas partes contestan en fecha 19/10/2020.

Cumplidos los trámites procesales, el 12/11/2020, pasan los autos al acuerdo.

5) Agravios de la parte actora.

  1. Ingresando al análisis del recurso de apelación vertido por la parte actora referido a la inconstitucionalidad de la ley 27.541 y de los decretos 163/2020 y siguientes, corresponde aclarar lo siguiente.

    a.- De modo previo a resolver, considero que corresponde hacer una breve enunciación de las normas cuestionadas, a los efectos de obtener una mejor comprensión y entender el panorama en que las mismas fueron dictadas.

    La ley 27.541 –denominada Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública–, dictada por el Congreso de la Nación,

    entró en vigor el 23 de diciembre de 2019 y declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, hasta el 31/12/2020, y, por la misma, se delegaron facultades al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con miras a fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, y con el objeto de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos.

    En el artículo 55 de la citada norma se suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad vigente hasta entonces, y se estableció el deber del Poder Ejecutivo de fijar trimestralmente los incrementos de los haberes, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos, hasta tanto una comisión creada a tal efecto proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales.

    Como consecuencia de la norma antes reseñada, el poder Ejecutivo dictó los decretos 163/2020, que dispuso, para marzo de 2020, un aumento del 2,3%

    más un monto fijo de $1500, 495/20, que reconoció, para junio de 2020, un aumento de 6,12% para todas las jubilaciones, y 692/2020, que determinó un 7,5% de incremento correspondiente al mensual agosto de 2020, y el 899/20, un aumento del 5% sobre el haber correspondiente al mensual noviembre de 2020.

    Asimismo, con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) declaró al brote del nuevo coronavirus “COVID-19” como una pandemia. Por dicha razón, por decreto de necesidad y urgencia Nº 260/2020, del 12/03/2020, se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N°

    27.541.

    Fecha de firma: 05/10/2021

    Alta en sistema: 12/10/2021

    Firmado por: CLARA M.C., SECRETARIO DE JUZGADO

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

    FMZ 39663/2018/CA1

    A su vez, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 estableció

    para todas las personas que habitaran en el país o se encontraran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde el 20

    hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, el que fue prorrogado sucesivamente.

    Por otra parte, por decreto 542/2020, se prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2020 la labor de la Comisión mencionada en el tercer párrafo del artículo 55 y en el artículo 56 de la Ley Nº 27.541.

    Ahora bien considero que, en el presente caso es necesario tratar los siguientes temas para poder dilucidar la cuestión:

    1. la constitucionalidad de la ley de emergencia 27.541 y de sus sucesivos decretos;

    2. el alcance, significado de la suspensión y su levantamiento;

    3. la vigencia de la ley 27.426;

    b.- En relación a la primera cuestión, esto es el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.541 y los decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 considero que no corresponde declarar la inconstitucionalidad de los mismos por lo expuesto a continuación:

    En primer lugar, la doctrina judicial argentina ha implantado ciertas reglas en torno a la evaluación final de la constitucionalidad de una norma: a) en principio, las leyes se presumen constitucionales (“Cine Callao”, Fallos, 247:121, y “Trentini”, Fallos, 220:1458); b) la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere plena prueba, clara y precisa, de su oposición con la Constitución (“Perisse”,

    Fallos, 209:200, y “B., Fallos, 306:655); c) el pronunciamiento de inconstitucionalidad exige prudencia y cautela en su emisión: es la última ratio del ordenamiento jurídico, y exhibe un caso extremo de gravedad institucional (“Malenky”,

    Fallos, 264:364; “B., Fallos, 288:325, y “Philco Argentina SA”, Fallos, 306:1597), y d) si hubiese duda, se debe decidir por la constitucionalidad de una norma y no por su invalidez (“B., Fallos, 306:655)” (Sagües, N.P.; “Elementos de derecho constitucional”, tomo 2; pág. 889; Ed. Astrea; 3ª edición; Bs.As.; 2.003).-

    Partiendo de este principio, es momento de empezar a evaluar la constitucionalidad en el caso concreto y para eso, es necesario aclarar que el análisis debe efectuarse dentro del marco de la emergencia sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19.

    Dada la situación de emergencia se dictó la ley 27.541, ella dispone la suspensión de la movilidad fijada en el art. 32 de ley 24.241, por el plazo de 180 días y le delegó la facultad al Poder Ejecutivo para que disponga aumentos trimestrales de los haberes jubilatorios durante dicho período.

    Con el dictado de los decretos 163/2020, 495/2020,692/2020 y 899/2020 el poder ejecutivo fijó aumentos, por lo que cumplió con lo que requería la ley.

    Fecha de firma: 05/10/2021

    Alta en sistema: 12/10/2021

    Firmado por: CLARA M.C., SECRETARIO DE JUZGADO

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

    El art. 1º de la norma en estudio declara la emergencia pública y delega en el Poder Ejecutivo Nacional, las facultades comprendidas en la ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020.

    Cabe aclarar, que no se ha delegado una potestad legislativa absoluta en el Poder Ejecutivo sino que se ha detallado expresamente las prerrogativas que facultan al Presidente a legislar sobre determinadas bases, a las que hacer referencia el art. 2 de la ley.

    La delegación de las facultades no es en principio violatoria del sistema Republicano, por lo tanto tampoco repugnante a la Constitución Nacional,

    siempre que opere dentro del marco de tiempo razonable, como es el de la citada ley;

    resaltando que la delegación, es este caso, se encuentra justificada por la emergencia en la que nos hallamos inmersos.

    En este orden se expresó la Cámara Federal de la Seguridad Social-

    Sala 2, en los autos nº 10543/2020...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR