Servicios Públicos: ENRE: imposición de multa a favor del usuario; habilitación para su cobro; procedencia

• Autor: Julio Conte-Grand
• Páginas: 155-159

EL DERECHO ADMINISTRATIVO (t. 2011) 155

ponerlas en un 75% a cargo de la apelante y en el

25% restante a cargo de la DNC I (conf. art. 71,

CPCCN).

13) Por ello, en mérito de las razones expues-

tas precedentemente, el Tribunal Resuelve: 1)

confirmar parcialmente la d isposición DNCI

443/10 y reducir el monto de la multa impuesta a

la firma Corandes S.A. a la suma de veinticinco

mil pesos ($ 25.000) y 2) imponer las costas en

un 75% a la ap elante y en el 25% r estante a la

DNCI (conf. art. 71, CPCCN).

14) En atención a la naturaleza, re sultado y

monto del litigio; considerando el mérito, calidad,

eficacia y extensión de las tareas desarrolladas en

el marco del recurso tramitado, corresponde re-

gular los honorarios de los Dres. M. J. R. y T. B.

en conjunto en la suma de pesos ... ($ ...) por su

actuación en el carácter de letrado apod erada y

patrocinante respectivamente de la demandada y

los honorarios del Dr. L. D. B. en la sum a de

pesos ... ($ ...) por su actuación como apoderado

de Corandes S.A. (arts. 6º, 7º, 9º, 14, 19 y ccdtes.

de la ley 21.839 modificad a por la ley 24.432).

Los importes fijados precedentemente deberán ser

abonados conforme la distribución de costas dis-

puesta en el considerando 12).

El importe del impuesto al valor agregado in-

tegra las costas del juicio y deberá adicionarse a

los honorarios, cuando el profesional acreedor re-

vista la calidad de responsable inscripto en dicho

tributo (conf. Sala II in re: “Beccar Varela Emilio

- Lobos Rafael Marcelo - c/Colegio Públ. de

Abog.” del 16 de julio de 1996).

Para el caso de que el profesional no haya de-

nunciado la calidad que inviste frente al IVA, el

plazo para el pago del tributo sobre el honorario

regulado, correrá a partir de la fecha en que lo

haga. Así también se resuelve.

15) Advirtiéndose en este acto que se ha co-

metido un error al consignar el nombre de la ac-

tora en la carátula ex pediente, el que de be ser

“Corandes S.A.”, remítase a la Secretaría General

del Fuero a sus efectos.

Se d eja constancia que la Vocalía IV se en-

cuentra vacante.

Regístrese, notifíquese y hágase saber la vi-

gencia de la Acordad a CSJN 4/07. Oportuna-

mente, devuélvase. – Luis M. Márquez. – José L.

López Castiñeira (Sec.: Carlos J. Massia).

Servicios Públicos:

ENRE: imposición de multa a favor del

usuario; habilitación para su cobro;

procedencia.

1 – Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso

de apelació n deducido por el ENRE y, en conse-

cuencia, modificar la sentencia de primera instan-

cia, dejando sin efecto la condena en cuanto ordena

al demandado que promueva las acciones que co-

rrespondan, tendientes a l cobro de la mu lta im-

puesta a la empresa Edesur S.A., a favor de la ac-

tora.

2 – En función del principio de congruencia, el juez

no puede apartarse de los términos en que ha que-

dado planteada la litis en la relación procesal, lo

cual le impide fa llar sobre una cuestión no pro-

puesta por las partes. Además, como derivación del

principio dispositivo, se impone la regla de que son

las partes, exclusivamente, quienes determinan el

thema decidendum,pues el órgano judicial debe li-

mitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido

pedido por aquéllas; al fijarse –a través de la arti-

culación de la pretensión y de la defensa– el al-

cance y contenido de la tutela jurídica. Así, incurre

en incongruencia el juez que, al fallar, se aparta de

las cuestiones incluidas en la pretensión del actor

y en la oposición del demandado.

3 – La multa ha sido impuesta directamente a favor

del usua rio y más allá de la cuestión que pueda

plantearse en torno a su legitimación procesal ac-

tiva. Lo cierto es que no se encuentran razones que

autoricen a concluir que el demandado esté obli-

gado a promover acciones judiciales para que

aquél pueda hacer efectivo el cobro, dado que el

beneficiario puede accionar como titular del dere-

cho y su jeto de la relación jurídica sustancial. Si

en la resolución ENRE 10.608/06 se estableció que

Edesur S.A. debía pagar la multa que se le impuso

y ni siquie ra se trata de un supuesto de bonifica-

ciones a acreditarse en la facturación del servicio,

no queda duda respecto de que se ha creado un tí-

tulo jurídico que habilita a la beneficiaria por el

crédito en dinero a ocurrir a la jurisdicción a fin de

perseguir su cobro. En tales condiciones, no parece

que el caso pueda ser alcanzado por la obligación

de proteger los derechos de los usuarios (conf. art.

2º, inc. a], ley 24.065), ni por la genérica facultad