Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 04-05-2011

Fecha de Resolución: 4 de Mayo de 2011
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
 
EXTRACTO GRATUITO
Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-1.693/09-TSJ
Sentencia N°: 514
Actor: SIDES EDUARDO
Demandado: COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD ARGENTINO S.A.
Objeto: LABORAL
Fecha: 04-05-11
Texto: TOMO XV – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 514
FOLIO Nº 2.884/2.889
PROT. ELECT. TSS1 008 S.111
Río Gallegos, 4 de mayo de 2011.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “SIDES EDUARDO c/ COM-PAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD ARGENTINO S.A. s/ LABORAL ($ 22.707,87)”, Expte. Nº S-21.231/06 (S-1.693/09-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y,
CONSIDERANDO:
I.- Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 133/135 contra la sentencia dictada a fs. 124/127 vta. por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Esta última confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda y condenado en costas a la actora.-
La accionante funda su recurso en errónea aplicación de la ley (art. 3º ley 1.687) debido a que el fallo al subsumir el caso en la ley 22.248 (de trabajo agrario) en lugar de la ley 20.744 (de Contrato de Trabajo) ha violado las garantías de los artículos 14 bis, 16 y 18 de la Constitución Nacional, así como también los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y la Ley Nacional 23.592 que prohíben toda forma de discriminación. En consecuencia, dice, que no se ha resuelto la cuestión en base al plexo normativo adecuado. Asimismo tacha al decisorio de arbitrario por no resultar una derivación razonada del derecho vigente y por ser violatorio del artículo 34 inciso 4º del CPC y C porque, a su entender, no se halla debidamente fundado y no ha respetado la jerarquía de las normas y el principio de congruencia.-
II.- En autos el señor E.S. promovió demanda contra Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., reclamando el pago de la suma de pesos 22.707,87 en concepto de indemnización por la disminución de la capacidad laboral producida con anterioridad al distracto laboral (que se verificara a partir de su renuncia para acogerse a la jubilación por invalidez). Basa su pretensión en los artículos 208 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el 71 de la Ley 22.248 (confr. fs. 40 y vta.).-
Si bien en su libelo reconoce que es un trabajador rural y que la relación laboral con su empleadora se encuentra regida por la ley 22.248, considera que tiene derecho a la indemnización prevista en el artículo 212 de la LCT, pues ello deriva de normas superiores de jerarquía constitucional como son los artículos 16 (garantía de igualdad) y 14 bis (protección del trabajo en todas sus formas) de la Carta Magna.-
La demandada basó su descargo en que no corresponde otorgar la indemnización de los artículos 208 y 212 de la LCT, pues la relación entre las partes está regida por la ley del trabajo agrario (Nº 22.248), la cual prevé que sólo habrá lugar a la indemnización por incapacidad (art. 71) cuando el empleado fuera despedido por el patrón, lo que no aconteció en este caso, donde fue el Sr. S. quien renunció para aco-gerse a la jubilación por incapacidad permanente. Expresa que comunicada la enfer-medad del actor, su parte le pagó los salarios por enfermedad cumpliendo con el artículo 47 de la ley 22.248, siendo aplicable al caso la solución del artículo 52 de la misma ley, dado que la demandada no ha rescindido el contrato de trabajo que los unía, sino que el trabajador renunció a su trabajo para acogerse a los beneficios de la jubilación por inva-lidez, no dándose por ello el supuesto del artículo 71.-
A su turno, el Juez de Primera Instancia rechazó la demanda e impuso las costas al actor (confr. fs. 110/113 vta.).-
Apelado que fuera tal pronunciamiento, el mismo fue confirmado por la Excma. Cámara de Apelaciones (sentencia de fs. 124/127 vta.).-
Allí dicho Tribunal sostuvo que la relación laboral entre las partes se encuentra regida por el régimen del empleo agrario, al cual no le son aplicables las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo de conformidad a lo establecido por el art. 2º de dicho cuerpo legal. R., también, que “...Siendo entonces las notas características del Régimen Nacional del Trabajo Agrario la especialización y la auto-suficiencia, esta última particularidad, implica la imposibilidad de aplicar al ámbito regulado por el estatuto rural, las normas de la Ley de Contrato de Trabajo...” (confr. fs. 126 vta.).-
Se consideró -en esencia- que el beneficio reclamado está supe-ditado a que el trabajador no renuncie a su trabajo, como lo hizo el actor, sino que el contrato debe ser rescindido por el empleador.-
Contra la sentencia de la Alzada dedujo el actor recurso de casa-ción (fs. 133/135), agraviándose de que se ha violado el artículo 18 de la Constitución Nacional al no haberse aplicado el plexo normativo adecuado al caso constituido, a su entender, por los artículos 14 bis y 16 de la Ley Suprema, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Ley Nacional Antidiscriminatoria. Dice que dichas normas por ser de rango superior tienen prioridad sobre la ley 22.248, y dado que esta última contradice los principios sentados en las primeras, la cuestión debió decidirse en base a aquéllas. Aduce que el fallo carece de fundamentación suficiente, pues al negar la indemnización reclamada, ignora principios fundamentales presentes en el caso, y que se ha aplicado en forma dogmática la ley 22.248 sin analizar para nada los argumentos de tipo constitucional, siendo que la obligación primera del juzgador es analizar la norma a la luz de la Constitución. Para concluir, alega que la exigencia, que impone el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, que la indemnización por incapacidad perma-nente está supeditada a que no renuncie a su trabajo, no existe en la Ley de Contrato de Trabajo, la cual le concede a todo trabajador, sin importar si el vínculo se ha extinguido por despido o por renuncia (art. 212). Por ello, dice, que viola el principio de igualdad ante la ley, consagrando una discriminación del trabajador rural con el resto de los trabajadores a quienes se les reconoce derecho a indemnización en casos de incapaci-dad. Al respecto expresa que “...una interpretación contraria a la aplicabilidad del art. 212 de la L.C.T. para los trabajadores rurales, significaría violación de la Ley 23592 (denominada antidiscriminatoria), en cuanto no habría en el caso el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías de la Constitución Nacional en su texto reformado en 1994, puesto que la condición social del trabajador rural, lo priva del beneficio que poseen todos los trabajadores ‘no rurales’...” (confr. fs. 133 vta.).-
La Excma. Cámara denegó la concesión del recurso por sentencia interlocutoria de fs. 143/148, accediendo el impugnante a la instancia
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA