Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 17-10-2011

Fecha de Resolución:17 de Octubre de 2011
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-1.719/10-TSJ
Sentencia N°: 528
Actor: VILLAFAÑE ROBERTO TULIO
Demandado: SERVICIOS ASISTENCIALES MINEROS S.A. Y OTRO
Objeto: LABORAL
Fecha: 17-10-11
Texto: TOMO XV – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 528
FOLIO Nº 2.962/2.968
PROT. ELECT. TSS1 022 S.111
Río Gallegos, 17 de octubre de 2011.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “VILLAFAÑE ROBERTO TULIO c/ SERVICIOS ASISTENCIALES MINEROS S.A. Y OTRO s/ LABORAL”, Expte. Nº V-19.501/03 (V-1.719/10-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y,
CONSIDERANDO:
I.- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para dar tratamiento al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 618/624 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 610/614, fundado en “…la errónea aplicación de la ley y el absurdo en la valoración de la prueba…” (confr. fs. 618); solicitando que este Alto Cuerpo “…deje sin efecto la Sentencia en crisis, confirmando el contenido del Decisorio dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia en todo lo relativo a la inexistencia de la causal de despido invocada, las diferencias de haberes y la indemnización prevista en el art. 80 LCT…” (confr. fs. cit.). En tal sentido, señala que en la sentencia emanada de la Excma. Cámara “…existen varios puntos controversiales sujetos a dilucidación judicial, mereciendo cada uno de ellos tratamiento separado, y que seguidamente enumero: a) Existencia de abandono de trabajo que justifique el despido del actor; b) Funciones que desempeñaba el actor y diferencias de haberes; c) Indemnización del art. 80 LCT por omisión de entrega del certificado previsto en dicha norma; Es bajo esta trilogía que se estructuran los agravios de esta parte, cuya entidad entiendo suficiente como para conmover la instancia del recurso de casación…” (confr. fs. 619 vta.).-
Al explicar su primer agravio, referido a la causal que justifica el despido del actor por haber incurrido en abandono de trabajo, pone de manifiesto que es “…aquí donde reside el primer absurdo jurídico en la valoración de la prueba en que incurre el Órgano de Alzada…” (confr. fs. 620). Dice, que el fundamento de la Excma. Cámara está sostenido en que -del intercambio epistolar- surge que hubo una intimación previa al despido que la empleadora le cursó al accionante para que se presentase a trabajar y que no fue cumplida por el trabajador. Contra ese razonamiento, el recurrente alega que la intimación “…fue rechazada por esta parte. Ante esta situación, sin embargo, la empleadora no hizo efectivo el apercibimiento en cuestión, y tampoco ejerció el derecho de control que le otorga el art. 210 LCT. De este modo, no sólo se consintió la continuidad del impedimento de salud del actor, sino que además quedó sin efecto el apercibimiento en los términos del art. 244 LCT…” (confr. fs. cit.). Agrega que “…un mes después del apercibimiento recién mencionado, la empleadora remitió un nuevo telegrama, pero que ya contenía un apercibimiento en los términos del art. 244 LCT, en razón que no otorgaba ‘el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso’, sino que se limitaba a requerirle presentarse a fin de otorgarle tareas administrativas y justificar inasistencias...” (confr. fs. cit.). En esa línea de razonamiento, destaca que “…existen dos situaciones claramente diferenciadas, que desafortunadamente la Alzada ha confundido. La situación Nº 1 es la que resulta de la carta documento de la empleadora de fecha 16/10/01, que contiene una intimación encuadrada en el art. 244 LCT, que otorga un plazo de 24 horas (por demás exiguo, cabe mencionar), intimación que fuera rechazada por el actor. Al no haber hecho efectivo la empleadora en tiempo razonable el apercibimiento allí establecido, el mismo quedó sin efecto. La situación Nº 2 es la que se origina a partir de la carta documento de la empleadora de fecha 10/11/01. Esta nueva situación es fundamentalmente diferente de la recién comentada. En primer lugar, porque como dijimos, se produjo un mes después que aquélla. Pero además, porque la intimación no contenía el apercibimiento del art. 244 LCT, al carecer de plazo para la reincorporación, lo que deja sin sustento la premisa de que parte la Alzada para hacer lugar al recurso de las demandadas…” (confr.. fs. 620 y vta.). Asimismo, expresa que “…la Alzada ha elaborado esta ‘integración’ de los hechos en forma contraria a los intereses del trabajador… ya que, si la existencia de los requisitos necesarios para tener por configurado el abandono de trabajo era dudosa, la Excma. Cámara debió resolver de acuerdo a lo establecido en el art. 9º LCT, y principalmente el nuevo párrafo segundo, agregado pro (sic) la ley 26.428 (B.O. 26/12/2008), y que ya estaba en vigencia al momento del dictado de la sentencia en crisis…” (confr. fs. 620 vta.). Y agrega que también “…agravia a esta parte que se rechace la demanda por considerar que el caso no se encuadra en los supuestos de los arts. 208 y 213 LCT. No puede razonablemente afirmarse que este simple hecho pueda llevar a la Alzada a interpretar que, por ello, se ha configurado el abandono de trabajo, cuando el actor no ha sido debidamente intimado en los términos del art. 244, al no habérsele otorgado el plazo razonable allí exigido. Con este razonamiento, se está transformando en letra muerta el requisito del plazo razonable, sin siquiera haberse planteado su inconstitucionalidad. En otras palabras, la Excma. Cámara enuncia una conclusión, pero omite motivarla debidamente, elaborando una interpretación arbitraria de los hechos probados en perjuicio de mi mandante…” (confr. fs. 620 vta./621). Al tratar su segundo agravio, la recurrente afirma que “…la arbitrariedad de la sentencia de la Alzada y de la absurda valoración de las pruebas aportadas, son igualmente aplicables a lo relativo a las funciones que desempeñaba mi mandante y, en consecuencia, a las diferencias de haberes reclamadas. Obsérvese que las demandadas no han acreditado que la actora cumpliera sólo “tareas generales”, mientras que los testimonios aportados por los testigos ofrecidos por esta parte han dejado claro que el señor Villafañe tenía funciones de chofer de colectivo, a la vez que las tareas fueron corroboradas por el testigo Ansaldi, propuesto por la contraparte. De modo que, nuevamente, debió apreciarse el caso a la luz de las pruebas colectadas en autos y, en todo caso, del nuevo art. 9º LCT, lo que amerita la revocación de la sentencia en crisis…” (confr. fs. 622 y vta.). Con relación al tercer agravio, afirma que la Excma. Cámara omitió pronunciarse sobre “…la legitimidad de la concesión por el Sr. Juez de Grado de un nuevo [plazo] a la patronal para entregar el Certificado de Remuneraciones y Servicios previsto por el art. 80 de la L.C.T. (t.o. Ley Nº 25.345), sin imponer la multa de ley a pesar de estar acreditado el cumplimiento por el trabajador de los requisitos impuestos por el Decreto Nº 146/01 (sic)...” (confr. fs. 622 vta.). Y en el sentido expuesto, destaca que “…para detrimento de los derechos de las partes en juicio a obtener un pronunciamiento positivo, la Sentencia dictada por el ad quem se alza en franca violación a lo establecido por el art. 16 del Código Civil; y a los arts. 164, inc. 6º, y 165 del C.P.C. y C…” (confr. fs. cit.). Ello, dice, “…hace viable el recurso, aún cuando se trate del análisis de una cuestión de derecho común, porque están en juego garantías tan caras a nuestra Carta Magna como aquellas que resguardan el derecho de propiedad y al debido proceso legal (arts. 17 y 18, Constitución Nacional)…” (confr. fs. 623). Agrega que “…la Sentencia en crisis resuelve citra petita de todos aquellos puntos que fueron materia de agravio por las partes, lo que irrita al principio de congruencia que debe informar a todo pronunciamiento jurisdiccional de esta naturaleza… La capital omisión de la cual adolece el Decisorio en crisis provoca irremediablemente su nulidad por alzarse en flagrante contradicción con el art. 34 inc. 4º de la Ley Procedimental Civil y Comercial, y vulnerar la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional…” (confr. fs. cit.). Por último, se agravia por la condena en costas de la que ha sido objeto en la resolución recurrida al considerar “…que la demandada también fue vencida en su pretensión de integrar un falso hecho nuevo, y en honor al principio objetivo de la derrota en juicio, agravia a mi mandante la condenación en costas allí resuelta…” (confr. fs. 624). Hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de casación interpuesto.-
Que, puestos los autos a disposición de las partes en los términos del art. 8º de la ley 1687 -Recurso de Casación- ninguna de las partes ha hecho uso de ese derecho, conforme surge de la certificación actuaria de fs. 693.-
Que, a fs. 694/695, toma debida
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