Habría sido por encargo el asesinato de un gremialista

 
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Lo obligaron a arrodillarse sobre una calle de tierra de Bella Vista. Eran las 22.10 y los dos asesinos se movían como sombras recortadas por las luces del auto. En ese lugar apartado le apoyaron el arma detrás de la oreja y dispararon. Así, de un solo tiro fue asesinado anteanoche el presidente de la Obra Social del Sindicato de Obreros de Maestranza y tesorero del gremio, Roberto Roger Rodríguez. Para la policía se trata de un crimen mafioso, realizado por sicarios contratados para matarlo.Rodríguez, alineado con la antimoyanista CGT Azul y Blanca, que orienta Luis Barrionuevo, había sido secuestrado una hora antes en el comedor de un club de barrio, en Villa Devoto, frente a los parroquianos y llevado al descampado donde fue asesinado.La obra social que conducía había sido allanada por orden del juez federal Norberto Oyarbide por la mafia de los medicamentos, pero los investigadores relacionan el asesinato con deudas, dinero o un crimen pasional. Ayer se analizaban las cuentas bancarias y tarjetas de crédito. También algunos investigadores deslizan la posibilidad de una venganza motivada en cuestiones sentimentales. Otros arriesgaban una hipótesis distinta: que uno de sus familiares habría sufrido una extorsión y que el asesinato estaría vinculado con que el sindicalista se habría negado a hacer algo. Ayer la esposa de la víctima declaró ante la Policía Federal, pero sus respuestas fueron muy parcas, dijeron fuentes del caso.Ningún investigador suscribía ayer como seguro el móvil político como la razón del contrato que sellaron los asesinos cuando aceptaron cometer el crimen. Se recordaba, sin embargo, que la obra social del Sindicato de Obreros de Maestranza está entre el medio centenar de entidades que están siendo investigadas por el juez Oyarbide en la causa por la mafia de los medicamentos. La sede del gremio fue allanada a fines del año pasado por el magistrado.Pero el caso es similar al de otras obras sociales sindicales mencionadas en la causa: habían adquirido drogas oncológicas o para el tratamiento del VIH y luego cobrado reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE). Se investiga si las drogas se adquirieron realmente, si fueron compradas en el circuito comercial legal y si se reintegró dinero por lo gastado o se trató de una estafa.A pesar de que no hay pistas firmes, la idea de una interna sindical fue abonada por algunos funcionarios judiciales que señalaron que "pasar de copar un gremio para ganar una elección a un...

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