Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 08-03-2012

Fecha de Resolución: 8 de Marzo de 2012
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
 
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PROVINCIA: SANTA CRUZ
LOCALIDAD: RIO GALLEGOS
FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SECRETARIA: PENAL
INSTANCIA: TERCERA
INTERLOCUTORIO Nº:012
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA:08/03/12

AUTOS: “ARANDA RAMÓN S/SECUESTRO CALIFICADO ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR EL VÍNCULO Y DESOBEDIENCIA TODO EN C/R ENTRE SI Y ANIS HECTOR SEBASTIÁN S/SECUESTRO CALIFICADO”, Expte. Nº 3707 (A-686/11/T.S.J.)

Río Gallegos,08 de marzo de 2012.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “ARANDA RAMÓN S/SECUESTRO CALIFICADO ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR EL VÍNCULO Y DESOBEDIENCIA TODO EN C/R ENTRE SI Y ANIS HECTOR SEBASTIÁN S/SECUESTRO CALIFICADO”, Expte. Nº 3707 (A-686/11/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
CONSIDERANDO:
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación articulado a fs. 531/537 por el Defensor Oficial contra la sentencia obrante a fs. 495/511 dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, que lo condenó a RAMÓN ARANDA a la pena de VEINTE (20) años de prisión con más accesorias legales y costas del proceso (arts. 12, 29 inc. 3º, 40 y 41 del C.P.) como autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, desobediencia y violación calificada -todos en concurso real- (arts. 142 bis inc. 2º y , 239, 119, párrafo 1º en función del 3º párrafo inciso b) y 55 del Código Penal) y condenándolo como autor penalmente responsable de los delitos de hurto de ganado menor en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves (causa 3360 y su acumulada 3444), en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada, desobediencia y violación calificada.-
Que, la vía impugnativa es concedida por el Tribunal Oral a fs. 547/548, y mantenido en esta instancia con la presentación efectuada a fs. 556.-
II.-) Que, los motivos expuestos por el defensor de Aranda para concurrir en casación: "...por haber incurrido en grave inobservancia de las normas contenidas en el Código de Rito (art. 439 inc. 2º), más específicamente, por incumplimiento del deber de motivar en forma suficiente la sentencia...falta esta que, según lo prevé el art. 387 inc. 2º del CPP determina la nulidad de la misma como así también por errónea aplicación de la ley sustantiva...".-
Asimismo agregó que, "...así las cosas y en derivación lógica a lo antes mencionado (falta de fundamentación respecto a la certeza probatoria)... es que se arriba a una errónea aplicación del derecho material, al considerar este Ministerio Público que claramente no existe andamiaje posible donde sustentar el inc. b (del art. 119 del CP), el cual agravaría el monto de la pena para mi defendido... en virtud de que existe una imposibilidad de subsunción del hecho, bajo el tipo legal en tratamiento, o sea que al no existir materialización de lo requerido por el art. 119 tercer párrafo, no sería posible aplicar el inc. b, ya que el mismo es viable ante la existencia del mencionado tercer párrafo...".-
Manifestó que "...se solicita la impugnación de la sentencia atacada por Falta de Fundamentación de la pena aplicable, al observarse la falta total respecto a las circunstancias y motivos que condujeron al tribunal a imponer dicho monto punitivo...".-
Finalizó manifestando que "...tal como se expresó, surge de autos una clara violación de las garantías constitucionales del Debido Proceso y Defensa en Juicio (art. 18 C.N.), dejo desde ya planteada la Cuestión Federal, haciendo expresa reserva -ante el hipotético caso de que no prospere el planteo articulado- de concurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del Recurso Extraordinario por Arbitrariedad de Sentencia (art. 14, Ley 48)...".-
A continuación solicitó "...al Tribunal Superior de Justicia: se declare procedente el Recurso de Casación interpuesto y, previo a los trámites de rigor, case el fallo atacado por inobservancia de normas procesales (art. 448, siguientes y concordantes, del Código Procesal Penal) declarando la nulidad del mismo (art. 454 del Adjetivo)...".-
III.-) Que, este Alto Cuerpo ingresará al tratamiento de los motivos expuestos por la defensa en su presentación casatoria, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el sentido que “...La interpretación del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional...” (“Casal, Matías E. Y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005).-
