Servicio de comedor en hospitales públicos (II)

 
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No se discute que entre las coaccionadas condenadas y el codemandado Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existió un contrato de concesión del servicio de elaboración y distribución de comidas en los hospitales dependientes de la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos la “Maternidad Sardá”, nosocomio en el que prestaba servicios la demandante (ver en especial reconocimiento de fs. 43 vta. y lo expuesto a fs. 5). Establecido ello, no tengo dudas que el servicio de alimentación y nutrición de un hospital con internación, tal sería el caso de un hospital maternal, forma parte inescindible de la actividad normal y específica propia del nosocomio, por lo que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gestiona los hospitales públicos de su jurisdicción -el art. 21 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que: “La Ciudad conduce, controla y regula el sistema de salud. Financia el área estatal que es el eje de dicho sistema y establece políticas de articulación y complementación con el sector privado y los organismos de seguridad social”-, resulta responsable solidario en los términos del art. 30 L.C.T.. No soslayo que parte de la jurisprudencia sostiene que no es posible extender dicha norma a la Administración Pública cuando se haya vinculado con un contrato de carácter administrativo con un empresario privado, ya que la presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en pugna con lo dispuesto por el art. 30 de la L.C.T., en la inteligencia de que su aplicación presupone la realización de una actividad en fraude a la ley respecto de los trabajadores. Tal criterio se apoya en lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Mónaco, Nicolás y otro c/ Cañogal S.R.L. y otro", sentencia del 2.9.86, TSS 1992-842. Sin embargo, no concuerdo con tal parecer, pues comparto la opinión del doctor Guibourg en cuanto a que el artículo 30 LCT no necesariamente presupone la comisión de un fraude en perjuicio del trabajador (infracción en la que, por otra parte, bien podría incurrir el estado): por el contrario, a fin de evitar juzgar acerca de fraudes de difícil acreditación, impone al contratista principal una responsabilidad solidaria objetiva (ver sent. def. 86.715 en autos “Ciancio Sandra Cristina C/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” del registro de la Sala III de la CNAT).. En efecto, la norma se limita a imponer al contratista principal el control del cumplimiento, por parte del subcontratista, de las normas laborales y de la seguridad...

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