Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 27 de Febrero de 2020, expediente CNT 013755/2019/CA001

Fecha de Resolución27 de Febrero de 2020
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii

13.755/2019

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA VII

SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nro. 49012

CAUSA Nro. 13755/2019 - SALA VII - JUZG. N.. 42

Autos: “SERRANO, R.H. C/ ASOCIART ART S.A. S/

ACCIDENTE- LEY ESPECIAL”

Buenos Aires, 27 de febrero de 2020.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 101/103 - que replica la contraria a fs.105/107, destinado a cuestionar la resolución del Sr. Juez "a quo" de fs.95/100, quien tras declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 27.348, desestimó la excepción de cosa juzgada administrativa interpuesta por la accionada con sustento en la referida norma, al considerar que el art. 2 de la citada norma cercenaba el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción.

La Dra. G.L.C. dijo:

Y CONSIDERANDO:

En atención a la índole del tema involucrado se le dio la necesaria intervención del Ministerio Público (arts. 1 y 31 de la ley 27.148) y la Sra. Fiscal General Adjunta Interina se expidió en los términos que surgen del dictamen que luce agregado a fs. 152.

L. se advierte que, el recurso en análisis, no se trata de una de las taxativas excepciones a las que alude el art. 110 de la ley 18.345, empero también es real que la esencia del planteo aconseja su tratamiento, porque la causa ya está radicada ante esta alzada y, en definitiva,

un pronunciamiento adverso a la viabilidad formal de la apelación violaría la teleología de la norma citada.

En efecto, en las presentes actuaciones, la parte actora reclama por las prestaciones dinerarias previstas en el régimen instituido por la Ley 24.557, por la incapacidad que afirma padecer como consecuencia directa de un accidente in itinere que —según dice— habría ocurrido el 7/8/2018 y habiendo instado liminarmente su requerimiento ante la Comisión Médica Nº 10,

ésta concluyó que la accionante no posee incapacidad el 12/12/2017(ver fs.

8/9), resolución que –además- el 23/1/2019 ha sido debidamente aprobada por el Titular del Servicio de Homologación (ver fs. 10). No obstante ello, decidió

iniciar la presente “acción ordinaria directa” el 23/04/2019 (ver cargo impuesto a fs. 23 vta.), más no siguió la vía recursiva a la que alude la normativa de aplicación (ver que con fecha 19/02/2019 se dispuso el archivo del reclamo administrativo, cfr. fs.145), momentos todos a los cuales ya se hallaba en Fecha de firma: 27/02/2020

Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.A.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: H.H.K., SECRETARIO

Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CAMARA

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vigencia la ley 27.348 y, que en el trámite de estas actuaciones, pretende la recurrente tildar de inconstitucional.

Ahora bien, en cuanto a la inconstitucionalidad de la normativa aludida, diré —tal como ya lo vengo sosteniendo en las numerosas causas sometidas a mi conocimiento— que sustento la constitucionalidad del art. 1º de la misma, en tanto establece que, la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá una instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, fijando su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas por la ley especial (ver en ese sentido, S.

I. Nº 49.138, del 31/10/18, Expte. Nº 82.887/2017, in re “Oviedo Victoria Rosa c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente-ley Especial”, de esta Sala).

Así pues, entiendo, en concordancia con antecedentes jurisprudenciales existentes sobre el tema, que la cuestión relativa a la legitimidad y a la constitucionalidad del carácter obligatorio de un proceso o etapa administrativa previa como requisito ineludible para habilitar el acceso a la justicia debe ser analizada a la luz del criterio fijado por la C.S.J.N. in re “Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 – S.. Energía y Puertos s/ recurso extraordinario” de fecha 5/4/2005 (Expediente 750-002119/96). En dicho precedente, el Superior Tribunal determinó la viabilidad de estos tipos de procedimientos administrativos, cuando ellos deban cumplirse ante organismos de la administración creados por ley y dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares, en la medida en que su independencia e imparcialidad estén aseguradas, en tanto el objetivo económico y político tenido en consideración por el legislador para crearlos y restringir así la jurisdicción que la C.N. atribuye a la justicia ordinaria haya sido razonable, como así

también que sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.

A partir de esta postura, considero que la norma procesal analizada cumple adecuadamente con los presupuestos enunciados precedentemente, por cuanto la reforma introducida por la ley 27.348 tuvo como finalidad, precisamente, que los reclamos fundados en la L.R.T. requieran la necesaria intervención de los organismos médicos creados a fin de determinar la existencia de una minusvalía resarcible en el marco de dicho régimen. Se trata, pues, de la necesidad de requerir la intervención de expertos en medicina Fecha de firma: 27/02/2020

Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.A.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: H.H.K., SECRETARIO

Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CAMARA

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que posibiliten un adecuado juzgamiento...

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