Servicios Públicos: Transporte público de pasajeros: Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU); compensaciones tarifarias; fondos retenidos; pago; medida cautelar autónoma innovativa; procedencia

• Autor: Julio Conte-Grand
• Páginas: 205-209

EL DERECHO ADMINISTRATIVO (t. 2011) 205

pervisor de Seguridad (Área Administrativa). En

consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el

art. 89 del CPCCN, debió haberse ordenado su in-

tervención en esta causa.

Constituye un deber de los jueces señalar,

antes de dar trámite a cualquier petición, los de-

fectos u omisiones de que adolezca el proceso y

disponer de oficio toda diligencia que fuere nece-

saria para evitar o sanear nulidades (conf. art. 34,

inciso 5º, apartado b] del mismo Código). Entre

ellas, cabe incluir la de integrar debidamente la

litis (conf. CNCAF, Sala IV, “Impsat S.A. c/ Mi-

nisterio de Economía y Obras y Servicios Públi-

cos”, sentencia del 21/12/95; Sala III, “El Expreso

Ciudad de Posadas c/ Estado Nacional s/ Juicio

de Conocimiento”, del 12/3/96).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la

Nación ha sostenido que procede la intervención

del tercero en el proceso cuando éste tenga un in-

terés directo, de modo q ue la relación jurídi ca

hecha valer en el juicio sea común con aquél, y

sólo sea posible el dictado de un fallo útil respecto

de todas las partes a quienes afecta de manera di-

recta e inevitable (Fallos: 320:1294, 322:3122,

326:4409; 329:942, 330:4703, entre otros).

Es que la eficacia de la sentencia se encuentra

subordinada a la circunstancia de que la preten-

sión procesal sea propuesta frente a varias perso-

nas, en virtud de la inescindibilidad de la relación

jurídica sustancial, la que no solamente se confi-

gura cuando la ley expr esamente lo prevé, sino

también cuand o se halla determinada p or su

misma naturaleza (conf. Fenochietto-Arazi, Có-

digo Procesal Civil y Comercial d e la Nación –

Comentado y Concordado–, Tomo 1, Ed. Astrea,

2ª edición, 1993, ps. 364/5 y sus citas). Por con-

siguiente, para posibilitar el dictado d e un pro-

nunciamiento útil, que permita el ejercicio pleno

del derech o de defensa de las personas directa-

mente afectadas por la Resolución impugnada en

este expediente, era necesario integrar la litis con

el señor Walter Edgardo Puyol.

En tales condiciones, corresponde declarar la

nulidad de la sentencia de fs. 302/304 vta. (conf.

Fallos: 256:198; 303:2048; 331:1583), y devol-

ver las actuaciones a fin de que se haga efectiva la

integración de la litis en la forma expuesta.

Las costas de esta instancia se distribuyen en el

orden causado, de acuerdo con las particularida-

des que presenta este caso (conf. art. 68, última

parte del C.P.C.C.N.). Así voto.

Los Sres. Jueces de Cámara, Dr. Pablo Galle-

gos Fedriani y Dr. Guillermo F. Treacy, adhieren

al voto que antecede.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo

que antecede, se resuelve: Declarar la nulidad la

sentencia apelada, con costas de esta instancia en

el orden causado (art. 68, última parte C.P.C.C.N.),

debiendo rem itirse la presente causa a los fines

indicados en el párrafo 4º del Considerando VI.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, de-

vuélvase. – Jorge F. Alemany. – Pablo Gallegos

Fedriani. – Guillermo F. Treacy.

Servicios Públicos:

Transporte público de pasajeros: Sis-

tema Integrado de Transporte Automo-

tor (SISTAU); compensaciones tarifa-

rias; fondos retenidos; pago; medida

cautelar autónoma innovativa; proce-

dencia.

1 – C orresponde hacer lugar a la medida cautelar

consistente en q ue se ordene a la Se cretaría de

Transporte accionada abonar a la s actoras las

sumas adeudadas en virtud del SISTAU –Sistem a

Integrado de Transporte Automotor–que no fueron

oportunamente remitidos a la provinc ia de San

Luis, sino retenidos por aquélla, pues, por un lado,

de las circunstancias informadas por la propia de-

mandada resulta claro que la pretensión de las em-

presas reclamantes se sustenta en un derecho prima

facie verosímil, y por otro, el peligro en la demora

aparece configurado por el posible deterioro que

podría sufrir dicho servicio público si estas últimas

no recibiesen los fondos mencionados, hab ida

cuenta de que éstos les fueron otorgados justamente

para asegurarles los mecanismos de financiación

adecuados a fin de que el mismo fuera prestado en

condiciones de regularidad, c ontinuidad, genera-

lidad y uniformidad.

2 – Habiendo quedado acreditado que la pretensión

de la actora se sustenta en un derecho prima facie

verosímil, así como en el peligro en la demora que

se derivaría para la parte, corresponde hacer lugar

a la medida cautelar s olicitada y ordenar que la

Secretaría de Transporte accionada –previo cum-