Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 19-03-2018

Fecha de Resolución:19 de Marzo de 2018
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2079/16-TSJ
Interlocutorio N°: 620.-
Actor: MORENO NILDA ELIZABETH
Demandado: MINISTRIO HIJOS DEL ALTÍSIMO
Objeto: S/ LABORAL
Fecha: 19-03-2018
Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 620
FOLIO Nº 3566/3575
PROT. ELECT. TSS1 002 S.181
Río Gallegos, 19 de marzo de 2018.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “MORENO NILDA ELIZABETH C/ MINISTERIO HIJOS DEL ALTÍSIMO S/ LABORAL”, Expte. Nº M-23.275/10 (M-2079/16-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
CONSIDERANDO:
I.- Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 478 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó la sentencia obrante a fs. 350/358 vta., y la resolución interlocutoria de fs. 373/377.”.-
En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, -el haber dictado las resoluciones impugnadas que vienen a este Tribunal con motivo del recurso de casación-, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II.- Seguidamente debe efectuarse el tratamiento del recurso de casación interpuesto a fs. 362/371 vta., por los Dres. Juan Lucio R. de la Vega y Roberto Marcelo Saldivia, en su carácter de letrados apoderados de la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 350/358 vta., por cuanto revocó la sentencia dictada en Primera Instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Nilda Elizabeth Moreno con costas en ambas instancias (conf. fs. 297/306).-
III.- El caso se presenta en los siguientes términos: La Sra. Nilda Elizabeth Moreno, por intermedio de sus apoderados, promueve demanda laboral contra Ministerio Hijos del Altísimo (asociación de la cual depende el Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónico -en adelante ICEP- con sede en la ciudad de Río Gallegos), en su calidad de docente, solicitando indemnización por despido -artículo 245 de la LCT-; Indemnización Sustitutiva de Preaviso -artículo 232 de la LCT-; Integración mes de despido; SAC s/ Preaviso; SAC proporcional 2° semestre 2009; indemnización del artículo 2 de la Ley Nº 25.323 e indemnización del artículo 80 de la LCT (conf. foja 7 vta.). La demandada, por intermedio de sus apoderados, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes por entender que la actora fue despedida por razones justificadas e impugna la liquidación practicada por la misma (conf. foja 72/75).-
La sentencia de Primera Instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, condenando al Ministerio Hijos del Altísimo a pagar a la actora la suma resultante de la liquidación que se practicara por los rubros mencionados supra; rechazando la indemnización dispuesta en el artículo 80 de la LCT, con costas a la demandada perdidosa (conf. foja 306).-
Por su parte, la sentencia de Cámara revoca la sentencia recurrida, rechazando en todas sus partes la demanda interpuesta, confirmando el punto 2, esto es el rechazo de la indemnización prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. foja 358 vta.).-
IV.- Contra dicha decisión la parte actora interpone recurso de casación, aduciendo, que se ha configurado “…violación y la errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal vigente, y el absurdo en la valoración de la prueba…” (cfr. foja 362), por lo cual solicita se deje sin efecto la sentencia en crisis; “…confirmando la sentencia del señor Juez de Primera Instancia y haciendo lugar íntegramente a la demanda.” (cfr. foja cit.).-
Afirma que la sentencia de Cámara “Omite analizar la inexistencia de un sumario practicado por autoridad oficial competente, exigido por el art. 13 del Estatuto del Docente Privado (Ley Nº 13.047), situación que constituye el supuesto de violación de la ley que habilita el Recurso de Casación. El mismo defecto se observa respecto de la indemnización del art. 80 LCT. Esa omisión implica, al mismo tiempo, en el presente caso, una violación de la doctrina legal vigente del Excmo. Tribunal Superior, conforme a la cual el tribunal de alzada, al revocar una sentencia de grado, está obligado a considerar los argumentos expuestos en la demanda que el actor victorioso en primera instancia no ha apelado. La sentencia contradice además sendos precedentes de la misma Cámara de Apelaciones, lo que genera grave incertidumbre respecto de los temas decididos. Incluso soslayando el requisito del sumario previo, la Cámara de Apelaciones analizó de manera absurda la prueba, otorgando importancia decisiva a prueba preconstituída por la demandada sin intervención de la trabajadora, que no tuvo oportunidad de defenderse, y teniendo por comprobado un hecho mediante la declaración de