En septiembre, reanudarán las obras de las represas de Santa Cruz

Al margen de la audiencia pública celebrada ayer en el Senado por orden de la Corte Suprema de Justicia para que 120 oradores expongan los argumentos a favor y en contra del megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, nada logrará impugnar una decisión ya tomada por el presidente Mauricio Macri. La determinación se produce en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China y de generación de 5000 empleos para la provincia de Santa Cruz.

Eso quedó claro ayer en la audiencia que continuará hoy, donde los ambientalistas volvieron a rechazar las hidroeléctricas sobre el último río de origen glaciar que corre libre hasta el Atlántico.

Las visiones son irreconciliables: donde unos ven un paraíso de biodiversidad y de servicios ambientales, otros ven oportunidades energéticas y un aporte para reducir las emisiones de carbono como alternativa a las fuentes térmicas de energía. El Gobierno también concibe las hidroeléctricas como un eslabón estratégico en una matriz diversificada, que necesita de la generación continua de energía para incrementar la producción de renovables. Así lo hicieron saber el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y su equipo, que abrieron el debate junto al titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.

El Gobierno apuesta a reanudar en septiembre las obras de las rediseñadas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, a un costo de US$ 4524 millones, financiadas en un 85% por China en un plazo de 83 meses. Tendrán una potencia instalada de 1310 MW y ocho turbinas. Aportarán un 4% de la demanda energética total, con la garantía -indican- de que no se verán afectados los niveles del lago Argentino ni la dinámica del glaciar Perito Moreno. El Ministerio de Ambiente, señaló Bergman, implementará un plan de mitigación y compensación para los impactos sobre el ecosistema con un presupuesto total de US$ 400 millones.

Estará orientado al frágil estuario del río, lugar de invernada del macá tobiano, un ave endémica y en peligro crítico de extinción. También, a resguardar los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que quedarán sepultados bajo los dos embalses de 43.000 hectáreas.

Más allá de los avales al nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) hecho por la estatal Ebisa con el aporte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -el mismo organismo del Conicet...