Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Abril de 2009, expediente L 99010

PresidenteKogan-Negri-de Lázzari-Pettigiani-Soria
Fecha de Resolución29 de Abril de 2009
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de abril de 2009, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., N., de L.,P., S.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 99.010, ". ,J.C. contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata acogió la acción deducida y declaró la inconstitucionalidad de la ley 12.836. Impuso las costas a la demandada.

Esta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda incoada porJ.C.S. contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual perseguía el cobro de indemnización por daños y perjuicios sufridos en el desempeño de su trabajo, conforme las normas del derecho civil, ejerciendo la opción prevista en el art. 16 de la ley 24.028.

    En lo que interesa señalar a los fines del recurso deducido, tras tener por acreditado en el veredicto, que el actor padece una incapacidad parcial y permanente del 80% de la total obrera, como consecuencia del accidente motivo de autos, condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que se especificó en el fallo, en concepto de daño material y moral. Por otro lado, declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley 12.836 y su consecuente inaplicabilidad al caso de autos conforme doctrina de esta Corte ("A.", res. del 12-X-2005) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("V. de R., sent. del 26-X-2004).

  2. Contra dicho pronunciamiento se alza el Fisco provincial mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 30 y cctes. de la ley 12.836, ley 13.436; 384 y cctes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; de las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio (arts. 16, 17 y 18 de la C.itución nacional) y de la doctrina legal que cita.

    En sustancia, sostiene que arbitrariamente se la obliga a abonar el monto de condena en una forma no prevista en la ley 12.836, que injusta y erróneamente el juzgador deja de aplicar acatando una doctrina que se encuentra desvirtuada, sin considerar que la misma a la fecha de la sentencia se encontraba modificada por la ley 13.436.

    En este sentir, afirma que esta reforma modifica sustancialmente el régimen de consolidación de deudas establecido por la ley 12.836, incidiendo directamente sobre los argumentos que llevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a esta Corte a cuestionar su validez constitucional en los precedentes "V. de R." y "A." respectivamente, cuya doctrina es acatada erróneamente por el sentenciante.

    Afirma que el régimen establecido por los arts. 1° a 7° de la mentada reforma, incorpora definitivamente en el orden provincial, la alternatividad establecida por los arts. 14 y 15 de la ley 25.344.

    Respecto de la fecha de corte, sostiene que al momento en que el fallo fue dictado, la normativa nacional y provincial se encontraban equiparadas en virtud de la prórroga dispuesta por el art. 58 de la ley 25.725.

    Finalmente, alega que el sentenciante ha adherido dogmáticamente al porcentual de incapacidad fijado en una de las pericias efectuadas en autos, desatendiendo sin descalificarla, a la otra.

  3. El recurso no ha de prosperar.

    1. Por razones de índole metodológicas habré de alterar el orden de los agravios traídos por el recurrente en su escrito de impugnación.

      1. En lo que resulta de interés, el tribunal interviniente tuvo por acreditado que como consecuencia del accidente motivo de autos,J.C.S. presenta lesión témporo parietal izquierda con hematoma subcutáneo y perdida de sustancia, presentando una afasia decomprensión-expresión, presentando como secuela desde el punto de vista psicológico psiquiátrico, demencia debido a otras enfermedades médicas por traumatismo craneal y disparo de arma de fuego, que le generan una incapacidad parcial y permanente del 80% de la total obrera (fs. 442).

        A tal fin, tras evaluar el contenido de los escritos constitutivos de la litis, los informes realizados por los peritos médicos, sus respectivas impugnaciones y aclaraciones, consideró razonable atenerse a las conclusiones alcanzadas por el perito médico psiquiatra doctor D.B. en la experticia médica obrante a fs. 409/411 sostenida a fs. 417/418.

      2. Aduce el recurrente que el juzgador de origen para fijar el porcentaje de incapacidad del actor, ha tenido en cuenta en forma excluyente la experticia referidaut supra, no obstante haber sido impugnada, desatendiendo sin descalificarla, ni declararla nula, a la realizada por el doctor Skrobacki (fs. 319/321) que se pronuncia en sentido opuesto.

