Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 30-11-2010

Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2010
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial E.. N°: M-1.613/07-TSJ
Sentencia N°: 504
Actor: MARIÑANCO ALICIA Y OTRA
Demandado: NAHUELQUIN ISABEL Y OTROS
Objeto: LABORAL
Fecha: 30-11-10
Texto: TOMO XV – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 504.-
FOLIO Nº 2.816/2.826.-
PROT. ELECT. TSS1 028 S.101
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a treinta días del mes de noviembre de dos mil diez, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. D.M.M., Dr. E.O.P., y la Dra. A. de los Ángeles M., bajo la presidencia de la Dra. C.S., para dictar sentencia en los autos: “MARIÑANCO ALICIA Y OTRA c/ NAHUELQUIN ISABEL Y OTROS s/ LABORAL”, E.. Nº M-398/05 (M-1.613/07-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. E.O.P., 2º) Dra. A. de los Ángeles M., 3º) Dr. D.M.M., y 4º) Dra. C.S.; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTION: Es procedente el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 416/425?; SEGUNDA CUESTION: Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la PRIMERA CUESTIÓN el Dr. P. dijo:
I.- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 416/425, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial obrante a fs. 406/411 vta.. Se agravia “…en relación al rechazo de la solidaridad solicitada y con respecto a la Provincia de Santa Cruz-, en cuanto al pago de indemnización por despido, diferencia[s] salariales y demás rubros reclamados por la parte que represento...” (confr. fs. 416).-
En el relato de los antecedentes de la causa explica que las actoras trabajaban como dependientes de N. “…contratadas a fin de prestar tareas para y dentro del Hospital Distrital de Puerto Deseado…” (confr. fs. 417), realizando labores de limpieza. Agrega que “…En julio de 2004, en la Delegación de Trabajo local, fue[ron] abonado[s] (por personal del Hospital Distrital de Puerto Deseado -ver expediente administrativo agregado por cuerda) rubros salariales.- La Provincia de Santa Cruz ha sido demandada en su carácter de solidaria, teniendo en cuenta que las actoras cumplían tareas de LIMPIEZA dentro y para el HOSPITAL DISTRITAL (ocasionalmente en el Hogar de Ancianos también dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales), delegando la provincia de Santa Cruz, dicha actividad que resulta propia al giro de un Hospital a un tercero, no habiendo fiscalizado conforme le es exigido por el art. 30 de la LCT el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, debiendo por el articulado referenciado, exigir a la Sra. NAHUELQUIN el número de Código Único de Identificación L. de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos de trabajo; entre otros requisitos éstos que no pueden ser delegados en terceros.- Se expresaba que la limpieza resulta un elemento básico y propio de un Hospital, atento a los servicios que brinda el mismo, indispensable para el cumplimiento de su fin que es brindar salud, donde la limpieza es un requisito intrínseco, permanente y esencial al mismo, actividad que dicha entidad ha decidido delegar en un tercero, no tomando los recaudos de control que la ley exige, de allí la responsabilidad por parte de la Provincia de Santa Cruz. Si la Provincia de Santa Cruz hubiera tomado los recaudos pertinentes, de ningún modo nos encontraríamos ante un empleador insolvente, que no puede afrontar ni el pago de los salarios…” (confr. fs. 417 y vta.). Sostiene que la sentencia de Cámara que desestima el recurso de apelación respecto de la solidaridad planteada “…Es atacable… por cuanto resulta violada la ley, abarcando este término tanto una defectuosa aplicación, como la no aplicación de principios laborales, falta de valoración adecuada de la prueba, incurriendo en una sentencia absurda.- En efecto, la Excma. Cámara de Apelaciones no consideró adecuadamente las prescripciones o aplicó erróneamente los arts. 2, 9, 11, 30, 63, y sus c.c. de la L.C.T, art. 50 ley 1444; aplica en forma errónea normativa de derecho administrativo, violentando así los principios de la sana crítica, a la vez que se incurre en absurdos, no se obtiene una sentencia fundada, ni derivada de los antecedentes de la causa y la prueba producida…” (confr. fs. 417 vta./418). Agrega que el voto del Dr. M. al afirmar que “¼‘…la cuestión debe apartarse del derecho laboral pues amén de que las normas de la ley de contrato de trabajo no son aplicables al personal de la administración pública (art. 2 inc. a) LCT), en el subelite (sic) el Estado provincial ha intervenido dentro de la esfera de su actividad específica al celebrar, con la empleadora, un contrato regulado por la ley de contrataciones públicas que impone la presunción de legitimidad que rige en materia de actos administrativos… Y habida cuenta que la norma cuya aplicación se pretende (art. 30 LCT) tiene como objetivo protectorio el amparo de los trabajadores frente a supuestos de interposición simulada por insolvencia de los contratistas, dada la presunción de legitimidad de los actos realizados por el estado, como comitente, resulta inadecuado imputarle responsabilidad bajo la figura del fraude laboral y mucho menos hacerle patrimonialmente responsable por las conse-cuencias de los contratos de trabajo en los que no intervino…’ violenta la ley. Manifiesta que “...La sentencia como acto decisorio, debe ser el resultado de la correlación entre lo apuntado por las partes, y lo probado en el expediente. El Dr. M.… afirma que el Estado ha intervenido dentro de la esfera de su actividad específica al celebrar con la empleadora un contrato regulado por la ley de contrataciones públicas, que impone la presunción de legitimidad...” (confr. fs. 418 y vta.) preguntándose “... ¿cómo arriba a dicha conclusión el Dr. M.? La Provincia de Santa Cruz, no se ha presentado en el expediente, no ha contestado demanda, como tampoco ha expresado porque no debería responder ante el reclamo... No se ha acreditado ni el tipo de contratación ni las cláusulas contractuales… ¿cómo puede entonces sostenerse válidamente que el supuesto contrato que uniera a la empleadora N. con el Ministerio de Asuntos Sociales (Provincia de Santa Cruz) se encuentre regulado por la ley de contrataciones públicas y que de allí deviene la presunción de legitimidad que rige en materia de actos administrativos?…” (confr. fs. 418 vta.). Sostiene que, -en dicho punto- la sentencia resulta violatoria del artículo 50 de la ley 1.444 ya que “…Por su lado, no existe prueba alguna que nos permita aseverar cual fue el marco de la contratación, o bajo qué naturaleza contractual actuó N., y es allí donde se incurre en un absurdo, pues los Sres. C. tienen por probado (sic) cuestiones que no han sido probadas, siquiera controvertidos (sic)...” (confr. fs. 419). “…Lo que sí se encuentra probado en el expediente es la prestación de servicios para el Hospital Distrital de Puerto Deseado, la falta absoluta de control por parte de la Provincia, el despido sin causa, y el pago efectuado por representantes del Hospital en la Delegación de trabajo local, también se encuentra probado la falta de cumplimiento por parte de la Provincia, de la obligación de control que le compete. No pueden los Sres. Jueces abstraerse ante la situación planteada, resolviendo en forma tan liviana, diciendo que existió determinada contratación pública cuando ello no fue probado, considerar legítimo el acto y aun cuando así fuera, no fue invocado como defensa a fin de exonerarse de responsabilidad, por lo que no era un tema que podía ser tratado por la Excma. Cámara…” (confr. fs. 419 vta.). Arguye que “…los Sres. C., basan el decisorio en la legitimidad del acto administrativo, dejando de lado todo principio laboral y protectorio, no analizando la realidad de la contratación, la falta de control por parte del Estado, quien tan livianamente no observa el cumplimiento de la normativa laboral para quienes prestan sus servicios para ella…” (confr. fs. 420). Se agravia de que se excluya el caso de la aplicación de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo ya que “…Los Sres. C. excluyen la aplicación de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo citando el art- 2 inc. a) de la LCT, cuando en realidad considero ha existido una errónea aplicación de la ley. En efecto en el presente caso no se discute si mis mandantes resultaron o no dependientes de la Administración Pública, sino que siendo dependientes de la demandada N. (y durante toda la relación prestaron servicios realizando la[s] tareas de limpieza para y dentro del Hospital Distrital de Puerto Deseado), no habiendo fiscalizado el Ministerio de Asuntos Sociales el cumplimiento adecuado de las obligaciones por parte de N. con respecto a sus dependientes, las actoras son despedidas sin causa... No se trata de la aplicación o no de la LCT al personal dependiente de la Administración Pública Provincial, toda vez que se trata de la extensión de responsabilidad solidaria y no de relación laboral directa con la Provincia, por lo que no resulta excluido en su aplicación. Es por lo expuesto que la Exma. (sic) Cámara aplica erróneamente la ley, excluyendo a las actoras de la aplicabilidad de la LCT cuando no son empleadas públicas…” (confr. fs. 420 vta.). No obstante ello, agrega, que no puede obviarse el contenido de la ley Nº 2.022 por la cual “…el personal de la administración pública se encuentra comprendida en las convenciones colectivas de trabajo, por lo que resulta aplicable las normas de derecho común, es decir que los Sres. C. no aplican tampoco la normativa referenciada…” (confr.
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