Silencio del trabajador, no produce efectos en su contra -Corrientes

RESUMEN

Una decisión justa debe tomarse en base a la protección de aquellos derechos que obran en la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 75 inc. 22; Declaración Universal de Derechos Humanos -art.1- y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art.3-). Frente a la desigualdad en el poder negociador entre trabajador y empleador que cuenta con protección legal ( art.9, LC.T.) y ... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

STJ CTES.

En la ciudad de Corrientes, a los trece días del mes de febrero de dos mil ocho, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan, con la Presidencia del Dr. Eduardo Antonio Farizano, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Norma Cristina Plano de Fidel, tomaron en consideración el Expediente Nº L01 -41034931/5, caratulado: “PONCE PABLO MIGUEL C/ MIRIAM RODRIGUEZ Y/O MIRIAM B. RODRIGUEZ Y/O MIRIAM RODRIGUEZ Y OTROS Y/O RODRIGUEZ MIRIAM Y OTROS Y/O COMERCIAL "EL RAYO" Y/O QUIEN RESULTE EMPLEADOR Y/O RESPONSABLE DE LA RELACION DE TRABAJO S/ LABORAL”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Eduardo Antonio Farizano.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

  1. Contra la sentencia N°53 pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Curuzú Cuatiá obrante a fs.528/536 vta., que al hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada revoca la decisión del juez anterior, en lo que a diferencia de haberes e indemnizaciones por falta de preaviso, vacaciones y sanciones de la ley 25.323 concierne, haciendo lugar a la demanda por el total que detalla en concepto de diferencia de indemnización por despido, indemnización por aplicación del art. 16 de la ley 25.561 y la derivada de lo normado en el art. 80 de la L.C.T., compensando esos rubros con las sumas ya percibidas en el convenio privado que luce a fs. 18, con costas a cargo del accionante, el trabajador -por apoderados- interpone el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs.540/546 vta.).

  2. Los recaudos formales previstos para el remedio impetrado han sido satisfechos - plazo y definitividad de la decisión recurrida- no estando obligado el recurrente a cumplir con el depósito de ley al representar a la parte obrera (art. 104, ley 3540). Por consiguiente, corresponde analizar sustancialmente la impugnación deducida.

  3. Endilga el recurrente a la sentencia en crisis violación y aplicación errónea de la ley y doctrina legal. Tacha de arbitrario el decisorio, pues en su opinión cuenta con fundamentos manifiestamente aparentes y dogmáticos. Aduce la existencia de una apreciación absurda de los hechos y prueba, incurriendo - dice- en un desvío notorio de las leyes de la lógica.

    En tal sentido le agravia la errónea interpretación del art. 388 del C.P.C. y C., pues según criterio del quejoso si la demandada se limitó a responder de manera extemporánea (no lo hizo en ocasión de contestar la demanda), que las planillas de caja no existían y que no obraban en su poder, debió aplicarse la presunción consagrada en esa norma al resultar corroborada su existencia con la declaración del testigo Rizzi (fs.212), como por los dichos de Sudria (fs.479 vta.), quienes atestiguaron acerca de la actividad desempeñada por el actor, horarios del cierre de caja y percepción de las comisiones o bonificaciones por los vendedores, que consistían en verdaderos pagos sin registrar bajo el rótulo de adelantos de sueldos, representando el 1,5% del total mensual de ventas. Acreditada entonces la existencia de las referidas planillas, en las que se asentaban las ventas realizadas por su mandante y las sumas sin registrar que se le abonaban, debió aplicarse aquella presunción legal.

    Reprocha al decisorio que no haya tenido por probado el monto de la mejor remuneración mensual percibida, que ascendía a la suma de $ 1.600, remitiendo en cuanto a la prueba de la existencia de cobro de comisiones a los relatos de los testigos Rizzi (décima novena respuesta, fs. 212), Palacio (fs.430 vta.), Kolonietz (fs.432), Coman (fs.436), Confalonieri (fs.438), Acebal (fs.437 vta.) Soto (fs.434 y vta.), Bracco (fs.440/441), Tutti (fs.441 vta./442) y Sacco (fs.446).

    Se disconforma además por apartarse el tribunal de lo dispuesto en los arts. 12, 58, 145 y 240 de la L.C.T., en tanto otorga valor a la fecha de ingreso mencionada en los recibos de haberes, por no haber sido cuestionada por el trabajador durante la relación laboral. Prescinde la Cámara, agrega, de la declaración de Rizzi, como del recibo de fs. 3 que demuestra el trabajo del actor ya en el mayo de 2.000, otorgado como constancia de trabajo cuando la relación no estaba registrada. Impugna en ese sentido el fundamento expresado por el “a quo” en cuanto a la supuesta manifestación de su parte que aquél fue otorgado a modo “de favor” por la demandada, quitándole por ello valor de convicción.

    Refuerza su postura recursiva con la constancia penal extendida con motivo del asalto acaecido el día 04/12/99. Acerca de ese elemento probatorio, critica el razonamiento del juez tachándolo de absurdo y expone la propia visión acerca de la prueba en cuestión.

    Después de sostener la fecha de ingreso denunciada en su escrito inicial, critica la no aplicación de lo estatuido en el art. 1 de la ley 25.323, pidiendo su aplicación conjuntamente con lo prescripto en el artículo 2. Y como corolario, también impugna la liquidación restante, reformulada por la Cámara.

  4. Sintetizados de la manera expuesta los agravios delatados por el recurrente, y confrontados a la luz de los motivos que llevaron al sentenciante decidir del modo que lo hace y normas legales de aplicación al caso, en mi opinión alcanzan entidad suficiente para estimar el recurso de inaplicabilidad sólo parcialmente, en lo que a la fecha de ingreso respecta, desestimando en cambio el primero de los agravios referidos a la aplicación errónea del art. 388 del CP.C.y C., al que seguidamente me referiré.

  5. En efecto, luego de considerar el “a quo” que la efectivización de la presunción del art...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA