El servicio público: de la titularidad estatal al derecho de participación de los usuarios. Apostillas al caso 'CEPIS'

Autor:Juan M. González Moras
Cargo:Abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Master en Governo Regionale e Locale por la Universidad de Bologna. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor adjunto regular de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de ...
Páginas:191-212
 
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JURISPRUDENCIA
El servicio público: de la titularidad estatal al derecho
de participación de los usuarios. Apostillas al caso “CEPIS”
Por Juan M. González Moras*
I.- Introducción
El fallo de la Corte Suprema nacional en el caso “CEPIS”1 viene a consolidar
la centralidad que el actual régimen jurídico del servicio público reconoce a los usua-
rios, en la tercera etapa histórica de su regulación en Argentina.2
* Abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Master en Governo Regionale e Locale por
la Universidad de Bologna. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdo-
ba. Profesor adjunto regular de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del
Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
1 CSJN, causa FLP 8399/20l6/CSl, “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la
Solidaridad y otros el Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, sentencia del 18 de agosto
de 2016. En el caso, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS)
promovió una acción de amparo colectivo (artículo 43 de la Constitución Nacional y ley 16.986) contra
el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) con el objeto de que se garantizara el derecho
constitucional a la participación de los usuarios, previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y de
que, en forma cautelar, se suspendiese la aplicación del nuevo “cuadro tarifario” previsto por la resolución
MINEM 28/2016, hasta tanto se diera efectiva participación a la ciudadanía. La Sala II de la Cámara Fede-
ral de Apelaciones de La Plata dispuso, en primer lugar, la acumulación de todas las acciones colectivas
que correspondiesen conforme a lo dispuesto en las acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema de
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primera instancia y declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales cuestionadas y decidió retrotraer la
situación tarifaria a la existente con anterioridad al dictado de las normas privadas de validez. La Corte Su-
prema nacional, por su parte, resolvió, en lo sustancial: “1) Declarar admisible el recurso extraordinario y
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del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, decisión que se circunscribe al colectivo de usuarios
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2 Tratamos esto en: González Moras, Juan M., “El servicio público como derecho social”, Tesis
doctoral, Córdoba, 2016, inédita; como, asimismo: “El servicio público en el actual modelo prestacional
mixto. Sus desafíos regulatorios.”, Revista de Derecho Público, Año 2014 - 2. “Las Regulaciones estatales
de la economía en la Argentina – II”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pág. 165 y sig. Hemos sostenido
allí que las Constituciones nacionales de 1853, 1949 y 1994, inauguran, en cada caso, un modelo o etapa
regulatoria del servicio público. En 1853, centrándose en el régimen de potestades estatales (art. 75, incs.
13, 14, 18); en 1949, vinculándolo a la función social de la propiedad (art. 40); y en 1994, a los derechos
de los usuarios y consumidores (arts. 41, 42, 43 y 75 inc. 22 y 23). Por su parte, los modelos o esquemas
prestacionales que se impondrán en cada caso, si bien estarán moldeados por cada uno de dichos períodos
regulatorios, se encontrarán sujetos a avatares propios y distintivos, lo que nos lleva a considerarlos por
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La reforma constitucional de 1994 es la que señala el inicio de esta tercera
etapa en la regulación del servicio público, en la que –superando la idea del modelo
de servicio público liberalizado que intentó imponer la denominada “reforma del Es-
tado”- cambió su eje discursivo y anclaje jurídico.
Ello, fundamentalmente, por la reintroducción constitucional del servicio público a
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separado. En conclusión, visualizamos tres períodos o etapas regulatorias (cada uno de ellos haciendo
centro en las constituciones de 1853; 1949 y 1994) y cuatro modelos o esquemas prestacionales (sucesiva-
mente: concesional, de 1853 a 1949; estatal, de 1949 a 1989; liberalizado, de 1989 a 2002; y mixto, público
y privado, de 2002 en adelante). Por su parte, Salomoni, entendía que podían visualizarse tres períodos:
1) 1853 a 1945; 2) 1945 a 1989; y 3) 1989 en adelante; conf. Salomoni, Jorge L., “Teoría general de los
servicios públicos”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999). En tanto Cassagne y Bianchi han propuesto la existencia
de cuatro períodos. Cassagne señala los siguientes períodos: 1) 1880-1930; 2) 1930-1943; 3) 1946-1989;
y 4) 1989 en adelante; conf. Cassagne, Juan Carlos, “El surgimiento del servicio público y su adapta-
ción en los sistemas de economía de mercado (Hacia una nueva concepción)”, Revista de Administración
Pública, Núm. 140, Mayo-agosto de 1996, pág. 108); y Bianchi, si bien coincide con la apreciación de
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“Una noción restringida del servicio público (aportes para su cuarta etapa”, en Cassagne, Juan Carlos
(Director), “Servicio Público y Policía”, El Derecho, Buenos Aires, 2006, pág. 79 y 80. En ningún caso, sin
embargo, se toma como hito o punto de partida de una nueva etapa regulatoria a la reforma constitución de
1994.
3 Hemos abordado el tema del nuevo sistema de fuentes internacionales, al menos, en: González
Moras, Juan M., “La Internacionalización del Derecho Administrativo argentino. Principales causas y con-
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Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo. ‘El derecho administrativo argentino. Actualidad y pers-
pectivas’, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2007, pág. 15 y sig.; “El contencioso administrativo y la tutela
judicial efectiva en el marco del principio de igualdad y no discriminación. Principios emergentes del
derecho internacional de los derechos humanos.”, Revista Argentina del Régimen de la Administración
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tencioso administrativo’, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2006, pág. 115 y sig.; “Los Tratados de Derechos
Humanos y su incidencia en el Derecho Administrativo Argentino”, Revista Documentación Administra-
tiva N°267-268, Madrid, 2004; “La responsabilidad internacional del Estado por omisión en materia de
derechos humanos”, en “El Derecho administrativo hoy. 16 años después”, Jornadas organizadas por la
Universidad Austral, Ed. RAP, Buenos Aires, 2013, pág. 447 y sig. En relación con su impacto en materia
de servicio público, ver: González Moras, Juan M. “El concepto de servicio público en los ordenamientos
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de Derechos y Revisión de las Tarifas de los servicios Públicos”, en Lorenzetti, Ricardo Luis, “Emergencia
Pública y Reforma del Régimen Monetario”, La Ley, Buenos Aires, 2002

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