Sistemas penales y Derechos Humanos ante el denominado terrorismo

Autor:Mariela A. Barresi
Cargo:Docente, UBA.
RESUMEN

El pasado 16 de febrero la Comisión Internacional de Juristas dio a conocer el informe “Assessing Damage, Urging Action

 
ÍNDICE
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1. - Introducción

El pasado 16 de febrero la Comisión Internacional de Juristas 1 dio a conocer el informe “Assessing Damage, Urging Action”, un reporte de los resultados obtenidos por un panel de eminentes juristas2, quienes a lo largo de tres años se avocaron a estudiar y evaluar el impacto de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 -sus normas y prácticas derivadas- sobre un conjunto de sistemas jurídicos3. A tal fin la comisión se valió de audiencias públicas45 y privadas, escritos y testimonios de cuarenta países pertenecientes a diversas regiones del globo6.

Presente, pasado y futuro fueron los ejes temporales de la investigación que no sólo se ocupó de describir las prácticas reñidas con los derechos humanos que siguieron al 9/11, sino que tomó debida cuenta de la similitud entre ellas y los momentos autoritarios del siglo XX, formuló proyecciones y propuso medidas de acción urgentes a fin de resguardar esa plataforma internacional como marco inquebrantable de respuesta a los conflictos.

2. - El informe en presente

En el primer plano -el presente- el informe identificó que la denominada lucha “contra el terrorismo” y las mediadas “emergentes, urgentes y excepcionales”7 que habían sido dictadas a fin de hacer frente al fenómeno habían puesto en severa crisis el paradigma universal de los derechos humanos en tanto marco de actuación incuestionable, aceptado voluntariamente por los estados luego de los horrores de la segunda guerra mundial.

Efectivamente, el informe identificó que los sospechados de terrorismo habían sido reducidos y encarcelados en prisiones secretas donde fueron torturados, abusados, incomunicados por extensos periodos de tiempo -incluso antes de que se les informaran sus imputaciones, de poder tener contacto con un abogado, con el tribunal o con el mundo exterior-, y mantenidos en condiciones que eran consideradas como de trato cruel, inhumano y degradante. Asimismo, apuntó que las personas sospechadas de terrorismo eran sometidas a medidas tales como deportación, detención y medidas administrativas ordenadas con base en tareas de inteligencia secreta desconocidas por la persona afectada.

En el mismo sentido, relevó que los acusados de terrorismo eran presentados ante tribunales especiales o militares sin las garantías de independencia e imparcialidad, y que los procesos se apartaban de las pautas definidas por los derechos humanos en materia de debido proceso.

Constató que la legislación antiterrorista imbuida de un pretendido espíritu eficientista asignaba facultades extraordinarias al poder ejecutivo, con especial atención del poder asignado a las agencias de inteligencia y control. Aquí, se advirtió que se admitieron arrestos y detenciones administrativas a sospechosos, sin control judicial tendiente a definir el número de encarcelados o extensión temporal de la medida, detenciones secretas e interrogaciones, recolección de datos (sin el suficiente resguardo al derecho de privacidad) y rendiciones extraordinarias.

Otra práctica utilizada a los fines preventivos era la utilización de institutos tales como la deportación y detención para deportación (incluidos en las leyes inmigratorias), toda vez que dichas normas asignaban menos garantías (menos prueba, acceso limitado a un defensor o consejero legal, sin control judicial) a la hora de su implementación. También se constató, como práctica habitual y extendida, la confección de listas de individuos y organizaciones sospechadas de estar involucradas en actos terroristas.

Así, bajo la retórica de que el sistema jurídico penal no estaba en condiciones de dar respuesta a los embates del “terrorismo” por ser lento y reactivo, también se constató la instauración de procedimientos deprimidos (prueba reservada, bajos estándares de prueba, testigos anónimos, largas detenciones a sospechosos, entre otras) y tribunales especiales (violando el debido proceso, la independencia e imparcialidad) al tiempo que se admitieron leyes con definiciones vagas...

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