Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 19-09-2017

Fecha de Resolución:19 de Septiembre de 2017
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2009/15-TSJ
Interlocutorio N°: 616.-
Actor: OROPLATA S.A.
Demandado: SECRETARÍA DE ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Objeto: S/ MEDIDA CAUTELAR
Fecha: 19-09-2017
Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 616
FOLIO Nº 3541/3547
PROT. ELECT. TSS1 012 S.171
Río Gallegos, 19 de septiembre de 2017.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “OROPLATA S.A. C/ SECRETARÍA DE ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL S/ MEDIDA CAUTELAR”, Expte. Nº O-15.311/13 (O-2.009/15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
CONSIDERANDO:
I.- Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado a fs. 93/102 vta., por la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 70/73, la cual hace lugar al recurso de apelación presentado por la actora, autorizándola “…a sustituir el pago de la multa discutida por una póliza de caución emitida por entidad de primera línea por el importe de la misma, con más un 15% para gastos causídicos, haciendo saber a la demandada que debe conceder los recursos interpuestos bajo caución, dentro de las 48 hs. elevando al Magistrado con competencia los autos a los fines de su inmediato tratamiento.” (cfr. foja 73).-
II.- El caso. A fs. 26/43 comparece Oroplata S.A. a través de su letrado apoderado, Dr. Enzo Otalora, solicitando “…se decrete una medida cautelar en los términos de los artículos 196, 197 y 233 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz (Código Procesal) y 121 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), mediante la cual se autorice a OPSA a ejercer su derecho de recurrir la multa impuesta por la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social…mediante la Resolución Nº 589 S.E.T. y S.S./2013, y las que se le impongan en el futuro…mediante la presentación en las actuaciones pertinentes de una póliza de seguro de caución, emitida por una compañía de seguros de primera línea y a favor de la Secretaría de Trabajo, que cubra el valor de la sanción económica impuesta, permitiéndole así a mi mandante ejercer el derecho de defensa frente a la sanción pecuniaria sin tener que efectuar el desembolso previo de la multa.” (cfr. foja 26).-
A foja 44 se resuelve que “Atento lo peticionado, y de conformidad con lo expresamente normado por el art. 66 (T.D. s/ Decreto Nº 418/97) de la Ley de Procedimiento Administrativo en lo Laboral Nº 2450, que en su parte pertinente dispone: ‘…Tratándose de multa, el recurso sólo se concederá previo pago de la misma… El recurso debe deducirse y fundarse ante la autoridad administrativa laboral que impulsó o notificó la sanción…’. En virtud de ello, entiende la suscripta que no resulta ésta la vía pertinente y que en su caso, sus pretensiones debieron ser interpuestas ante la Autoridad Administrativa, por lo que a lo solicitado no ha lugar por improcedente.”.-
Ante esto, Oroplata S.A. interpone recurso de apelación a fs. 45/60, el cual es resuelto a fs. 70/73 por la Excma. Cámara de Apelaciones. En dicha resolución la ad quem expresa que “Una ley provincial no puede eludir las garantías constitucionales y convencionales de un acceso a la justicia y ésta debe buscar el remedio. Ya sea concediendo lo solicitado y haciendo saber a la Secretaría que debe conceder el eventual recurso o bien dándole el trámite que sea para dar al contribuyente un recurso efectivo…si son exactos los extremos denunciados por el accionante. Del relato surge que siguiendo el procedimiento de la ley no se elevaron los autos al juez. Por ello se entiende que es hora que la justicia debe intervenir en cumplimiento de las [sic] garantía de acceso a la justicia y obtener un amparo contra los actos que violen sus derechos fundamentales. No es razón para negar el amparo de la justicia que ‘no sea técnicamente’ la vía pertinente.” (cfr. foja 72). Por lo que decide hacer lugar al recurso incoado y autorizar “…a la peticionante a sustituir el pago de la multa discutida por una póliza de caución emitida por entidad de primera línea por el importe de la misma, con más un 15% para gastos causídicos, haciendo saber a la demandada que debe conceder los recursos interpuestos bajo caución, dentro de las 48 hs. elevando al Magistrado con competencia los autos a los fines de su inmediato tratamiento.” (cfr. foja 73).-
III.- A fs. 93/102 vta., se presenta la demandada a través de su letrado, Dr. Luis María Della Rosa e interpone recurso de casación. Expresa que “…en virtud de lo dispuesto por el art. 208 CPCC, se solicita se oficie la caducidad de pleno derecho de la medida cautelar ordenada y hecha efectiva en los presentes actuados, pues la parte solicitante no ha dado constancias de iniciar…demanda principal hasta el día de la fecha, cuando se cumplen los diez (10) días siguientes al de la traba de la cautelar mencionada, solicitando la imposición de costas y daños y perjuicios causados a cargo de quien obtuvo la medida.” (cfr. foja 93 vta.). En relación al recurso de casación afirma que “…de acuerdo con la jurisprudencia predominante en nuestros Tribunales, la sola probabilidad de la irreparabilidad del perjuicio causado, por pequeña que sea, basta a los efectos de habilitar las vías recursivas de naturaleza extraordinaria, aún cuando no se trate de sentencias que pongan fin al proceso. En virtud de lo expuesto, el interlocutorio dictado donde se hace lugar a la cautelar solicitada, afecta seriamente el normal desenvolvimiento de la recaudación fiscal por parte de la Provincia, situación que se verá agravada en el futuro, si en similares circunstancias se promueven cautelares autónomas y anticipadas a fin de disolver el principio solve et repete.” (cfr. foja 95). Al respecto también manifiesta que la sentencia en crisis viola la doctrina legal sentada por este Tribunal respecto del principio solve et repete, citando jurisprudencia (conf. foja 95 y vta.).-
Por otro lado, alega “…la errónea imbricación que realiza el interlocutorio recurrido de la mencionada norma con el principio solve et repete, puesto que considera que la aplicación del mentado principio veda a la actora -OroyPlata SA- (sic) la recurrencia a la vía judicial.” (cfr. foja 97).-
Expresa “…nótese en el énfasis que el fallo de la Cámara, en un proceso no contradictorio, cree firmemente en el relato de la peticionante, sin exigir la menor prueba de su andamiaje sustantivo, y haciendo valer como documentos públicos meras copias simples acompañadas por la actora.” (cfr. foja 98).-
Seguidamente afirma que “…las referencias a la tutela judicial efectiva, al acceso a la jurisdicción, al principio solve et repete, etc., no se vinculan con el asunto que se debate…la resolución de la jueza de grado…que concibió la improcedencia de la acción para el objetivo buscado. A decir verdad, no se vinculó en concreto el fallo citado con el asunto a decidir, pues OroyPlata SA (sic) pudo libremente discutir la multa sin necesidad de abonarla previamente. La razón por la cual no condujo la discusión al extremo autorizado por la ley -revisión judicial del acto administrativo- es sólo conocida por Oroyplata SA (sic) y
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