Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 29-04-2016

Fecha de Resolución:29 de Abril de 2016
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Única Expte. N°: M-714/12-TSJ
Sentencia N°: 1014
Actor: M.M.O.
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Fecha: 29/04/16
Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1014
FOLIO Nº 3116/3138
PROT. ELECT. TSS1 014 C.161

En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 29 días del mes de abril de dos mil dieciséis, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, D.. E.O.P., A. de los Á.M., P.E.L.C. y el Sr. Vocal S., Dr. D.N.F., bajo la presidencia a cargo del Dr. D.M.M. para dictar sentencia en los autos: “MONSALVO MARIO OMAR C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº M-714/12-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. E.O.P., 2º) Dra. P.E.L.C., 3º) A. de los Ángeles M., 4º) Dr. D.M.M. y 5º) Dr. D.N.F.; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión el Dr. P. dijo:
I.- Que, a fs. 21/29 vta., M.O.M., con el patrocinio letrado del Dr. E.E.S., promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Santa Cruz, pretendiendo se decrete la nulidad del Decreto N° 1321 del 26 de junio de 2012 -mediante el cual se lo declaró cesante por transgresión al artículo 11 incisos 10) y 11) del Decreto N° 2091/72, Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (en adelante RRDP) y artículo 28, inciso k) de la Ley N° 746- y la reincorporación en la institución policial.-
Relata que por decisión unánime de la plana mayor de la policía se le encomendó la tarea de realizar un diagnóstico para conocer la situación en la que se hallaba la institución. A tal efecto se lo asignó al Departamento de Operaciones Policial y, aunque nunca se le asignaron recursos, comenzó a realizar la tarea encomendada mediante la realización de una serie de encuestas a niveles de Comisarios, luego a O., S. y finalmente a los Agentes.-
Sostiene, que dichas entrevistas, le permitieron ver “…el alto grado de precariedad de las condiciones laborales del personal policial, la ausencia total de equipamiento, de planificación logística y tecnológica, como así también la multiplicidad de abusos a los que eran sometidos mis compañeros, mediante la exacerbación de la aplicación del reglamento disciplinario, seguido de una falta de contención y una multiplicidad de factores que convertían a la policía en un objeto oscuro e irracional que no sólo impedía a nuestro personal la posibilidad de proyectar su porvenir sino que al mismo tiempo privaba a la sociedad toda del derecho a la seguridad. Junto con ello, la ausencia de planificación, de capacitación, el déficit doctrinario y normativo, el alto grado de precarización laboral, los magros salarios, los acosos sexuales, los abusos laborales y la multiplicidad de casos que, a mi juicio, constituían una pócima letal susceptible de desencadenar desenlaces traumáticos… Prosigo con las investigaciones, siempre en base a encuestas detectando que no solo se incrementaba el delito, sino que dentro de la estructura policial se cometían aberrantes vejaciones y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores policiales, especialmente en la escuela de policía, donde hasta la fecha se mantiene un régimen militarizado de formación, basado en prácticas de orden cerrado, totalmente nocivo, no solo para el futuro sujeto policial, sino también para la sociedad toda…” (cfr. fs. 21 vta.).-
Narra que en virtud de los resultados obtenidos envió a sus superiores sendos informes preliminares donde daba cuenta de la necesidad de tomar medidas y que este hecho motivó, a su entender, que comenzara a sufrir mecanismos encubiertos de castigo tales como el cambio de destino, pasando del Departamento de Operaciones a la División Servicio Social, se le quitaron los dos ayudantes que tenía para la realización de las encuestas y se le comunicó que la labor de diagnóstico no era necesaria; se le dieron funciones de ayudante de jefe de guardia o como ayudante de administrativo bajo las órdenes de personal subalterno en la División de Servicio Social.-
Expone que a raíz de las entrevistas que había realizado comenzó a recibir denuncias, de parte del personal policial, de acoso sexual, acoso laboral, pedidos de ayuda ante la arbitrariedad de los superiores, casos de corrupción, actos de discriminación, todo debido a que el temor y el hermetismo de la estructura policial impedía a quienes los sufrían encausar sus denuncias por una vía legal.-
Explica que ante ese panorama decidió no escudarse en la indiferencia, sino que informó todo ello a sus superiores. Al no obtener resultado alguno, no le quedó, a su entender, otra alternativa que recurrir a los medios de prensa para dar a conocer un estado de cosas que merecía la consideración pública.-
