Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 23 de Marzo de 2021, expediente L. 122189

PresidenteKogan-Pettigiani-Torres-Genoud
Fecha de Resolución23 de Marzo de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.189, "Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires contra Ministerio de Trabajo y otro/a. A.S., con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresK., P., T., G..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. resolución electrónica de fecha 21 de agosto de 2018).

Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2018), el que, denegado por el juzgador de grado (v. resol. de fecha 20 de septiembre de 2018), fue concedido por esta Suprema Corte a fs. 106/108, al haberse admitido la queja interpuesta (v. fs. 89/93 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. El tribunal de trabajo, en el marco de la acción deducida por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) con sustento en el art. 47 de la ley 23.551, hizo lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, ordenó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de imponer multa, impulsar y/o proseguir cualquier tipo de proceso dirigido en dicho sentido al sindicato accionante.

    Para así decidir, valorando esencialmente las constancias periodísticas obrantes en autos, consideróprima facieverificados los presupuestos necesarios para la viabilidad de la medida cautelar solicitada, esto es, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (arts. 195, CPCC y 63, ley 11.653).

    Con relación al primero de los recaudos, sostuvo que asistía razón a la accionante, en tanto la cuantía de la sanción pecuniaria cuya aplicación fuera anunciada por la autoridad administrativa del trabajo respecto de la entidad sindical produciría una afectación concreta en su funcionamiento al afectar su patrimonio. Ello -adujo- acarrearía la imposibilidad de cumplir con su actividad, la que se encuentra garantizada por la ley 23.551 y los arts. 14 bis de la C.itución nacional; 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

    Agregó que una de las formas de asegurar la finalidad que compete a dichas entidades es que cuenten con la autonomía necesaria frente a la parte empleadora, debiendo, además, garantizarse la libertad sindical.

    Finalmente, en torno al requisito del peligro en la demora, manifestó que el ejercicio del poder estatal sancionatorio, traducido en la aplicación de una multa, conllevaba una postergación temporal en su efectivización, que no entrañaría su pérdida, por lo que resultaba entonces aconsejable optar por la tutela sindical en el estadio procesal en que se encontraba la causa.

  2. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado...

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