Ni siquiera el Covid-19 frena la ola de desalojos en España

Un grafiti que dice "Queremos trabajar" escrito en la puerta de una tienda cerrada en Sant Adrià

SANT ADRIA DE BESOS.-Son las diez de la mañana, y Sant Adrià de Besòs, un barrio obrero de las afueras de Barcelona todavía se despereza. En una calle corta y estrecha, frente al bloque número nueve, se han reunido una veintena de personas convocadas por el movimiento social contra los desalojos. Algunas van vestidas con monos rojos y gafas de sol. Otros, de estricto color negro y cabellos largos. Se respira un ambiente joven y rebelde. Sant Adrià parece estar a las antípodas de la ostentación y el desenfreno de Wall Street, pero un hilo invisible tejido por una globalización desregularizada conecta estos dos mundos.

Edward Antonio, un dominicano que roza la cuarentena, vive en un humilde sótano del bloque nueve. Todavía. En unos 30 minutos, debería llegar una patrulla de agentes para desalojarlo de la que ha sido su casa durante tres años. Este es ya el tercer intento, pero en las anteriores ocasiones, los abogados que lo asisten lo han evitado, junto con los activistas que interponen su cuerpo entre las porras de la policía y la puertas señaladas. Como Alberto, un joven originario de Zaragoza.

Edward lavando los platos en su sótano

"La vivienda es la nueva línea de ataque de la burguesía liberal. Y hay que defenderla. La vida empieza con cuatro paredes y un techo", proclama este representante del Sindicato de Inquilinas. Según el artículo 47 de la Constitución, todos los ciudadanos tienen "derecho a una vivienda digna", pero se considera una aspiración y no una garantía.

"No tenía dinero para pagar los alquileres desorbitados que se piden, así que por 3000 euros la mujer que estaba aquí me vendió la llave", comenta Edward en el oscuro salón de su casa. De fondo, se oye el sermón de un pastor evangélico en la televisión. No está claro si la antigua inquilina ocupó el piso y luego decidió marcharse, o bien pertenecía a alguna de las mafias que se lucran ocupando viviendas vacías, cambiando la cerradura, y vendiendo la llave a personas en situación precaria por unos pocos miles de euros.

Por unos pocos miles de euros, el nuevo inquilino tiene derecho a ocupar la vivienda y a enzarzarse en una batalla legal por mantenerla o conseguir un alquiler social de alguna institución pública. La crisis financiera del 2008 golpeó con especial dureza las clases populares españolas, y miles de familias, incapaces de pagar sus hipotecas, perdieron sus...