      3. Sabido es que la evaluación de la prueba pericial médica, como así también la eficacia que se adjudique a las conclusiones del experto (conf. L. 90.384, "N.,P.A.", sent. del 9-V-2007 entre otras) y la valoración de los elementos probatorios en general, colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización y mérito, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo que en principio no admiten revisión en esta instancia con excepción del absurdo, situación que debe ser cabal y suficientemente demostrada (conf. L. 90.380, "Amerise", sent. del 3-IV-2008, entre otras).

        Y, en ejercicio de tales atribuciones los jueces de la instancia de grado pueden preferir unos elementos de convicción a otros, sin que sea necesario que se refieran a todos los producidos, bastando que lo hagan respecto a los que consideren relevantes para el cumplimiento de su labor axiológica (conf. L. 89.965, "., sent. del 27-III-2008, entre otras).

        En la especie, el impugnante no logra demostrar la concurrencia del vicio que invoca, toda vez que, partiendo de su propia apreciación personal, intenta otorgar preeminencia a las conclusiones periciales que resultan beneficiosas a su postura, y con ello sustituir a los sentenciantes en una tarea que resulta propia, soslayando -por ausencia de crítica frontal o eficaz- las razones por las que el tribunal de grado considero relevantes las conclusiones vertidas por el doctor D.B. en su informe.

        Es dable recordar, que la prueba pericial carece de efecto vinculante. Son los jueces quienes ejercen la potestad jurisdiccional y el perito es un mero auxiliar de dicha actividad (conf. L. 67.678, "B., sent. del 13-VIII-2003).

        En el casosub examine, resulta menester no soslayar, que ela quoponderó especialmente las razones esgrimidas en la impugnación a la primer pericia médica, respecto a la necesidad de obtener opinión formada del complejo cuadro que presentaba el actor, de un especialista en neurología o psiquiatra -como lo es el doctor D.B.-.

        En definitiva, cabe concluir que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se estructura sobre la mera discrepancia de criterio del interesado en torno a la valoración de la pericia médica que efectuó el tribunal de la instancia de grado en ejercicio de atribuciones privativas (conf. L. 74.565, "Schepis", sent. del 2-IV-2003).

    2. El tema traído a conocimiento en orden a dilucidar si resulta o no acertado el reproche constitucional formulado por ela quorespecto de la ley 12.836, fue abordado por esta Corte en la causa L. 88.330, sent. del 31-VIII-2007, donde se afirmó el saneamiento del déficit constitucional que la norma presentaba y que justificara su descalificación constitucional tanto por parte de la Corte nacional en el precedente V. 128.XXXV, "V., sent. del 26-X-2004, como por este Tribunal en la causa B. 59.361, "A.", sent. I. del 12-X-2005, a partir de la sanción de la ley 13.436 (B.O. del 19-I-2006), que la modifica en varios de sus artículos y del dictado del decreto 577 del 28-III-2006 (B.O., 11-IV-2006) reglamentario de ambas leyes.

      No obstante, un nuevo y detenido análisis del alcance superador allí conferido a la ley modificatoria, me lleva a apartarme de lo resuelto en la causa L. 88.330, antes citada.

      En efecto. La reforma introducida al articulado de la ley 12.836 con el fin de alcanzar su adecuación al régimen nacional que adhiere ha sido sólo parcial puesto que mantiene condiciones más gravosas para los derechos de los acreedores cuyos créditos resultan alcanzados por los efectos de la consolidación.

      En esta misma línea que guía el iter reflexivo que me lleva al abandono de la postura a favor del saneamiento del déficit constitucional de la ley de consolidación provincial se ha pronunciado la Corte nacional al emitir pronunciamiento en la causa M. 424. XXXIII, "M., sent. del 26-II-2008 donde brindó un doble orden de razones para sostener la inconstitucionalidad de la norma local.

      El primero de ellos relacionado con el plazo máximo previsto para la cancelación en efectivo de las obligaciones...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR