Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 26 de Noviembre de 2019, expediente CAF 029688/2007/CA001

Fecha de Resolución26 de Noviembre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL –

SALA II Expte. nº 29.688/2007 En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2019, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la S.I.I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer de los recursos interpuestos en autos “.,

I.E. y otros c/ EN – PFA y otros s/ Daños y perjuicios”, respecto de la sentencia obrante a fs. 1010/1028, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. L.M.M. dijo:

  1. Por sentencia de fs. 1010/1028 la Sra. Juez a quo hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por el Sr.

    I.E.S. contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional (en lo sucesivo, “G CBA” y “EN”), por los daños y perjuicios que sufriera como consecuencia del incendio ocurrido en el local denominado ‘República de Cromañón’ al que asistiera el día 30 de diciembre de 2004, ordenando el pago de la indemnización por daño moral por $80.000 (pesos ochenta mil) y por tratamiento psicológico por $31.200 (pesos treinta y un mil doscientos).

    1. En cuanto a las vicisitudes del pleito, señaló que a fs. 308/309 se denegaron los pedidos de citación de terceros efectuados por los codemandados. Contra esa decisión, interpusieron sendos recursos el EN y el GCBA, que fueran admitidos parcialmente por esta S. por resolución de fs. 337/338, respecto de la citación requerida en cuanto a los Sres. F., T., F., L., D., Sevald, S. y V., en los términos del art. 94 del CPCCN.

      En consecuencia, a fs. 388 se ordenó en la instancia de grado –en cumplimiento de lo dispuesto por esta S.– la citación de los terceros indicados.

      Sin embargo, a fs. 392 el EN desistió de la citación en relación a los Sres.

      F., T., F. y L., y a fs. 397 y 400 el G CBA hizo lo propio respecto de los Sres. S., V., Villarreal, D. y Sevald.

    2. Luego, la sentenciante de grado se abocó al plano sustancial de la controversia. En orden a ello, tuvo por comprobada la asistencia del accionante al fatídico evento ocurrido en el recinto ‘República de Cromañón’, en razón del subsidio otorgado por el codemandado GCBA (fs. 736, 758 y 764), la resolución emitida por el Juzgado de Instrucción interviniente en el que se tuvo a aquél por parte querellante (fs. 667/670 vta.), el legajo de herido labrado en sede penal (fs. 671/716), y las constancias del Cuerpo Médico Forense (fs. 738/747).

    3. Respecto al fondo de la cuestión, comenzó por rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el EN, en atención a que el actor había Fecha de firma: 26/11/2019 Alta en sistema: 27/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 1 #10677268#250059451#20191125090307856 fundado su pretensión resarcitoria en la deficiencia en los controles por parte de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, por lo que debía determinarse la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad estatal por omisión.

    4. En orden a ello, se remitió a los hechos probados en sede penal, y a los fundamentos y conclusiones de las decisiones allí recaídas, sobre los que se explayó.

      Bajo esta perspectiva, con base en lo actuado en sede criminal, tuvo por verificado un supuesto de falta de servicio, en los términos del art. 1112 del Código C.il (vigente al momento del hecho dañoso), en cabeza del EN y del GCBA.

    5. Admitida la configuración de un supuesto de responsabilidad estatal, se dedicó al examen de la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados (incapacidad sobreviniente por lesiones y secuelas: $90.000; daño moral:

      $80.000; incapacidad psíquica: $80.000; tratamiento psicológico: $28.800; y gastos de traslado, médicos y farmacéuticos: $8.000).

      5.1. En cuanto al daño moral, después de describir las pautas que gobiernan esta partida, consideró equitativo y justo establecer la compensación por los dolores sufridos por el demandante, en la suma de $80.000 (pesos ochenta mil).

      5.2. En relación al daño físico e incapacidad sobreviniente, desestimó la indemnización pretendida, atendiendo a las conclusiones del perito médico legista designado en autos –que por su especialidad se encontraba en mejores condiciones de informar acerca de este tipo de padecimiento–, quien indicó que el actor no presentaba incapacidad alguna.

      5.3. Tras recordar los principios generales que rigen el daño psíquico, y diferenciarlo del daño moral, también con fundamento en el dictamen pericial, desestimó este capítulo, teniendo en cuenta que la incapacidad a resarcir debe ser permanente, y la experta había concluido en la inexistencia de trastornos psíquicos.

      5.4. En cambio, en lo referente al tratamiento psicológico, sostuvo que las conclusiones a las que arribara la perito respecto al carácter transitorio del daño psíquico, que excluye su indemnización, deja sin embargo indemne el derecho del demandante a que se compensen los gastos que insume la asistencia terapéutica que le permita alcanzar una mejor calidad de vida.

      A tales fines, se atuvo a la recomendación de la perito, que surgirió la realización de un tratamiento con frecuencia semanal, por un tiempo no menor a un año, conclusiones que no habían sido desvirtuadas por los codemandados mediante argumentos científicos ni razones verificables.

      Fijó la reparación por este acápite en la suma de $31.200 (pesos treinta y un mil doscientos), sobre la base del valor de $600 (pesos seiscientos) para la sesión Fecha de firma: 26/11/2019 Alta en sistema: 27/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 2 #10677268#250059451#20191125090307856 Poder Judicial de la Nación CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL –

      SALA II Expte. nº 29.688/2007 individual, adoptado en forma reciente en causas análogas –que citó–, por estimarlo razonable.

      5.6. Por último, rechazó la pretensión resarcitoria en lo concerniente a los gastos de traslado, médicos y farmacéuticos. Juzgó que, sin perjuicio de que probablemente el actor había incurrido en dichas erogaciones, lo cierto era que no había efectuado siquiera mínimamente un detalle de ellas (art. 377, CPCCN).

    6. En otro orden, destacó que, según lo informado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la CABA (fs. 736, 758 y 764), el actor había percibido el subsidio otorgado por el G CBA mediante el decreto 692/05. Sin embargo, aquél no guardaba relación con la indemnización reconocida en las presentes actuaciones con fundamento en la falta de servicio, pues el subsidio referido, se fundó –conforme surge de sus considerados– en el principio de solidaridad social, mientras que la reparación es conferida por el juez de la causa en uso de la facultad de establecer prudentemente el quantum indemnizatorio, tomando en cuenta la gravedad de la lesión sufrida, su función resarcitoria, el principio de reparación integral y, esencialmente, la índole de los sufrimientos de quien los padece.

    7. Señaló que –tal como lo resolviera la S.I.II de la Cámara de Casación Penal, en su pronunciamiento de fecha 20/04/12–, todos los codemandados se encuentran obligados al pago de la indemnización de manera solidaria (conf. art.

      1109 del Código C.il, vigente al momento del hecho, y art. 1751, del Código C.il y Comercial de la Nación). Ello, dadas las particularidades extremadamente complejas que presentó el siniestro, en razón del encadenamiento causal de diferentes acontecimientos que derivaron en aquél, desde que todos fueron jurídicamente relevantes y determinaron la obligación de resarcir, siendo causas eficientes de manera conjunta en la realización del resultado perjudicial.

      Al respecto, recordó que con la sanción de la ley 17.711, modificatoria del Código C.il entonces vigente, se suprimió la regla general de la mancomunidad en los cuasidelitos, al extender implícitamente a estos hechos la norma de solidaridad delictual instituida por el art. 1081, como surge del párrafo agregado al artículo 1109, del Código citado.

      Consecuentemente, el actor podría reclamar el monto debido a cualquiera de los responsables, sin perjuicio de las posteriores eventuales acciones de regreso que pudiera intentar quien en definitiva solventara el pago.

    8. Estableció que las sumas adeudadas en concepto de daño moral, serían actualizadas en los términos de los arts. 509 y 622 del anterior Código C.il y arts.

      768 y 886 del Código C.il y Comercial de la Nación (aprobado por la ley 26.994, y en vigencia desde el 11 de agosto de 2015), a partir de la fecha del hecho dañoso Fecha de firma: 26/11/2019 Alta en sistema: 27/11/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 3 #10677268#250059451#20191125090307856 (30/12/04), y hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (art. 10, decreto 941/91 y art. 8°, segundo párrafo, decreto 529/91; CSJN, “YPF c/ Provincia de Corrientes”). En cambio, los intereses correspondientes a los importes destinados a cubrir las erogaciones que irrogue el tratamiento psicológico, correrían desde la fecha del pronunciamiento, habida cuenta que no se había arrimado prueba suficiente en autos de que se hubiesen realizado tales gastos con anterioridad, por lo que correspondía el reconocimiento a futuro, en virtud de los términos del peritaje psicológico.

    9. Dispuso que el crédito se regiría, para el caso en que la parte actora optara por instar su reclamo ante el E N, por las condiciones previstas por el art. 22 de la ley 23.982, mientras que si lo dirigía contra el G CBA, se aplicaría lo dispuesto en los arts.

      399, 400 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y T. de la CABA.

    10. Impuso las costas, en cuanto al fondo de la cuestión, a los codemandados vencidos en el pleito, por entender que no existía motivo alguno para apartarse del principio general de la derrota, y en lo que hace a la excepción de falta de legitimación pasiva, al EN perdidoso (conf. art. 68...

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