Que, en igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia misma del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (CIDH "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02/07/2004).-
En resumen, cabe decir que por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación; es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.-
Es dentro de este contexto donde corresponde analizar los argumentos esgrimidos por la recurrente.-
IV.-) En este sentido, para atender adecuadamente los agravios, es necesario realizar una descripción sobre los hechos asumidos en el fallo que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto de reproche al imputado.-
Así las cosas, se le reprocha a Ramón Aranda, que "...el día 14 de junio de 2008, siendo aproximadamente las 20.30 hs., habiendo acordado previamente el pago de una suma de dinero, encarga a dos sujetos del sexo masculino, a los que les facilita un arma de fuego a fin de interceptar en la vía pública y retener a P.G.A. y una vez inmovilizada, en inmediaciones de las calles Gobernador Moyano y Perito Moreno de la localidad de El Calafate, el imputado se hace presente conduciendo su automóvil marca Renault 18 Break y la suben a la parte trasera del mismo, atándola de pies y manos con un cinturón y una prenda de vestir y la ocultan tapándola con una manta, para luego, una vez descendidos del vehículo los sujetos que la interceptaron, proseguir viaje por la ruta conduciendo Ramón Aranda con P.G.A. inmovilizada en la parte de atrás en dirección a la estancia "La Siberia" jurisdicción de Tres Lagos. Una vez arribados al lugar, avanzada la madrugada, Ramón Aranda la hace descender e ingresar a una vivienda deshabitada y sobre un colchón tirado al piso, procede a realizarle tocamientos en sus pechos contra su voluntad y la accede vía vaginal, eyaculando sobre su abdomen. Ramón Aranda permanece hasta la tarde del día siguiente 15 de junio, con P.G.A. retenida en su poder, hasta que personal policial de la Sub Comisaría de Tres Lagos se acerca al lugar, logrando escapar el imputado Aranda. Todos estos hechos los cometió en violación a la restricción de acercamiento ...".-
Ante la plataforma fáctica de mención, la defensa se agravia sosteniendo que:1) La sentencia carece de la debida fundamentación y por lo tanto resulta ser de aplicación la doctrina de la arbitrariedad; 2) No se encuentra probado el acceso carnal, compartiéndose el voto de la minoría; y 3) Arbitrariedad de la pena por carecer de la debida fundamentación.-
V.-) Teniendo en cuenta los agravios defensivos, corresponde efectuar algunas consideraciones generales en relación a los principios rectores tanto de la fundamentación de los fallos judiciales, como así también la valoración probatoria.-
En este sentido, la obligación legal que impone a los jueces la necesidad de fundamentar y motivar, las resoluciones judiciales, no sólo surge de la carta magna como una derivación del principio republicano de gobierno, sino que también del ordenamiento procesal (arts. 123, 381 y 387 del Código Procesal Penal).-
A mayor abundamiento sobre el tema, cabe precisar que: La Constitución Nacional no exige expresamente la necesidad de motivar las sentencias, pero ella surge claramente del contexto de sus disposiciones. En efecto, la interpretación armónica de los preceptos constitucionales que vedan toda condena "sin juicio previo" -exigencia que implica un pronunciamiento jurisdiccional terminal y definitivo de un proceso regular y legal- "fundado en ley anterior al hecho del proceso", sí lleva tal conclusión. Esta garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno, impone la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para dictar sus sentencias y facilita el control de la actuación judicial por el pueblo, de quien en definitiva emana la autoridad. Sin duda alguna, la exigencia de motivar responde al propósito de que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre. "Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente" (conf. Gavier; Ernesto R., "La motivación de las sentencias", en Comercio y Justicia, 15 y 16 de octubre de 1961).-
Suficientemente ilustrativo, resulta ser en tal aspecto, el distinguido procesalista Julio B.J. Maier quien sostiene "...existe, en nuestra doctrina jurídica y en nuestra jurisprudencia, la tendencia definida a afirmar
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