testigos que en ningún caso presenciaron los hechos. En lugar de aplicar el principio pro operario, analizó las constancias de autos contra operario, integrando distintos elementos de la causa que llevan a una solución injusta.” (cfr. foja 363). En cuanto a la falta de sumario, afirma que “...no podía ser sustanciado en sede del instituto demandado, sino que debía estar a cargo de ‘autoridad oficial competente’. Dicha autoridad, en el caso de la provincia de Santa Cruz, es el Consejo Provincial de Educación (‘CPE’). Así resulta de los arts. 54, 62 y concordantes de la Ley N° 263, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2.411. En consecuencia, los sumarios administrativos a docentes privados deben atenerse al ‘Reglamento de Investigación Sumarial’ dictado por el CPE mediante Acuerdo Nº 219/96. Esta afirmación ha sido corroborada por la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos del CPE en su respuesta al oficio librado en autos. En la misma respuesta, el CPE informó también que la demandada jamás instó la promoción de un sumario administrativo a nuestra mandante, por lo que el sumario no existió...” (cfr. foja 363 vta.).-
Sostiene que la sentencia contradice un precedente de la misma Cámara de Apelaciones respecto de la obligatoriedad de efectuar el sumario previo en sede administrativa y envía un mensaje confuso respecto de ello (conf. foja 367 vta.).-
Asimismo, señala que la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones contradice doctrina legal sentada por este Tribunal Superior de Justicia. En particular, se refiere a la sentencia recaída en la causa “Candia, Rita Carlina F. c/ Sucesores de Constantino Mattis s/ Disolución y liquidación de sociedad”, del 15-05-2013 y registrada al Tomo XVI, Registro Nº 554, Folio Nº 3128/3138 (conf. foja 366). Al respecto, expresa: “Antes de revocar la sentencia de primera instancia, la Cámara de Apelaciones debió analizar el argumento de la demanda referido a la obligación de la accionada de requerir al CPE la realización de un sumario administrativo a la trabajadora antes de despedirla. Ese argumento fue debidamente incorporado en la demanda. Pero como la sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo de la actora por otras razones -por considerar desproporcionada la injuria-, esta parte no tenía interés jurídico para agraviarse por el motivo que llevó al a quo a decidir así. Es decir, nuestra mandante no podía apelar el fundamento de la sentencia, en tanto el resultado final le era favorable. A pesar de ello, al contestar los agravios de la demandada, renovamos el argumento en cuestión...De este modo, expresamente pedimos a la Cámara de Apelaciones que tuviera en cuenta, en caso de decidir considerar los agravios de la demandada, que se había omitido el sumario administrativo obligatorio.” (cfr. foja 366 vta.).-
En cuanto a la “absurda valoración de la prueba” que alega, expresa: “Sin perjuicio de las causales ya desarrolladas, la sentencia de la Cámara de Apelaciones también analizó de manera absurda la prueba producida, otorgando importancia decisiva a las declaraciones de las personas que declararon en autos, ninguna de las cuales efectivamente presenció los hechos en que se fundó el despido. Paralelamente, no tuvo en cuenta que no se otorgó a la trabajadora la oportunidad de defenderse.” (cfr. foja 367 vta.). A continuación, se refiere a la omisión en la sentencia de aplicar el principio del artículo 9º de la LCT: “Lo expuesto a lo largo de esta presentación demuestra que no se ha tenido en cuenta el principio del art. 9º LCT, que aplicando el principio in dubio pro operario, manda resolver las situaciones dudosas a favor del trabajador, tanto en lo que respecta a la aplicación del derecho como a la valoración de la prueba.” (cfr. foja 369).-
Finalmente, se refiere a la indemnización del artículo 80 de la LCT, en estos términos: “La sentencia de la Cámara de Apelaciones rechaza la multa en cuestión. Aparentemente, el tribunal considera que la entrega de la Certificación de Servicios en la audiencia de contestación de demanda purga la mora en que se encontraba la demandada tras la intimación de esta parte y el transcurso del plazo del art. 80 LCT. En este sentido, si bien la demandada expresó que la Certificación de Servicios estaba ‘a disposición’ de esta parte, no cumplió con la obligación de entrega que le imponía la norma. Es que esa obligación, típicamente de resultado, no se satisface con el sólo hecho de poner a disposición el instrumento, pues es necesaria, para su cabal cumplimiento, la efectiva entrega del certificado.” (cfr. foja 369 vta.).-
Mantiene reserva del caso federal (conf. foja
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