Afirma que “…tras la primera entrevista concedida al diario Tiempo Sur, el C.I.C. me informa que el J. de Policía quería saber por qué había hecho esas declaraciones, cuáles eran mis motivaciones, mis finalidades y que con ello no hacía otra cosa que desprestigiar a la institución; lo cual era todo lo contrario de mi verdadera intención que estaba dirigida a que se tome conciencia y se modifique una realidad que daba cuenta por ejemplo que la policía contaba a ese momento con más de un 60% de funcionarios que no se encontraban aptos para desempeñarse como tales, con graves problemas psicológicos en muchos casos y que incluso a muchos de ellos no se les había efectuado test elementales previo a su ingreso; por lo que efectué un par de entrevistas radiales más solicitándole a la sociedad, a los sectores políticos y al propio gobierno que intervenga para evitar desenlaces traumáticos…” (cfr. fs. 22 y vta.).-
Sostiene, que como consecuencia de esas entrevistas se iniciaron, en su contra, actuaciones administrativas y se lo suspendió conforme al artículo 105 del RRDP el 16 de marzo de 2011. Que fue convocado a declarar en dicho sumario el 27 de abril de 2011, sin que se le dieran a conocer cuales eran los hechos que se le imputaban, tampoco se le informó cual era la prueba que se había receptado y se le negó la posibilidad de tomar vista del expediente, violando las reglas del debido proceso. Dice que ante estas irregularidades que violan la garantía de defensa en juicio plantea la nulidad de las referidas actuaciones.-
Continúa expresando, que mediante el Decreto Nº 1321/12 se declaró su cesantía por considerar que las declaraciones que había efectuado en diversos medios de comunicación configuraban una falta grave de acuerdo a lo previsto en el artículo 11, incisos 10 y 11 del RRDP y artículo 28, inciso k) de la Ley Nº 746.-
Refiere, que luego del dictado del Decreto Nº 1321/12, la situación de deterioro de la fuerza policial derivó en la autoconvocatoria policial que involucró a más de 3.000 de los 4.000 efectivos que en total componen la policía provincial, reclamando la solución y modificación de diversas cuestiones postergadas todas ellas, argumenta, relacionadas con el diagnóstico que dio a conocer en su momento. Dice que con relación a los abusos en la estructura policial se han plasmado más de 40 denuncias ante la Secretaría de Derechos Humanos.-
Señala, que el Gobernador de la Provincia puso de manifiesto la validez del reclamo y la necesidad de cambios en la institución, lo cual quedó reflejado en el Acta Acuerdo refrendada por la máxima autoridad de la provincia, sobre el conflicto policial, y que fue posteriormente ratificada mediante el Decreto N° 1450/12, donde queda expresamente establecida la necesidad de un cambio paradigmático en la institución policial. Y agrega que “…en una reciente reunión, el Sr. Gobernador pidió que le sea presentado un ante proyecto de Ley de Seguridad Pública Provincial, con el objeto de humanizar y democratizar la policía. Incluso el propio J. de Policía, a través de la Disposición n° 1147-D1/12 de fecha 20 de septiembre de 2012 refiere expresamente que ‘las leyes, decretos y reglamentos que rigen la vida institucional con la conducta de los funcionarios policiales, datan de hace treinta años atrás, requieren ser modificadas conforme a derecho y las garantías reconocidas en nuestra Constitución Provincial, Nacional y los convenios internacionales’” (cfr. fs. 23 y vta.).-
Denuncia irregularidades en la sustanciación del sumario administrativo labrado en su contra ya que, dice, no se le permitió ejercer en plenitud el derecho de defensa (conf. fs. cit.). Puntualiza, que no se le notificó oportunamente su inicio, no se determinaron con precisión los hechos que se le imputaban, se le impidió acceder a la totalidad de las actuaciones antes de formular su descargo, no se le hizo lugar a distintos medios de prueba que ofreció (conf. fs. 23 vta./24). Por ello, pide que se decrete la nulidad de todo lo actuado en dicho expediente por la inobservancia del principio de defensa en juicio y debido proceso (conf. fs. 24).-
Seguidamente, cuestiona el Decreto Nº 1321/12, el cual, a su entender, adolece de falta de fundamentación “…porque es evidente que el citado instrumento legal no se ha sustentado en los hechos y antecedentes obrantes en el sumario administrativo, ni ha brindado razones plausibles para justificar la grave sanción disciplinaria que se me aplica” (cfr. fs.24). Añade que, en modo alguno puede extraerse de las expresiones que vertiera a los medios de prensa intencionalidad de afectar el prestigio o la disciplina de la institución. Sostiene que del detenido análisis de las entrevistas que brindó, surge la intención de contribuir al mejoramiento del sistema de seguridad pública y la adecuación del mismo al orden democrático de gobierno (conf. fs. 25).-
Considera, que la información que dio a conocer no revestía el carácter de secreta o
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